La fiscal de Delitos Económicos de Madrid administra una empresa de "tenencia de valores"

Fiscal y empresaria al mismo tiempo. Esa es la situación de Manuela Fernández Álvarez, fiscal de Delitos Económicos de Madrid y administradora de la empresa Claudinova SL, tal y como prueban los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre. La fiscal no ha querido responder a las preguntas de este periódico sobre su actividad y patrimonio (puedes consultar las cuestiones planteadas al final de este artículo).

La sociedad fue constituida el 2 de marzo de 2021 y tiene su sede en el domicilio particular de la fiscal. Con un capital de 10.000 euros, Manuela Fernández Álvarez es socia y administradora única. En la escritura pública de constitución de la compañía se hace referencia expresa a que la fiscal declaró que no era incompatible para ejercer el puesto de administradora: “La nombrada, presente, acepta su cargo y manifiesta no estar incurso en las incompatibilidades y prohibiciones a que se refieren las leyes relacionadas anteriormente”.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 57.8, establece que el ejercicio de fiscal es incompatible “con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género”. Los fiscales sí pueden administrar, a través de una sociedad mercantil, su patrimonio personal o familiar.

El objeto social de Claudinova SL, tal y como se detalla en la escritura de constitución, es “la tenencia de valores (fondos de capital riesgo) y la compraventa y arrendamiento de inmuebles”. Una actividad que sin duda no es desconocida para Manuela Fernández Álvarez, dado que está especializada en la persecución de delitos económicos.

Manuela Fernández Álvarez optó, en octubre de 2020, a una de las ocho plazas abiertas para incorporarse a la Fiscalía Anticorrupción. La entonces fiscal general, Dolores Delgado, no la propuso para el cargo. En la votación que se produjo en el Consejo Fiscal, Manuela Fernández Álvarez contó con el apoyo de los cinco vocales que tenía en aquel momento la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Fuentes de la UPF indicaron a infoLibre que la fiscal no figura entre sus asociadas.

Este periódico preguntó al fiscal general del Estado, Álvaro García, si tenía conocimiento de que Manuela Fernández Álvarez administra una sociedad mercantil y si entiende que dicha actividad es incompatible con el cargo de fiscal. Su portavoz no respondió a dichas preguntas, “porque afectan a datos personales que no podemos hacer públicos”. En todo caso, dicha portavoz se remitió al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para saber cuáles son las actividades incompatibles y aclaró que es el Consejo Fiscal quien “tiene atribuidas en exclusiva las declaraciones de compatibilidad”. Por último, indicó que “realizar una actividad incompatible es objeto de sanción disciplinaria”.

Un patrimonio considerable

La fiscal de Delitos Económicos de Madrid ha incrementado su patrimonio de forma considerable durante los últimos años.

En enero de 2017, adquirió a medias con su marido un piso de 308 metros cuadrados en el barrio de Recoletos en Madrid, que es el más caro de España. De acuerdo con los mapas de valores publicados por el Ministerio de Hacienda, el precio medio en la zona donde tiene su piso la fiscal es de 8.000 euros el metro cuadrado. El valor de mercado del inmueble sería de 2,46 millones de euros.

Cuando lo adquirió, hace casi seis años, el matrimonio recibió un préstamo hipotecario de un millón de euros con un plazo de devolución de veinte años. En aquel momento, el piso fue tasado para subasta en 1,59 millones.

En octubre del año pasado, la fiscal y su esposo acordaron donar la nuda propiedad del piso a su hija, mientras que ellos se quedaron con el usufructo “universal, vitalicio y simultáneo” del inmueble. Además, fijaron una limitación de disposición puesto que la donataria no puede enajenar, gravar o de cualquier otra forma transmitir la nuda propiedad, salvo con el consentimiento expreso de sus padres.

Un mes antes, en septiembre de 2021, Manuela Fernández Álvarez y su marido adquirieron una vivienda unifamiliar en Málaga, que tiene una superficie construida de 316 metros cuadrados y cuenta con una parcela de 1.144 metros. En la zona de jardín dispone de una piscina de 34 metros. Está situada en la zona de los Jardines de San Antón. La fiscal adquirió el 80% de la propiedad, mientras que su marido compró el 20% restante.

Los compradores recibieron un préstamo por importe de 850.000 euros y un plazo de devolución de 15 años. La vivienda fue tasada para subasta en 1,18 millones.

Por tanto, tomando como referencia las tasaciones realizadas para recibir los préstamos hipotecarios, el valor de la parte de los inmuebles que pertenece a la fiscal asciende a 1,74 millones de euros (797.000 euros la mitad del piso de Madrid y 945.000 el 80% de la vivienda de Málaga).

El matrimonio asumió dos hipotecas que en conjunto responden de préstamos por un importe total de 1,85 millones de euros. Salvo que las amorticen antes, está previsto que terminen de devolver el dinero a los bancos en 2036 y 2037.

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ACLARACIÓN: El 13 de febrero de 2024, casi 15 meses después de que se publicase la información, el abogado de la fiscal se puso en contacto con infoLibre para indicar que se había incoado un expediente gubernativo a raíz de la noticia y que Manuela Fernández Álvarez había aportado "la documentación pertinente" para demostrar que Claudinova SL es "una mera sociedad patrimonial", cuya finalidad "es exclusivamente la tenencia de valores y de inmuebles". Por ello, su actividad como administradora de la sociedad no es incompatible con su cargo de fiscal al no realizar actividad mercantil alguna. Al "no existir actividad incompatible", la Inspección Fiscal archivó el expediente gubernativo el 2 de febrero de 2023.

En el expediente gubernativo se indica que Manuela Fernández Álvarez es la única accionista de Claudinova SL y que la empresa es "exclusivamente tenedora de valores en la entidad Banca March", que han sido adquiridos "con recursos personales derivados de su ejercicio profesional y de recursos propios de su cónyuge".

Tras recibir copia del expediente gubernativo, infoLibre añadió a la noticia esta aclaración y editó el resto del texto para que sea plenamente congruente con los hechos que en él se recogen.