La empresa en Panamá y sus mentiras para justificarla acaban con Moix

Manuel Moix Blázquez, el fiscal cuyo nombramiento deseaba el presunto delincuente Ignacio González, el funcionario que llegó a jefe de Anticorrupción sin experiencia previa en la materia, ya es historia. Ha durado cien días en el cargo. Entró con puño de hierro y sale por la puerta de atrás, tras avergonzar a decenas de compañeros que ahora respiran aliviados. Ha sido Moix, el BreveMoix, el Breve. Apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que era el dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, ha tenido que dimitir. En estos dos días y medio Manuel Moix se intentó aferrar al cargo con excusas falsas, que agravaron su situación. El Gobierno pasó de apoyarlo el martes, a desentenderse de su suerte 24 horas más tarde.

Este periódico informó de que Manuel Moix llevaba cinco años y medio siendo copropietario de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas. La compañía es propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.

Ante la imposibilidad de negar los hechos, Moix intentó aferrarse al cargo mediante dos maniobras: primero dictó a Elespañol.com una versión con algunos datos falsos y otros manipulados, que el periódico que dirige Pedro J. Ramírez publicó sin contrastar. Y cuando infoLibre desveló esas mentiras, hizo una gira por varios medios en la que defendió tres grandes argumentos: primero, que la compañía Duchesse Financial Overseas estaba "inactiva"; segundo, que no había podido disolverla por "motivos económicos" ya que los "gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos" de los tres hermanos del fiscal –que son copropietarios de la compañía–, unos costes de disolución que llegó a cifrar "en 90.000 euros", y tercero, que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008 o en 2011 (cambió de versión sobre la marcha). Ninguna de estas tres afirmaciones era tampoco cierta.

Por un lado, Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988 y, desde entonces, siempre ha estado activa. Este lunes, este medio pudo comprobar en el Registro Mercantil el "status" de la compañía seguía siendo el de "vigente".

Por otro, inspectores y técnicos de Hacienda consultados por infoLibre, desmontaron la excusa ofrecida por Manuel Moix de que no pudieron disolver la sociedad panameña porque uno de los hermanos no podía hacer frente a los gastos de liquidación. Mantener abierta una sociedad en Panamá cuesta entre 450 y 900 euros al año, dependiendo de si se contratan administradores fiduciarios, mientras que cerrarla cuesta entre 400 y 500 euros. 

Cuestión diferente es que, al disolver la sociedad, los hermanos Moix tendrían que pagar lógicamente determinados impuestos, como el resto de ciudadanos. Pero incluso para evitar el pago de los tributos, los Moix tenían una opción barata: trasladar el domicilio de la sociedad de Panamá a España, sin necesidad de disolverla, de forma que seguiría siendo la titular del chalé de Collado Villalba. Los costes totales de esa operación rondan los 1.600 euros y el fiscal dejaba de tener una empresa en uno de los paraísos fiscales preferidos por los evasores de medio mundo.

Manuel Moix aseguró a Elespañol.com que él y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) "conocieron la existencia de Duchesse Financial Overseas" cuando murió su madre en 2008. En declaraciones posteriores a varios medios afirmó que fue en 2011, cuando falleció el padre. Pero escrituras públicas firmadas ante un notario de Panamá y otro de Madrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, también desmienten esta versión.

El 25 de enero de 1988, la compañía panameña apoderó a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal y abogada. La escritura de apoderamiento se firmó ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra. Un mes más tarde, el 24 de febrero de 1988, Margarita Moix actuó como representante de la empresa cuando Duchesse Financial Overseas adquirió el chalé en Collado Villalba.

Pero no sólo lo sabía la hermana. El propio Moix hacía décadas que conocía la existencia de la empresa en Panamá. En este sentido, este miércoles, infoLibre publicó unas declaraciones exclusivas del abogado que pleiteó en nombre de la constructora Tereco contra la familia Moix por impago de deudas y alzamiento de bienes. Y desmontan la última coartada del fiscal: que se había enterado de la existencia de la empresa panameña en 2008 [o en 2011]. "El fiscal Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes", relata el letrado José Román Marín de la Bárcena. Y esa declaración se produjo en el año 2000.

La información de infoLibre puso aún más en el punto de mira a un fiscal que había quedado fuertemente debilitado por su actuación en el caso Lezo. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, llegaron a apoyar en sede parlamentaria al hombre que Ignacio González, ahora encarcelado, quería en Anticorrupción para que marchasen mejor sus problemas con la Justicia. Pero a medida que pasaban las horas, la defensa fue cada vez más fría. Su situación se tornó insostenible. Él mismo pudo comprobar cómo se iba quedando solo: todas las asociaciones de fiscales se pusieron de acuerdo a la hora de exigirle explicaciones urgentes. Hasta el fiscal general del Estado, José Manuel Maza le contradijo al asegurar que desconocía la existencia de esa sociedad panameña.

A última hora de la tarde del miércoles, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, la que había apoyado su nombramiento, le pidió que pusiese su cargo a disposición de Maza, al entender que su participación como propietario en una sociedad de Panamá "compromete la imagen de imparcialidad de la institución" y supone "un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal". Un mazazo para el fiscal jefe Anticorrupción.

Dirigentes del PP y del Gobierno han visto estos días muchas similitudes entre el caso Moix y el caso Soria. El exministro de Industria dimitió después de demostrarse que había mentido a la hora de rendir cuentas sobre sus relaciones empresariales con paraísos fiscales.

Historia de la empresa panameña de los Moix

Duchesse Financial Overseas fue constituida en Panamá el 4 de enero de 1988. Un mes y medio más tarde, el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió un chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. Se trata de una vivienda de tres plantas, que tiene 6 dormitorios, 5 baños, dos salones, una bodega de 60 metros cuadrados y una piscina cubierta independiente. Está rodeada por una parcela de 4.629 metros cuadrados y se encuentra situada en una urbanización cerrada con vistas a la sierra de Guadarrama.

El chalé pertenecía hasta entonces a la sociedad de gananciales de los padres del fiscal: Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. El matrimonio también controlaba la empresa de Panamá. El objeto de la operación fue, por tanto, ocultar quiénes eran los verdaderos dueños del inmueble.

En el acto de compra del chalé, la empresa panameña estuvo representada por la hermana mayor del fiscal: Margarita Moix. Abogada de profesión, había sido apoderada por Duchesse Financial Overseas pocos días antes, el 25 de enero de 1988, ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.

El fiscal Anticorrupción y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) heredaron el control de la empresa panameña y de su propiedad en España en dos fases: en octubre de 2008, cuando falleció su madre, y en diciembre de 2011, cuando murió su padre.

Por tanto, Manuel Moix es dueño desde hace cinco años y medio del 25% de una empresa radicada en uno de los principales paraísos fiscales del mundo. En todo este tiempo evitó poner a su nombre el inmueble y mantuvo camuflada la propiedad bajo el paraguas societario de la compañía panameña. Tampoco contó nada ni a Maza ni al titular de Justicia, Rafael Catalá, según fuentes conocedoras del proceso.

La empresa panameña fue constituida por varios de los principales testaferros del paraíso fiscal de Panamá. Entre ellos destaca Aida May Biggs, una panameña de 93 años que en abril de 2016 figuraba como testaferro en 17.539 compañías, y que en la actualidad sigue figurando como tesorera y directora de la sociedad de Moix.

En el proceso de elaboración de la información, este periódico se puso en contacto este lunes por la mañana con el fiscal para conocer su versión, pero Moix se negó a ofrecerla. "Respondo a los medios de comunicación que me preguntan las cosas con educación", llegó a justificar su actitud el fiscal en una entrevista concedida a la cadena Ser. [Consulta aquí el burofax remitido a Moix].

Su papel en el 'caso González'

Antes de desvelar los vínculos de Moix con Panamá, este diario informó en exclusiva de que el máximo responsable Anticorrupción, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.

En una conversación interceptada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo González sostenía en que el nombramiento Moix como fiscal Anticorrupción sería "cojonudo" para la marcha de sus problemas judiciales. Su interlocutor era el exministro de José María Aznar Eduardo Zaplana.

En primer lugar, infoLibre desveló que Moix había tapado el caso en 2009, al no investigar una denuncia de la asociación Parque Sí en Chamberí: decretó el archivo sin realizar una sencilla diligencia solicitada por los denunciantes y que habría servido para destapar la trama corrupta. Después, nuevos documentos a los que tuvo acceso este diario elvaron a tres las veces que había dado carpetazo al caso. Al episodio de 2009 se sumaba uno previo en 2007 y otro en 2010.

En 2007, archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyó el campo de golf. El entonces fiscal jefe de Madrid decretó el archivo en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto.

Maraña en 'El Intermedio': "La carrera se la ha truncado él solito"

Ver más

Y en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía él, se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.

El campo de golf del Canal fue inaugurado por Esperanza Aguirre e Ignacio González el 28 de marzo de 2007. Por tanto, las dos denuncias y la querella se presentaron después de que la obra estuviese concluida. En la fase de construcción de las instalaciones deportivas, Dragados había abonado 3,2 millones de euros a una empresa sin apenas actividad, llamada Tecnoconcret, para que instalase el césped del campo de golf. Esa sociedad estaba controlada por la familia González. La Fiscalía podría haber obtenido esos datos simplemente con pedir a la Agencia Tributaria las ventas declaradas de Tecnoconcret. No lo hizo en ninguna de las tres ocasiones en que tuvo que pronunciarse sobre el asunto, a pesar de que en la denuncia de 2009 y en la querella de 2010 se lo pidieron expresamente los denunciantes.

La operación del campo de golf del Canal sí ha sido investigada ahora por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y es una de las que se describe con detalle en el auto por el que el juez Velasco envió a prisión a Ignacio González y a su hermano Pablo. El cuñado de ambos, José Juan Caballero, logró eludir la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros.