Una denuncia desvela que ya antes de la pandemia Madrid adjudicaba a dedo el 99,7% de los contratos sanitarios
Más de medio millón de contratos sanitarios –570.031– de la Comunidad de Madrid en 2017 para suministros, servicios y obras. Y otra cifra casi idéntica –458.317– al año siguiente. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero de todas esas adjudicaciones, el 99,7% se otorgó a dedo el primero de los dos años con el argumento de que se trataba de "contratos menores", es decir, los de escaso importe. En 2018, el porcentaje fue del 99,6%. Siempre a tenor de esos datos, recopilados por la asociación Audita Sanidad y entregados al Tribunal de Cuentas (TCU) en la denuncia que acaba de poner en sus manos, el volumen "ingente" de adjudicaciones a dedo sumó en el bienio nada menos que 1.566,4 millones de euros. Es decir, el 57,2% de todo lo gastado en 2017 y el 47,8% en lo que concierne a 2018.
La denuncia de la asociación de vigilancia de la gestión y el gasto sanitario expone que el Gobierno madrileño y sus organismos dependientes, especialmente hospitales de relevancia como el Clínico San Carlos y La Paz, fragmentaron deliberadamente el coste real del material o los servicios adquiridos a dedo. Y que utilizaron el fraccionamiento "ilegal", la "contratación fraudulenta", como artificio para sortear las licitaciones abiertas y sujetas al principio de publicidad y libre competencia: tanto en la convocatoria como en su resolución. Hasta marzo de 2018, la cuantía máxima de los contratos de obras que cabía definir como menores se situaba en 50.000 euros, tope que bajó a 40.000 a partir de entonces. En el caso de las adjudicaciones para el resto de contratos menores –suministros y servicios–, el límite fronterizo se situaba en 18.000 euros. A partir de la reforma legal de 2018 se redujo a 15.000.
Portavoces de la Consejería de Sanidad de Madrid, a los que infoLibre facilitó tales datos, han rehusado pronunciarse. Antes de registrar la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, el portavoz de Audita, Vicente Losada, ha confirmado que no descarta acudir a la Fiscalía Anticorrupción. El escrito dirigido al organismo fiscalizador es "un primer paso para que las autoridades conozcan lo sucedido", ha añadido uno de los abogados de la asociación, Carlos Castillo.
Audita sostiene que con la política de contratos menores a mansalva se está dañando "de manera contumaz" el principio de diligencia y responsabilidad. Y que eso perjudica al erario madrileño como consecuencia de sobrecostes. ¿Por qué? Porque la ausencia de competidores incrementa los precios a pagar a los proveedores.
El escrito dirigido por Audita al TCU incluye un caso "paradigmático" sobre el supuesto fraccionamiento ilegal de contratos: el de la ferritina, una proteína que almacena el hierro en las células. Y así, mientras que el Hospital Clínico San Carlos ha firmado casi 150 contratos menores desde 2015 para comprar ferritina a Siemens Healtchare SL, el Hospital Universitario Príncipe de Asturias convocó este año una licitación pública para adquirir el mismo producto. Por qué se contrata por parte del Clínico siempre mediante un contrato menor si otros centros lo sacan a concurso público es una de las preguntas que Audita traslada al Tribunal de Cuentas.
Referido a un periodo anterior al de la pandemia del covid-19 que estalló en 2020 y por tanto ajeno a las situaciones imprevistas de las emergencias sanitarias, el texto facilitado al TCU subraya que ya el organismo fiscalizador regional –la Cámara de Cuentas de Madrid– alertó en un informe sobre 2017 de que con la avalancha de adjudicaciones a dedo los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) habían convertido "en práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública". Dicho de otro modo, que la compra de materiales sanitarios y el encargo de servicios susceptibles de programación anticipada se estaba realizando de una forma contraria a la normativa. La denuncia incluye un gráfico que coloca al Hospital Ramón y Cajal como el que más dedicó a contratos menores en 2017 y 2018. Puedes consultar aquel informe de la Cámara de Cuentas pinchando aquí.
Baja inversión, bajo control y multinacionales en primer plano
En Madrid, recalca la denuncia de Audita, "no solo encontramos una falta de inversión [sanitaria] y una total falta de control en la contratación sino que estos dos déficits que arrastra la sanidad pública conviven con una fuerte inversión en sanidad privada". Sobre la baja inversión en sanidad pública, el escrito aporta los números del informe de la asociación estatal de gerentes de servicios sociales: 1.170 euros por habitante en 2021, la cifra más baja de la tabla. Y sobre el apoyo al sector privado, cita al sindicato CSIF para recordar que, según sus datos, Madrid es la segunda región que más presupuesto dedica a los conciertos con entidades privadas: 974 millones en 2022.
La asociación denunciante pone el dedo en una llaga todavía por analizar: la repetición de grandes empresas multinacionales en el listado de beneficiarios de contratos menores. Audita destaca aquí el nombre de dos grupos: Siemens y Medtronic. La asociación señala que carece de herramientas para diagnosticar a cuánto asciende el supuesto daño económico causado por los contratos a dedo para ambos grupos. Pero basándose en las pautas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para calcular los sobrecostes derivados de la ausencia de competidores, Audita sostiene que el exceso de gasto ha podido llegar aquí a la cifra aproximada de 14,5 millones de euros.
Según el escrito dirigido al TCU, la filial española del segundo grupo –Medtronic Ibérica SA– fue en 2017 la primera en el ranking de firmantes de contratos menores, con 18.995 adjudicaciones de ese tipo por valor de 36.626.735 euros, en este caso sin IVA. Y en 2018 ocupó el segundo puesto en esa misma escala con un total de 11.985 contratos, pero primera según importe, por valor de 32.550.610,58 euros, IVA incluido. Sobre Medtronic, la denuncia asegura lo siguiente: "Tiene una larga historia de investigación y condenas tanto en Estados Unidos como en Europa. El grupo empresarial ha sido acusado de estafar a las autoridades públicas de sanidad, fijar precios de mercado, remunerar a médicos para que elaboren estudios a su favor, violar las normas de libre competencia, etc. En 2020, alcanzó un acuerdo con la justicia estadounidense, por el que pagó 9,2 millones de dólares, para resolver el caso de acusación de pagos indebidos a un neurocirujano del estado de South Dakota para forzar la compra de determinado material". Este periódico no ha logrado este miércoles que Medtronic confirme o desarme tales afirmaciones. InfoLibre contactó con Medtronic Ibérica SA pero no fue posible hablar con ningún portavoz.
Respecto a Siemens Healthcare SL, Audita cifra en 6,52 millones lo que obtuvo en 2018 a través de 1.308 contratos menores. De ese total de adjudicaciones, la asociación identifica 733 como adjudicaciones con "posible fraccionamiento". Eso representa el 56% del total asignado a la compañía. Según la denuncia, el grueso se localiza en los dos hospitales antes referidos: el Clínico San Carlos y La Paz. Tampoco ha sido posible contactar con portavoces de Siemens Helthcare SL.
La primera de España en contratos sin concurso
Esta no es la primera denuncia que, basándose en la monumental base de datos que constituye el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y tomando como eje los contratos menores, lleva Audita al Tribunal de Cuentas. La anterior, formulada en junio de 2019 y centrada en los contratos menores de 2016, quedó en agua de borrajas. De acuerdo con el relato de la denuncia, el máximo órgano fiscalizador del país, entonces con mayoría conservadora, lanzó una exigencia a los denunciantes: que concretasen los hechos e infracciones jurídicas detectadas, así como la cuantía de los daños y perjuicios. Pero la imposibilidad técnica –aduce la asociación– que planteaba el enorme volumen de documentos contractuales hizo que su acción decayese.
Ahora, Audita rememora en su nueva denuncia no solo el informe donde la propia Cámara de Cuentas madrileña ya avisó sobre el truco de los contratos menores. El escrito incorpora también lo que el director de uno de los grandes hospitales de la Comunidad, el Ramón y Cajal, sostuvo en 2017 durante una comparecencia parlamentaria. Y lo que dijo, por resumir, fue que en efecto se había "abusado del contrato menor".
El fracaso de la primera denuncia de Audita choca, paradójicamente, con el contenido de un informe aprobado en julio de 2021 por el Tribunal de Cuentas sobre el comportamiento del sector público autonómico en 2018. Porque ese informe ya mostraba [puedes consultarlo aquí y comprobarlo en el cuadro de la página 28] que la Comunidad de Madrid encabezaba de largo el ranking estatal de contratos menores en todas las áreas. Andalucía, entonces con 8,42 millones de habitantes, destinó a tales adjudicaciones 660,9 millones de euros mientras que Cataluña, con un censo poblacional de 7,6 millones, empleó 299. Fue Madrid (6,64 millones de residentes en diciembre de 2018) la que dio la campanada: 925,2 millones de euros.
Las convalidaciones, otra vía opaca
Los pagos fuera de contrato de Ayuso: 800 millones desde enero de 2020 y grandes empresas como principales beneficiarios
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De los números que destapa en ese documento el Tribunal de Cuentas –los 925,20 millones– se infiere que la inmensa mayoría de los contratos menores salen de la Consejería de Sanidad de Madrid. Pero esa forma de encargar suministros, servicios e incluso obra no constituye la única vía de gasto poco claro.
Como publicó infoLibre, entre enero de 2020 y octubre de 2021 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso convalidó gastos por valor de 804 millones. Y la convalidación, por usar la tesis que en abril de 2018 acuñó José Luis Martínez-Almeida, ahora alcalde de Madrid y entonces portavoz municipal del PP durante el mandato de Manuela Carmena, es aquella adjudicación que se hace directa, a dedo, sin ningún tipo de concurso público "como consecuencia de una mala gestión" previa por parte del equipo de Gobierno". En el caso de la Comunidad de Madrid, los principales beneficiados por las convalidaciones fueron grandes empresas, entre ellas el gigante de la sanidad privada, Quirón.
Acudiendo a otra definición –está exenta de sesgo político–, la convalidación es una casi desconocida figura prevista para que puedan regularizarse pagos por servicios cuya prestación se haya encomendado en circunstancias muy excepcionales a una empresa sin cumplir los trámites obligados. Lo sorprendente aquí es que otra comunidad con mayor población que Madrid y gobernada también por el PP, Andalucía, destinó una cantidad muy inferior a las convalidaciones durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y octubre de 2021: 4,18 millones de euros según los datos facilitados en su día a este periódico por el Ejecutivo que lidera Juan Manuel Moreno.
