La ley de salud mental, de prioridad en la pandemia a quedar fuera de la agenda política

La salud mental fue uno de los temas estrellas durante la pandemia. Las heridas que dejó el confinamiento y sus secuelas, acompañadas de la incertidumbre económica y laboral, las pérdidas emocionales y la frenética actividad del personal sanitario, se situaron en el centro de algunos discursos e iniciativas políticas, que abogaban por revertir las carencias del sistema. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, lo hizo después de que un diputado del PP le instara a ir “al médico”. "Si yo digo Diazepam, Valium, Lorazepam, Trankimazin o Lexatin, ¿por qué todos sabemos de lo que estoy hablando?", se preguntó.

El Gobierno aprobó, en el mes de diciembre, la estrategia de salud mental que sustituía a la última, sin actualizar desde el año 2009 y al plan de acción aprobado por el Consejo Interterritorial. El plan, que tiene vigencia desde este 2022 y hasta 2026 incluye, entre otras cosas, 100 millones de euros de presupuesto y un teléfono de atención al suicidio activo 24 horas al día: el 024. El departamento que dirige Carolina Darias puso en marcha en mayo el teléfono de prevención, que recibió 34.000 llamadas en sus cuatro primeros meses de funcionamiento. Para el socio minoritario de la coalición, este plan se queda corto.

Unidas Podemos llegó a presentar una proposición de ley de salud mental, que contó con el apoyo del PSOE, ERC, Bildu, Más País, Compromís y Ciudadanos. Esta norma lleva varada desde hace más de un año en el plazo de ampliación de enmiendas, prorrogado hasta en cincuenta ocasiones, y recoge explícitamente el derecho a una atención integral y universal a la salud mental y establece unas ratios mínimas de profesionales, al mismo tiempo que demanda acelerar los tiempos de atención a los ciudadanos. 

Los morados inciden también en la "lucha contra conductas discriminatorias derivadas del estigma social que afectan a las personas con problemas de salud mental y que dificultan su inclusión social y calidad de vida", prevé medidas para la prevención del suicidio mediante el establecimiento de una línea telefónica gratuita de atención, el seguimiento a las personas con tentativa suicida y el establecimiento de protocolos de prevención e identificación "precoz" para grupos vulnerables. Además, destacan la importancia de la perspectiva de género transversal e interseccional.

En septiembre de 2022, la portavoz de Sanidad de Unidas Podemos en el Congreso, Rosa Medel, urgió al PSOE a "recapacitar" en aras de desbloquear la ley de salud mental. La dirigente morada alegó que el PSOE ha priorizado el Plan para la Salud Mental sobre su propia ley: "Una ley obligaría a cumplir con ella, mientras un plan o una estrategia son como recomendaciones que no llevan detrás un presupuesto", lamentó.

Suspenso en salud mental

Lo cierto es que España suspende en salud mental. Según recoge un informe del Defensor del Pueblo publicado en enero de 2020, hay seis psicólogos en el sistema público de salud por cada 100.000 habitantes. En Europa, de media, son 18. Los números no mejoran en lo que se refiere a la psiquiatría, donde, de media, en España hay ocho profesionales por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a nuestro país solo por delante de Grecia, Italia y Rumanía en la Unión Europea, y a mucha distancia de países como Francia (20,91), Bélgica (20,06) o Suecia (19,12).

La proporción de psicólogos y psiquiatras da una tasa muy inferior a la de otros países de la Unión Europea. Partiendo de esa base, la atención psicológica está reservada a los bolsillos que se lo puedan permitir (desde cuarenta euros a ciento veinte euros por sesión), mientras que las consultas públicas no dan abasto, lastradas por los recortes y la privatización.

El Defensor del Pueblo indica que "en los últimos diez años, no se ha producido el necesario refuerzo de este tipo específico de atención" y aunque los servicios de salud sí han tratado de incrementar en parte la dotación de profesionales psicológicos especializados, "el ritmo de aumento es muy inferior al que los expertos señalaban que debía producirse para acercarse al estándar europeo".

Los recursos de salud mental y la falta de homogeneidad existente entre autonomías –en concreto de aquellos orientados hacia la comunidad–, son algunas de las principales carencias con las que han de batallar a diario los profesionales sanitarios. Los usuarios con problemas de salud mental graves a menudo asocian problemas económicos, dificultades para el acceso a empleo y por ende a vivienda. Sin embargo, no todas las comunidades optan por modelos que apuesten por alternativas residenciales más humanizada a las tradicionales residencias y centros de larga estancia.

Los suicidios llegan a su máximo histórico

El quinto párrafo: La salud de la salud mental

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La cifra de suicidios supera por vez primera los 4.000 en un solo año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en diciembre. El suicidio sube cada año desde los 3.539 de 2018. Es un 13,11% en sólo tres años. Con respecto a 2020, la subida es del 1,57%. A lo largo de toda la serie, el alza ha sido del 142,31% desde los 1.652 de 1980.

Según un estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD con el apoyo de la Fundación Pfizer, un 24% de los jóvenes españoles dice tener problemas de salud mental con cierta o mucha frecuencia, lo que supone un incremento de más de hasta 18 puntos porcentuales con respecto a los años anteriores (8,6% en 2021 y 6,2% en 2019).

Pero no solo les ha pasado a ellos. Cruz Roja ha registrado un repunte en la demanda al servicio de atención psicológica que pusieron en marcha en 2020. Según sus propios datos, las cifras de llamadas a Cruz Roja Responde este año rondan más los datos pandémicos registrados en 2020 que los de 2021: hasta agosto se ha registrado un 61% más de llamadas que en todo 2021. Además, el teléfono 024 ha atendido desde el pasado 10 de mayo 55.000 llamadas y ha intervenido en 1.000 casos de riesgo de suicidio muy alto o de suicidio en curso.