SOS de las víctimas: las trabas de la Iglesia empujan al fracaso la investigación de la pederastia

"Acabaremos yéndonos sin justicia todas las víctimas. Como Emiliano, que ya se ha ido".

Habla Javier, una de las víctimas del sacerdote abusador José Manuel Ramos Gordón, que prefiere ocultar su apellido. Emiliano es, era, Emiliano Álvarez, víctima en el mismo seminario, La Bañeza (León), compañero de lucha de Javier, muerto en agosto a los 55 años tras una vida marcada por el trauma infantil. Javier está "muy dolido" por la muerte de Emiliano. También frustrado. "Las víctimas ya estamos cansadas. Si te fijas, estamos casi en silencio. Ya nadie se cree nada. Y ellos [los obispos] siguen igual. No tienen prisa. Al contrario. Se lavan las manos como Poncio Pilatos con mentiras y obstáculos".

Más aún que lo que ve como inacción y obstaculización de la Iglesia, a Javier le indigna su doble mensaje autoexculpatorio. El primer mensaje que irrita a Javier es que las dimensiones de la pederastia en la Iglesia no fueron excesivas, que el fenómeno se ha sacado de quicio y que España fue una excepción con respecto a los países donde se ha estudiado a fondo: Francia, Irlanda, Estados Unidos... El segundo mensaje es que la Iglesia no está poniendo impedimentos a la investigación. "Oír que se está ayudando a las víctimas o que no ha habido encubrimiento duele", dice Javier, que cree que las trabas de la jerarquía no sólo han cegado hasta ahora cualquier iniciativa fructífera en el seno de la institución, sino que abocan a un probable fracaso a la comisión oficial del Defensor del Pueblo.

infoLibre escucha a víctimas como Javier, especialistas e instituciones un año después de un hito que pareció remover las aguas de la política y desencadenar una reacción en la jerarquía católica española con respecto a los abusos: la denuncia pública del escritor Alejandro Palomas, ganador del Premio Nadal de 2018, que el 26 de enero de 2022 se sentó en el programa Hora 25 de la Ser y detalló un puñado de los horrores sufridos cuanto tenía entre ocho y nueve años a manos de un docente religioso de La Salle de Premià (Barcelona).

Fuera porque supo poner la elocuencia propia del escritor al servicio de un relato estremecedor, fuera porque la condena de la Iglesia francesa a la pederastia había retratado la pasividad de la jerarquía española, el caso es que la entrevista a Palomas hace un año produjo una reacción inédita. Se disparó la presión política, social y mediática para que la Iglesia moviera ficha. Moncloa organizó de inmediato una reunión de Pedro Sánchez con el escritor. Más de 45.000 personas firmaron en un solo día en Change.org una exigencia de investigación.

En los meses posteriores los hechos se precipitaron. La Conferencia Episcopal (CEE) asumió que las oficinas antiabusos abiertas en las diócesis por orden del Vaticano eran insuficientes y en febrero encargó al despacho legal Cremades & Calvo Sotelo una auditoría. En marzo el Congreso aprobó, con los únicos votos en contra de Vox, la encomienda al Defensor del Pueblo de una investigación de Estado. En abril el pleno del Parlamento de Cataluña aprobó la creación de una comisión de investigación. La comunidad que más lejos ha llegado ha sido Navarra, con una ley de reconocimiento aprobada en junio –con el no de Navarra Suma– que supuso la apertura de una comisión en octubre.

Las voces de víctimas recabadas ahora muestran un panorama general de escasa satisfacción por lo avanzado hasta la fecha e igualmente escasa confianza en lo venidero, especialmente en el apartado del esclarecimiento de los hechos. "No hay una diferencia palpable un año después [de la entrevista]. Podría estar haciendo las mismas declaraciones y no habría ninguna diferencia. Estamos exactamente igual", dice Palomas, para quien "a nivel institucional no ha habido ningún cambio". Y añade, en referencia a la élite política y religiosa: "Apuestan por el ruido, no por la vida". Las expectativas de Palomas, siendo bajas, son mayores que las de Javier, la víctima con la que arranca este texto: "Ojalá me equivoque, pero tengo cero expectativas".

La causa principal del diagnóstico negativo es el obstruccionismo de la Iglesia, pero también los problemas de diseño de la comisión oficial, de origen político. No obstante, las –escasas– esperanzas de los supervivientes consultados se concentran en esta investigación, la del Defensor del Pueblo, si bien consideran que su trabajo está lastrado por la falta de cooperación del episcopado.

Un problema de coordinación

"Estamos viendo una chapuza made in Spain perfectamente predecible. Se confirma lo que advertimos: muchas investigaciones pero sin coordinación e incapaces de un trabajo completo", señala el psiquiatra infantil Miguel Hurtado, víctima y denunciante de los abusos en la abadía de Montserrat, una de las primeras voces que se alzó para alertar de la pederastia y el encubrimiento. ¿Por qué "chapuza"? Hurtado explica que la comisión del Defensor "está sabiendo ganarse la confianza" de más víctimas que Cremades, pero carece de acceso a los archivos eclesiales; mientras tanto, el despacho al que encargó una auditoría la Conferencia Episcopal es "la otra cara de la moneda", porque los obispos sí le están entregando los documentos que consideran oportunos, pero las víctimas "no perciben independencia". "España ha llegado a la investigación después de muchas otras experiencias. Teníamos derecho comparado para saber cómo hacer las cosas. Esto se advirtió. Pero no se hizo caso", dice Hurtado.

En cuanto al Parlament de Cataluña, a Hurtado le parece una "vergüenza" que en abril se aprobase la comisión y haya sido ahora, en enero, cuando han contactado con él para "empezar a trabajar". "Se dieron prisa para apuntarse el tanto, no para ponerse manos a la obra", dice Hurtado, cofundador de la organización internacional Ending Clergy Abuse.

Todo ello no significa que haya que "tirar la toalla", dice Hurtado, que cree que las comisiones pincharán en el esclarecimiento de los hechos, pero pueden "salvar" su trabajo en las recomendaciones. ¿Por ejemplo? El autor de El manual del silencio (Planeta, 2020) cita tres posibles: 1) Imprescriptibilidad de los delitos. 2) Resarcimiento económico. 3) Apertura de archivos.

Las oficinas en las diócesis ordenadas por el papa

¿Qué resultados hay a estas alturas encima de la mesa en las iniciativas en curso? El último balance de las oficinas antiabusos de la Iglesia es de marzo de 2022. La CEE reconoció entonces 506 casos, una cifra que abarca denuncias contra clérigos y laicos. Parecía un giro en la estrategia de rebajar la importancia de los hechos. Poco antes, habían afirmado que los casos eran "cero o muy pocos". Pero, desde aquel amago de cambio, no ha habido actualizaciones. La CEE, a preguntas de infoLibre, se remite al informe de marzo. Por lo demás, en octubre abrió una ventanilla para denuncias.

La tónica general sigue marcada por la racanería informativa, como comprobó infoLibre hace menos de un año. Es una actitud coherente con la histórica pasividad de la cúpula católica, que sólo ha movido ficha forzada por el papa Francisco y retratada por las investigaciones en otros países, singularmente Francia, y por los datos publicados por El País, que tiene una base de datos con más de 1.700 supuestas víctimas.

Numerosas víctimas han señalado que en las oficinas diocesanas encuentran suspicacia y cuestionamiento. La respuesta viene condicionada por la sensibilidad de cada obispo, con Madrid y Bilbao como diócesis destacadas por su implicación. Mikel Lizarraga, profesor de Derecho de la Universidad Pública de Navarra y coordinador de un informe sobre los abusos en la Iglesia en la Comunidad Foral, ha afirmado que las oficinas antiabusos son el resultado de una "pauta de respuesta" que ha servido "más para proteger al victimario que para generar una confianza" que pueda atraer denunciantes.

"Yo he estado allí [en la oficina]. Nadie me tiene que contar cómo te tratan, porque fui para comprobarlo. Y es un desastre. Están para hacer un lavado de cara. Ni escuchan, ni piden perdón", dice Javier. Además, lamenta la escasa disposición de la Iglesia al pago de indemnizaciones. "Duele tener que oír que las víctimas quieren dinero. No. Yo querría mi infancia, pero eso ya no me lo pueden devolver", añade. Javier admite que no tiene "ninguna" expectativa en las oficinas de las diócesis, ni tampoco en la auditoría de Cremades, presidido por el miembro del Opus Javier Cremades.

El despacho elegido por los obispos

Diego Solana, socio del bufete legal Cremades, el encargado para la CEE para la auditoría de los abusos, afirma que en general sí está habiendo colaboración de las diócesis con los responsables de la auditoría y acceso a la información necesaria, aunque la respuesta no está siendo homogénea. Los obispos responden directamente a Roma, no a la CEE, que es un órgano de mera coordinación, no jerárquico. El resultado es que cada obispo o arzobispo marca el nivel de respuesta de su diócesis o archidiócesis. Solana afirma que en el trabajo final del despacho, que prevé para antes de verano, se incluirían los casos de imposibilidad de acceso a una determinada información.

El informe, añade Solana, incluirá todas las diócesis, congregaciones y órdenes. Tendrá tres apartados. El primero será la delimitación de los hechos, que incluirá el relato de las víctimas. Hasta la fecha han contactado con el bufete más de un centenar, señala Solana, que se muestra consciente de que se trata de "la punta del iceberg". "Hay muchas personas afectadas que no quieren volver a revivir [los abusos], porque eso supone una revictimización", explica.

El segundo apartado del informe recogerá los protocolos para evitar casos futuros. El tercero establecerá las fórmulas de reparación. El presidente del bufete, Javier Cremades, se ha mostrado favorable a la inclusión de indemnizaciones a las víctimas. Solana confía en que el resultado del trabajo del bufete Cremades constituya "un punto y aparte".

El encargo del Congreso al Defensor del Pueblo

El Defensor no se ha puesto oficialmente una fecha de finalización de los trabajos, pero su "voluntad" es poder presentar un informe a las Cortes, aunque sea preliminar, antes de terminar la legislatura. Hasta la fecha ha recabado en torno a 400 testimonios, si bien desde el Defensor el mensaje es claro: lo importante es la minuciosidad del trabajo y su alcance cualitativo, no dar una cifra muy alta de testimonios. El objetivo es "que la víctima confíe", señalan desde el Defensor, tarea en la que incluso voces críticas reconocen buen resultado.

En cuanto a la colaboración de la Iglesia, el titular de la institución, Ángel Gabilondo, afirmó en septiembre que no veía "mucho entusiasmo" en parte de la Iglesia por cooperar. La CEE ha rechazado formar parte de la comisión, aunque se ha ofrecido a colaborar. Actualmente, dicen desde la institución pública, el Defensor y la CEE están en contacto para definir los términos de dicha cooperación. Aún no hay resultado.

Precisamente en esa cooperación ve la clave Javier, la víctima de Astorga, que observa "buena intención" en el Defensor del Pueblo pero sin salirse de un tono general de pesimismo. "El problema es hasta dónde vaya a poder llegar", señala, en referencia a las resistencias de la Iglesia a facilitar el acceso a la información. A su juicio, no podrá ser muy lejos.

Hay voces más críticas, como la del escritor Alejandro Palomas. A su juicio, el encargo de los trabajos al Defensor del Pueblo es "un absoluto fraude". "Creo que es una forma de dejar pasar el tiempo y dejar morir este asunto". Eso sí, advierte: "No va a morir nunca, porque los supervivientes no vamos a parar de aparecer, de existir y de recordar".

Otra visión tiene Juan Cuatrecasas, presidente de Infancia Robada, cuyo hijo sufrió abusos en el colegio Gaztelueta del Opus en Leioa (Vizcaya), que hace un balance agridulce aunque deja más espacio que el resto para las notas positivas. A su juicio, la comisión Gabilondo va "en el buen camino", realizando una tarea "muy empática" con las víctimas, pero se enfrenta a "un muro difícil de escalar", en referencia a las resistencias de la Iglesia. "Nadie dijo que fuera fácil. Muchas diócesis siguen poniendo excusas para hacer valer la impunidad, beneficiándose del miedo de las víctimas, lógico al ver lo que sufrimos los que salimos a denunciar", dice.

Hurtado cree que la investigación del Defensor tiene escaso margen de recorrido en el esclarecimiento y algo más en las recomendaciones. En cuanto a las causas de sus limitaciones para la investigación, apunta contra la jerarquía católica por su falta de colaboración pero también a los grupos políticos por un diseño de la comisión que permite a la Iglesia eludir su responsabilidad y hurtar la colaboración, entre otros motivos por las limitaciones que imponen al Defensor sus propios estatutos. Y reitera: "Todo esto se advirtió".

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La ecuatoriana Sara Oviedo, miembro fundador de Ending Clergy Abuse, una de las autoras del informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU que acusó en 2014 al Vaticano de encubrimiento, atribuye a la investigación del Defensor mejores perspectivas para hacer un trabajo "independiente" que a Cremades. El problema, afirma, es que la Iglesia se resiste a "destapar" la pederastia, por miedo a un efecto dominó. "Hay muchos intereses en juego", dice. A ello se suma, añade, una característica estructural de la Iglesia española: su falta de "evolución" desde su pasado de complicidad con el franquismo, que le dificulta dar pasos en transparencia y autocrítica –como sí ha hecho en Francia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia y EEUU–.

Falta de presión social

Entre los consultados es generalizado el convencimiento de que a todas las investigaciones está llegando sólo una mínima parte del problema total. A no ser que se realice una estimación a partir de las evidencias obtenidas, será difícil dimensionar lo ocurrido. En Francia, el informe de la comisión encargado por el episcopado estimó en más de 300.000 los casos de abuso sexual en setenta años. Y aceptó sus conclusiones el presidente del episcopado, Éric de Moulins-Beaufort. Nada de eso es previsible en España, donde la jerarquía tiene como discurso oficial la relativización –cuando no la minimización– de los hechos.

Manuel Barbero, otro referente entre las víctimas, cuyo hijo sufrió abusos en el colegio Maristas, no ve que la Iglesia haya abandonado sus posiciones inmovilistas y apuesta por el diálogo exigente y crítico para provocar cambios. El fundador de Mans Petites cree que en España falta un ingrediente para forzar a las comisiones en marcha a ser ambiciosas: presión social. "Por desgracia, las víctimas de abusos no tenemos la fuerza de, por ejemplo, el movimiento feminista", dice.