La justicia investiga el patrimonio del exdiputado del PSOE y su entorno en el 'caso Mediador'

La justicia pone la lupa sobre el patrimonio del exdiputado del PSOE implicado en el caso Mediador. Los investigadores, en concreto, se encuentran "practicando averiguaciones de ámbito económico" relativas tanto al exparlamentario Juan Bernardo Fuentes como a su "entorno más cercano". Dichas diligencias están orientadas a la "detección de incrementos patrimoniales" u "otras operativas" vinculadas a los comportamientos que llevan meses siendo analizados por el Juzgado de Instrucción nº4 de Santa Cruz de Tenerife. Una supuesta trama corrupta cuyo estallido ha dejado, por el momento, una docena de investigados, entre ellos políticos y empresarios. De momento, sólo se ha decretado prisión para uno de ellos: el general de la Guardia Civil Javier Espinosa.

La magistrada María de los Ángeles Lorenzo, instructora de la causa, resalta en el auto por el que decretó la libertad provisional de Fuentes que, si bien desde un primer momento se consideró al exdiputado "líder de la rama política de la organización criminal", nunca se llevó a cabo "diligencia de investigación directa sobre el mismo" por su condición de aforado. "Por ende, nunca se pudo realizar una investigación patrimonial directa sobre dicha persona, con la importancia que en ello radica acorde a los delitos atribuidos a la organización criminal, con la cual ampliamente se le ha vinculado, de manera colateral, fruto de las indagaciones efectuadas sobre los restantes investigados de la trama", resalta.

Ahora bien, una vez levantado el secreto de sumario y perdida la condición de aforado –Ferraz le forzó a dimitir en cuanto saltó el escándalo–, la jueza considera de "urgente necesidad" llevar a cabo dichas pesquisas. "Actualmente, se están practicando averiguaciones de ámbito económico relativas al exdiputado y entorno más cercano, principalmente orientadas a la detección de incrementos patrimoniales u otras operativas asociadas a los comportamientos investigados", resalta. Cabe destacar, en este sentido, que la última reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno introdujo un nuevo artículo que castiga con penas de seis meses a tres años a las autoridades –diputados incluidos– que se nieguen a justificar incrementos patrimoniales de más de 250.000 euros respeto a los ingresos acreditados.

Un club deportivo como "pantalla para recibir los pagos"

La magistrada pone sobre la mesa el "beneficio económico". Y resalta que los informes policiales realizados hasta la fecha recogen que en al menos 17 ocasiones el exdiputado envió a Marco Antonio Navarro, quien hacia las labores de mediación entre empresarios y políticos implicados, varias cuentas bancarias. Cinco veces la suya personal. Una, la de su asesoría. Y once, la que aparece ligada a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, de la que era presidente. En una entrevista publicada este martes por El Periódico, Fuentes niega los delitos que se le atribuyen y sostiene que le han tomado como "conejillo de indias": "Se está llevando una crucifixión contra mi familia y contra mí".

Según declaró Navarro en sede judicial, el primer paso para el "inicio" de las "relaciones" era que los empresarios hicieran una transferencia bancaria de 5.000 euros a dicha entidad. Una suerte de "primer peaje económico" –en palabras de la Policía– para beneficiarse de la influencia política que habrían abonado al menos tres empresas: Asesoramiento y Servicios de Drones, MEC Suministra y Quesería Montesdeoca. De hecho, sostiene la jueza, si estos no hacían dicho abono el exdiputado socialista "reprendía" al mediador. "Oye, necesito que me inyecten algo al club, aunque sea mínimo", decía el político al mediador a comienzos de diciembre de 2020.

Los investigadores, además, tienen serias sospechas de que esta asociación pudiera haber sido utilizada para lavar el dinero de las supuestas comisiones pagadas por empresarios. Así, la instructora señala, en base a un informe, que el club emitió en un momento dado cheques al portador por 15.600 euros en concepto de "colaboraciones de temporada". Sin embargo, añade que las mismas tendrían un coste real en monitores o entrenadores de 9.800 euros. "Se habría detraído la cantidad de 5.900 euros de la asociación deportiva intentando darles como cobertura legal y contable la de abonos a colaboradores", apunta la instructora, que sostiene que, presuntamente, se habría usado la asociación "como pantalla para recibir los pagos" de los diferentes empresarios.

Un año de investigación

El punto de partida del caso Mediador se encuentra en una denuncia interpuesta en los últimos compases de 2021 por Ángel Luis Pérez, entonces director de Deportes del Cabildo de Tenerife. El cargo público acudió a comisaría para informar a las autoridades de que alguien estaba haciendo compras con su tarjeta de crédito, pagos que sumaban 2.575 euros. Aquellas pesquisas llevaron hasta Navarro, el mediador, quien en su declaración en sede judicial dijo que los cargos eran conocidos por el denunciante y que dichas actuaciones formaban parte de una práctica habitual en el mundo en el que él se movía. Dijo tener pruebas de ello. Y permitió a las autoridades un volcado del contenido de su teléfono móvil.

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Toda esa información puso de manifiesto, en palabras de la jueza, la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y personas intermedias que ofrecían a empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otros beneficios a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u obsequios. En el "vértice superior" de dicha trama, los investigadores sitúan al exdiputado socialista. Y, junto a él, a su sobrino Taishet Fuentes, quien le relevó como director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, y al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

Este trío era de "extraordinaria importancia" en el desarrollo de la trama. Es más, señala la instructora, sin ellos "no hubiera sido posible" la comisión de las actividades ilícitas investigadas. "La relevancia de sus respectivas responsabilidades públicas generaba una relación de confianza y unas expectativas en la consecución de sus ilícitos propósitos en los distintos empresarios, esencial para que éstos accedieran al pago", resalta la magistrada. Una seriedad que también imprimía el hecho de que algunos fueran recibidos tanto en dependencias del Congreso como de la Dirección General de la Guardia Civil. A raíz del caso Mediador, la Cámara Baja ha acordado registrar todas las visitas ajenas que reciban los parlamentarios.

Navarro también sostuvo, en sus declaraciones en sede judicial, que las "influencias" también se abonaban con "fiestas", en las que eran protagonistas el consumo de alcohol, de drogas o la contratación de prostitutas. Fiestas que, dijo, eran abonadas por los propios empresarios y que costaban entre 3.000 y 3.500 euros de media la noche. De hecho, el sumario del caso está trufado de imágenes de algunas de estas fiestas.