Bélgica se lía con su reforma de las pensiones y se queda por ahora sin un euro de los fondos Next Generation
España no es el único país al que la Comisión Europea obligó a meter en su plan de recuperación una profunda reforma de las pensiones para mejorar la sostenibilidad del sistema. Con el visto bueno del Ejecutivo europeo a la reforma española ya sobre la mesa, en Bruselas los ojos viran ahora hacia el otro país al que se obligó esa reforma y que, si bien la lanzó antes que España, todavía no la cierra y va dando tumbos con ella.
El pasado mes de julio de 2022 la coalición de siete partidos (liberales francófonos y flamencos, ecologistas francófonos y flamencos, socialistas francófonos y flamencos y conservadores flamencos) anunció la reforma de las pensiones. Había costado horas y horas de negociaciones entre partidos con visiones muy lejanas pero se había logrado. El problema es que no se había pactado con la Comisión Europea, que no tardó en decir que no le gustaba y que no cumplía con lo necesario para desbloquear el primer tramo de lo que le toca a Bélgica de los fondos del Next Generation EU.
Así que desde otoño el Gobierno belga está metido en la reforma de la reforma de las pensiones, pero el “ajuste” que había anunciado el primer ministro Alexander De Croo como si fueran unos pequeños cambios técnicos no parece tan fácil y los partidos siguen sin aprobar los cambios necesarios para desbloquear los fondos mientras en la Comisión Europea miran sin prisa pero advierten que sin esa reforma no habrá primer tramo y sin primer tramo no habrá segundos y Bélgica no tocará ni un euro de los más de 6.500 millones de euros en transferencias a los que podría acceder.
La Comisión Europea asegura que la reforma belga, lejos de empezar a poner las bases de la sostenibilidad del sistema de pensiones del país, aumenta la carga financiera que las pensiones suponen para el Estado, por lo que la parte que deberá financiarse a partir de los presupuestos o de más impuestos irá aumentando.
La reforma se basa en dos grandes asuntos. Por un lado se aumentan las pensiones mínimas progresivamente durante los próximos años y por otro se fijan (al alza) los días laborables trabajadores que deben sumarse para acceder a la pensión máxima: 5.000 para los contratos a tiempo completo y 3.120 para los contratos a tiempo parcial). Ese cálculo, que supone un aumento de los años cotizados para llegar a la pensión máxima, apenas consigue un ahorro mínimo que llegará a su pico cuando en 2040 toque 25,2 millones de euros. Una minucia para la Comisión Europea.
La bronca va creciendo. Paul Magnette, secretario general de los socialistas francófonos, que no es ministro pero tiene una influencia clave en la coalición porque controla a sus ministros, denunció ya que la Comisión Europea “chantajea” a Bélgica y dice que su partido se negará a reformar la reforma de manera que “quite derechos a la gente”. La derecha cree que antes de reformar la reforma lo mejor sería tirar todo a la basura y empezar de nuevo.
Los socialistas, primera fuerza en Valonia, son los que más tienen que perder ahora mismo. Si ceden se les acusará de venderse y recortar derechos a los belgas durante décadas. Si no ceden serán los que habrán hecho imposible que Bélgica acceda a los fondos europeos. Los ecologistas están en una posición similar y entre los dos suman la mitad del Gobierno.
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El primer ministro De Croo adelantó a principios de año varios retoques que los partidos están negociando. Entre ellos reformar un sistema que hace que los funcionarios jubilados vean adaptar sus pensiones cada dos años a las remuneraciones que reciben los funcionarios en activo. Si estos negocian una subida del 5%, a los funcionarios jubilados se les sube el mismo porcentaje.
También otros retoques menores, como los regímenes preferenciales que tienen maquinistas de trenes y militares cuando se jubilan de forma anticipada o aumentar el período de cálculo de la pensión de los funcionarios de 10 a 15 años. El problema es que a la Comisión Europea le sigue pareciendo insuficiente.
La última idea es un acuerdo que mezcle pensiones con la actual reforma fiscal para que todos los partidos cedan algo. A cambio de que la izquierda acepte un ahorro en pensiones la derecha aceptaría que la reforma fiscal reforzara la progresividad del IRPF. A nadie le interesa la bronca y no poder sacar dos de las reformas más importantes de esta legislatura cuando las urnas llegarán en poco más de un año. Bruselas espera sin prisa.
