Casi 5.000 beneficiarios del IMV tuvieron que devolver la ayuda tras ser concedida de oficio por la Seguridad Social

“El próximo 26 de junio, 255.000 ciudadanos de nuestro país recibirán el Ingreso Mínimo Vital en sus cuentas bancarias”, anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa el verano de 2020, nada más aprobarse la ayuda destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Sánchez se refería a los 74.119 hogares que iban a percibir de oficio el IMV porque ya estaban cobrando la prestación por hijo a cargo, cuya cuantía varía, según la edad y el grado de discapacidad, de 83 a 679,9 euros al mes. Siempre que ésta no superara la fijada para el IMV, entonces entre 701,5 y 1.015 euros al mes dependiendo del tipo de hogar y número de hijos, sus beneficiarios pasaban a ingresar la ayuda creada por José Luis Escrivá.

Como con fecha del 1 de enero de cada año deben revisarse los expedientes del IMV para actualizar la prestación en función de los ingresos obtenidos el ejercicio anterior, en octubre de 2021 se cruzaron los datos de los perceptores de 2020 con los datos sobre sus rentas facilitados por la Agencia Tributaria. El resultado fue que, de 69.259 expedientes revisados, 4.706 superaban el límite de renta y, por tanto, debían darse de baja del IMV. Además, estos perceptores tenían que devolver las cantidades cobradas de forma indebida. En algunos casos, las cantidades podían alcanzar los 10.000 y los 15.000 euros, un desembolso considerable para quienes ya de por sí deben lidiar con dificultades económicas severas.

Los datos proceden de un correo con fecha de 27 de octubre de 2021 al que ha tenido acceso infoLibre y donde el subdirector general de Incapacidad Temporal y Prestaciones Económicas no Contributivas, Daniel Sánchez García, informaba a las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del resultado del cruce con la Agencia Tributaria de los expedientes de la “primera conversión” de prestaciones por hijo menor a cargo en “IMV transitorio”. Así, de los 69.259 expedientes revisados, el importe de la mayoría, 57.138, era inferior a la renta garantizada para 2020 y el de 4.613 era idéntico. Otros 807 tenían que ser dados de baja entre junio y diciembre de 2020, pero dados de alta a partir del 1 de enero de 2021 porque sí cumplían la situación de vulnerabilidad ese año. A 1.995 se les iba a reconocer de oficio el IMV con carácter excepcional, o se les daba la opción de cobrar la prestación por hijo a cargo, porque entraban en situación de vulnerabilidad económica sobrevenida.

infoLibre ha pedido al Ministerio de la Seguridad Social el número final de perceptores del IMV a los que se trasladó de oficio desde la prestación por hijo a cargo, pero el departamento asegura que carece de ese dato. Tampoco ha querido facilitar la cifra de cuántos han devuelto las cantidades percibidas indebidamente ni a cuánto ascendía cada caso individual. Pero si el número final de devoluciones se mantiene en la misma proporción que resultó a fecha de octubre de 2021, para el total de los 74.119 perceptores de la prestación por hijo a cargo reconvertidos en IMV, la cifra de beneficiarios que tuvieron que reintegrar la ayuda puede ascender a unas 5.000 personas.

Demora excesiva en el cruce de datos

El Defensor del Pueblo ha incluido en sus informes de los dos últimos años numerosas quejas sobre la tramitación del IMV, una ayuda compleja dirigida a personas para las que resultan doblemente dificultosos los trámites burocráticos y las operaciones digitales. En el informe de 2021, la institución que dirige Ángel Gabilondo explicaba que había preguntado a la Seguridad Social por los resultados del cruce de datos con la Agencia Tributaria para actualizar la prestación. El INSS le contestó que esa revisión había comenzado en octubre de 2021 precisamente con los expedientes del IMV reconvertidos de oficio desde la prestación por hijo a cargo, un proceso que, según decía, se iba a prolongar durante el último trimestre de ese año con el resto de los expedientes de la ayuda. Sin embargo, destaca el Defensor, la Agencia Tributaria le había informado de que había facilitado a la Seguridad Social, ya en julio de 2021, “los datos de renta, imputaciones e información patrimonial del ejercicio fiscal 2020”. Es decir, tres meses antes de que el INSS empezara el cruce con sus datos.

Así que el informe reprocha a la Seguridad Social la “demora” para actualizar y revisar la prestación, a efectos de 1 de enero de 2021, a los beneficiarios del IMV reconocido en 2020, puesto que algunos de ellos, añade, pudieron recibir –durante 2021– esa ayuda “en exceso y, por tanto, indebidamente”. Por ese motivo, el Defensor solicitó al INSS información sobre “la repercusión de la deuda que se hubiera podido generar por dicha circunstancia”.

En su informe de 2022, el Defensor del Pueblo repite su “preocupación” por los “perjuicios” que ocasiona el sistema de actualización del IMV. Vuelve a señalar que la demora en el cruce de datos es excesiva: la resolución no se ejecuta hasta finales de noviembre. Por tanto, los beneficiarios de la ayuda “están recibiendo durante casi todo el año una cuantía que no refleja su situación económica”. Y se les pide el reintegro cuando superan el nivel de renta establecido en la ley. El informe describe muy bien el perjuicio ocasionado: “Los ciudadanos no son conscientes de la deuda que han podido acumular y se encuentran con graves dificultades para reintegrar la prestación que han cobrado durante prácticamente todo el año, pues su situación económica sigue, en muchos casos, en el umbral de la pobreza”.

El Defensor del Pueblo entiende la “complejidad de gestión” del IMV y el “gran volumen de trabajo que genera”, por lo que concede que se produzca una “demora razonable” en las revisiones anuales de la ayuda. Pero critica el método utilizado por el INSS para actualizarla. En 2021, asegura con cifras de la Seguridad Social, 99.690 expedientes del IMV generaron prestaciones indebidas. En este momento, cobran la ayuda un total de 595.511 hogares, de acuerdo con las cifras publicadas por el ministerio el pasado viernes.

Cambios, pero no suficientes

Para resolver estos problemas, el INSS modificó el sistema de devolución de las ayudas cobradas de más. Ahora, explica el ministerio a este periódico, se compensa el importe adeudado en los siguientes pagos “de manera sencilla y menos burocrática que la que existía con carácter general para las deudas del resto de las prestaciones”.

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Sin embargo, no se ha adelantado el cruce de datos con la Agencia Tributaria y, por tanto, la revisión de las rentas. “Sigue existiendo el mismo problema cuando cambia la renta o la unidad de convivencia, el procedimiento no es lo bastante ágil”, lamenta Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia. Según explica, la creación del complemento de ayuda para la infancia ha sido un acierto y mejora la prestación por hijo a cargo, pues ha aumentado la cobertura al aplicar umbrales de renta más altos, hasta 27.000 euros para dos adultos y dos niños. La antigua prestación es ahora una ayuda a extinguir en la que no entrarán nuevos beneficiarios.

Pero aun así, la cifra de beneficiarios, lejos de los 850.000 hogares que apuntó José Luis Escrivá cuando se aprobó el IMV, indica claramente que existe “mucho margen de mejora”, subraya Ricardo Ibarra. A su juicio, el objetivo debería ser atajar no sólo la pobreza severa, sino la pobreza sin más. Y el ministerio debería trabajar para que tenga acceso a la ayuda todo el que debería, “y menos en que no se cuele nadie”, advierte. Es decir, pagar la prestación y comprobar después si se ha dado correctamente. La dificultad burocrática y de requisitos, recomienda, puede eludirse con una deducción fiscal reembolsable para la infancia, que considera una medida más adecuada.

En sus informes, el Defensor del Pueblo sugería al INSS que permitiera a los beneficiarios obligados a declarar el IRPF presentar “declaraciones voluntarias tempranas” de sus rentas e hiciera después las comprobaciones pertinentes.