La invasión rusa alienta un gasto militar récord de difícil gestión en un sector dominado por Airbus

El presupuesto del Ministerio de Defensa para este año es el mayor de la historia, 12.827,2 millones de euros. Un aumento del 26,3% respecto al ejercicio anterior que triplica la mejora de 2022. De hecho, el de Margarita Robles es el ministerio que recibe el máximo impulso, por encima del 17,2% de Igualdad o del 14,9% de Exteriores. Sólo Inclusión y Seguridad Social cuenta este año con un presupuesto más abultado que Defensa. Tiene la culpa la guerra de Ucrania, que se ha convertido en un auténtico revulsivo para la industria de defensa española. Hasta el punto de que el alza de este año se interpreta ya como el comienzo de un ciclo expansivo, gracias al compromiso de Pedro Sánchez de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para 2029, el objetivo anhelado por la OTAN pero que sólo cumplen siete de sus miembros.

De alcanzarse, España gastará dentro de seis años más de 26.000 millones de euros, porque ahora, aun con una cifra récord, se queda en el 1% del PIB. Sólo Luxemburgo gasta menos en relación con su PIB, un 0,62%, según las cifras de la propia Alianza Atlántica. Estados Unidos, el miembro de la OTAN que más dinero dedica a defensa, emplea el 3,46% de su PIB en armarse.

Esa lluvia de millones es “a priori una oportunidad, pero eso no quiere decir que se aproveche como debería”, precisan no obstante fuentes del sector consultadas por infoLibre, que echan de menos una “estrategia militar y de inversión actualizada”. “La que tenemos”, añaden, “es de 2015”. No hay, aseguran, una estrategia clara del papel que España debe tener en defensa. Además, el ministerio no tiene capacidad ni personal suficiente para gestionar el volumen adicional de dinero comprometido y “traducirlo en programas de inversión”.

El departamento que dirige Margarita Robles aún no ha publicado el informe del sector correspondiente a 2022, pero las grandes empresas ya han destapado unas cuentas espléndidas para el ejercicio de la invasión rusa.

El gigante europeo Airbus, participado por los gobiernos francés, alemán y español –a través de la SEPI posee un 4,1% de las acciones–, tiene tres filiales en territorio nacional: Airbus Defence and Space, Airbus Military y Airbus Helicopters España, que juntas suman el 53,2% de la facturación del sector de defensa español. En 2022 el grupo se apuntó un beneficio récord de 4.247 millones de euros, tras aumentar sus ingresos un 13%, hasta los 58.900 millones. Su negocio en defensa creció un 11%. Y acaba de anunciar que contratará a 1.000 trabajadores en España este año para hacer frente al aumento de producción previsto.

Los astilleros públicos Navantia, que suponen el 13% de la facturación del sector, confían en volver a beneficios, después de 14 ejercicios con números rojos. De hecho, en 2021 y tras aumentar sus ingresos un 20% anual, redujeron sus pérdidas a 82,4 millones, tras dejar atrás el récord de 296 millones con que terminó 2017.

El tercero en el ranking nacional de defensa, la semipública Indra, cerró 2022 con una cartera “en máximos históricos” y se expresa en los mismos términos sobre el primer trimestre de este año. El ejercicio pasado su contratación creció un 29% gracias al empujón del negocio de defensa y seguridad, que se disparó un 52%. En el comienzo de 2023, el aumento ha sido del 16%, gracias precisamente a los proyectos conseguidos en España, según destaca la propia empresa. Los últimos, y polémicos, movimientos en el consejo de administración de Indra van encaminados a hacer realidad los deseos del Gobierno de reorientar la actividad de la compañía hacia el negocio de la defensa.

“No pueden diseñar un cazabombardero o un blindado”

Sin embargo, por debajo de estas cinco grandes, la industria española de defensa se compone sobre todo de medianas y pequeñas empresas que viven de suministrar productos y servicios a las compañías “tractoras”, tal y como las describe Defensa. No es sólo que Airbus suponga más de la mitad de la facturación de todo el sector: 36 empresas aglutinan el 90% del mercado. Las pymes –las que superan los 250 empleados no representan más que el 19,6%– “carecen de productos propios en grandes sistemas o plataformas como aeronaves de combate, sistemas de misiles o satélites”, describe el último informe del sector publicado por el Ministerio de Defensa con cifras de 2021. “No pueden diseñar un cazabombardero o un blindado, sólo suministrar subsistemas o componentes”, explican gráficamente las fuentes consultadas.

Esta red de medianas y pequeñas empresas aún no ha notado en sus cuentas de resultados el viento de cola de la invasión rusa. “España sólo ha enviado armas y munición a Ucrania de las que tenía en stock”, continúan las fuentes del sector. Hasta el momento, el nivel de implicación español en la guerra ha sido “escaso” y la ayuda proporcionada, “muy de segundo nivel”, recuerda por su parte Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. En realidad, las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, no sentirán los efectos de la guerra en el este de Europa hasta dentro de tres, cinco o más años. “Hacen falta meses para dimensionar las cadenas de producción”, advierten las fuentes consultadas. Y eso confiando en que se cumpla el compromiso de seguir aumentando el presupuesto de defensa hasta es el 2% del PIB requerido por la OTAN. “Nada garantiza que se mantenga esa promesa y no se echen atrás futuros gobiernos, como ya se incumplió antes”, advierten, en referencia a un objetivo que fijó en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy pensando en 2024.

La óptica de Núñez Villaverde es muy distinta. Según recalca, el gasto público español en defensa ya está en ese 2% del PIB si a las partidas del ministerio de Margarita Robles se suman las que se reparten en otros departamentos del Gobierno. Se refiere a las cuentas que ha echado el Centro Delàs de Estudios por la Paz, una entidad independiente dedicada a la investigación del armamentismo desde una perspectiva pacifista: este año el gasto militar público ascenderá a 27.617,45 millones de euros, el 2,17% del PIB. Delàs añade al presupuesto de Defensa los créditos I+D que el Ministerio de Industria concede a empresas para producir nuevas armas, las aportaciones a organismos internacionales –como la OTAN– desde Asuntos Exteriores y el gasto en misiones militares en el extranjero, pero también las partidas asignadas a la Guardia Civil como cuerpo militarizado, el gasto en las clases pasivas militares, la mutua militar Isfas, las pensiones de guerra e incluso los intereses de la deuda pública dedicada a defensa.

Siguiendo esos cálculos, Delàs proyecta que el gasto militar en 2029 se situará en 40.000 millones de euros.

Además, el centro pone el foco en otras cifras de récord del presupuesto de este año, como el 30% en que crece la inversión en defensa: 7.743 millones, tres de cada 10 euros. Mucho mayor es el alza de los créditos de I+D del Ministerio de Industria, un 126,09%: 1.601 millones de euros.

Casi 400 empresas que facturan 6.582 millones

Con los últimos datos disponibles, de 2021, la industria de defensa española facturó 6.582 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior. El sector lo componen 394 empresas, que se amplían hasta 544 contando con las que suministran equipos también para fines civiles. De la facturación total, 1.428 millones son ventas directas al Ministerio de Defensa, que aumentaron considerablemente, un 19%, respecto a 2020. Es decir, el ministerio es el principal cliente de muchas de estas empresas. De hecho, la próxima semana la industria mostrará su buen estado de ánimo en la feria anual que organiza la Fundación Feindef, presidida por el exministro de Defensa Julián García Vargas y cuyo patronato integran el propio ministerio y las dos patronales del sector, Teade y Aesmide. “También se ha convertido [el ministerio] en su agente comercial en el extranjero”, critica Jesús Núñez Villaverde. Porque el resto de la facturación –casi cuatro veces más de lo que venden a Defensa– procede de las exportaciones, buena parte de las cuales se canaliza a través de programas internacionales como los PADR –60,2 millones–, EDIP –500 millones– y Pesco.

Además, el Fondo Europeo de Defensa (FED) liberará casi 9.000 millones de euros hasta 2027 para financiar proyectos de colaboración. Cincuenta y dos empresas españolas recibirán 96,2 millones de la primera convocatoria. Aparte contabiliza el ministerio las subcontrataciones o ventas indirectas, que crecieron un 28,4% en 2021, hasta alcanzar los 1.627 millones de euros.

De ese volumen de negocio, el 59% corresponde a la actividad aeronáutica y el 15,4% a la naval, otra muestra más del dominio de Airbus y, en menor medida, de Navantia, en el sector.

Grandes empresas tractoras y pymes dependientes

“La industria española de defensa es bastante particular”, conceden las fuentes del sector consultadas. Y no sólo por su dependencia de las grandes empresas “tractoras”. La principal, Airbus, resulta ser un grupo internacional; Navantia, un astillero público que, gracias a su consideración de activo estratégico, se mantiene pese a sus pérdidas continuadas; e Indra, que pertenece en un 25% a la SEPI, es “un campeón nacional, una empresa puntera” pero, con una facturación de 3.851 millones, se sitúa lejos de, por ejemplo, su competidor italiano, Leonardo, que supera los 14.000 millones en ingresos.

A su lado, la red de pymes del sector ha conseguido dirigir su negocio a la exportación, de forma que el 78,3% de las ventas de defensa de la industria nacional se dirigen al exterior: 128 de las 394 empresas que la componen salieron al extranjero en 2021. Así, España figura como el séptimo país exportador de armas del mundo. Núñez Valverde matiza que ese puesto en la clasificación mundial es engañoso, el resultado de que en España se lleve a cabo la última fase de ensamblaje del armamento. Las fuentes del sector apuntan, además, a la dependencia tecnológica de las empresas. Por ejemplo, Navantia construye submarinos y fragatas, pero con sistemas de combate diseñados en Estados Unidos. De nuevo, Airbus marca el paso, concentrando el 61,5% del negocio internacional. Si se añaden las exportaciones de Navantia, Indra, Santa Bárbara –antes pública y hoy integrada en General Dynamics–, Explosivos Alaveses e ITP Aero, la cuota de mercado de estas cinco compañías alcanza el 87,6% de las ventas al exterior del sector.

Como queda dicho, la mayor parte de las exportaciones se realizan a través de programas internacionales –3.308 millones, el 61,3%–; el resto son ventas directas a otros países. Una parte considerable de esos programas se traduce en ventas a consorcios como el del avión de transporte A400M de Airbus o el del caza Eurofighter –integrado por la británica BAE Systems, Airbus y Leonardo–. Pero después, el principal cliente de las empresas españolas de armamento es Arabia Saudí, que se lleva casi el 25% de las exportaciones directas, 491 millones de euros en 2021. También son clientes distinguidos –además de Francia, Alemania o Estados Unidos–, Emiratos Árabes Unidos u Omán –66 millones cada uno–. “España exporta armas a países a los que no debería según su propia legislación”, objeta Jesús Núñez Valverde, “pero también les venden todos los demás, así que lo hacemos nosotros y mantenemos el empleo...”.

“Nunca ha sido una prioridad ni de los gobiernos ni de la sociedad española”

El del empleo –26.987 puestos de trabajo directos, 27.797 indirectos y 10.795 inducidos– es uno de los argumentos recurrentes para vender a una opinión pública poco receptiva los beneficios de la industria de defensa. Otros son, dice Núñez Valverde, el desarrollo tecnológico y del tejido productivo que propician las empresas de armamento. Para las fuentes del sector a las que ha preguntado este periódico, ésa es una manera “errónea de abordar la cuestión”. A su juicio, existe un problema de comunicación política: los gobiernos no creen que la sociedad sea lo bastante “madura” para plantearle la necesidad de contar con una industria militar potente. “Las armas no matan, son las personas las que lo hacen; las armas sirven para evitar guerras”, aseguran. Aunque también admiten que el gasto en defensa “nunca ha sido una prioridad ni de los gobiernos ni de la sociedad española”.

España vendió armas a Arabia Saudí por importe de 2.700 millones desde 2005

Ver más

Una percepción que parece haber cambiado con la invasión de Ucrania. “Ya no se puede hacer la vista gorda con la amenaza, que se ha convertido en evidente”, sostienen, “mientras que los problemas de seguridad tradicionales de España siguen ahí –el Sahel, el Magreb–, entran en la agenda política y se usan para justificar el aumento del gasto”.

Sin embargo, Jesús Núñez Villaverde replica que la guerra en Ucrania no ha abierto un nuevo ciclo inversor, toda vez que el auge del gasto militar ya venía produciéndose sin cesar “en todo el planeta” desde el comienzo del siglo. La invasión rusa lo que ha hecho es acelerarlo, “militarizando la agenda internacional, dejando de lado cuestiones como la paz social y ampliando las brechas de desigualdad, lo que a su vez alimenta dinámicas más violentas, que se enfocan desde una perspectiva reactiva y no preventiva, basada en la seguridad humana”, explica. A su juicio, la creciente inversión en defensa que se avecina no se está produciendo en el mejor momento, tras la pandemia y en plena crisis inflacionista. “La sociedad debe decidir en qué cesta quiere poner más huevos, si en sanidad, educación y políticas sociales, o en defensa”, resume.

La industria militar española también pide definición a los poderes públicos, pero desde otro ángulo. Lo explicó Ricardo Martí Fluxá, presidente de una de las dos patronales del sector, Tedae, y ex secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de José María Aznar, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa. “Que sepamos qué queremos ser y dónde queremos estar dentro de 10, 15 o 20 años es básico para la inversión de la industria y el desarrollo tecnológico”, destacó en una entrevista en la web especializada Escudodigital, “porque la libertad y seguridad de los españoles no pueden quedar sujetas a diferencias ideológicas, tanto la sociedad como la industria necesitan unas pautas claras”.