56 actuaciones policiales y riesgo medio: el feminicidio de Oia vuelve a evidenciar los fallos en la protección

Tenía 44 años cuando su expareja terminó con su vida. Es la última víctima mortal que ha dejado la violencia machista, este sábado en Oia (Pontevedra). Su maltratador –que tras cometer el feminicidio se suicidó– no tenía licencia de armas, pero atacó a su víctima de un disparo que resultó ser mortal. Era guardia civil, tenía una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con su expareja. Había sido denunciado en abril y desde entonces, las fuerzas de seguridad realizaron más de cinco decenas de intervenciones policiales. La evaluación del riesgo efectuada por las autoridades se instaló en un tibio y del todo insuficiente "medio", incapaz de prevenir el asesinato. "Estas cosas suceden, lamentablemente", sentenció la delegada del Gobierno en Pontevedra. El feminicidio que acaba de ser confirmado este lunes pone en evidencia otro nuevo fracaso del sistema y constata, una vez más, los fallos en la protección de las mujeres.

56 intervenciones de la Guardia Civil en dos meses. ¿Qué significa exactamente? Según detalló la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, se trata de "seguimiento de la víctima para constatar que la persona no está quebrantando la condena", algo que "se hace de manera normal y forma parte de la protección". Según el protocolo, las medidas de protección obligatorias para los casos de riesgo medio exigen, entre otras, el "control ocasional de la víctima en domicilio y lugar de trabajo". La víctima de Oia, Ana Vanessa Serén, fue asesinada a las puertas de su trabajo.

El protocolo también obliga a tomar medidas sobre el maltratador, como "instar a la Fiscalía el seguimiento obligatorio del agresor a través de la asignación de un dispositivo telemático de control" o la comprobación "periódica del cumplimiento de las medidas judiciales de protección impuestas". Las 56 intervenciones policiales no fueron capaces de determinar la existencia de un riesgo superior al observado inicialmente.

Fuentes del Ministerio del Interior explican, a preguntas de infoLibre, que el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia machista (VioGén) "está dando buenos resultados, pero está siempre en constante evaluación". Las mismas fuentes aseguran que "esa es la garantía de su funcionamiento" y en esa tarea están "todos los actores que intervienen en el sistema" y que trabajan para "mejorar los mecanismos de protección". Respecto al caso de Oia, afirman que "será en breve examinado por la Mesa de Evaluación y Seguimiento de los Casos Letales de Violencia de Género, creada el pasado mes de diciembre para analizar todos los casos en los que se producen víctimas mortales, al objeto de determinar si pudo producirse alguna disfunción subsanable y prevenir así que puedan reproducirse situaciones similares en el futuro".

Pero lo cierto es que el pasado ya deja experiencias similares. O al menos situaciones en las que se constatan los evidentes fallos del sistema. El 28 de mayo una mujer fue asesinada en Vitoria. Estaba embarazada y su expareja había quebrantado la orden de alejamiento. En 2019, otra mujer asesinada en Dénia (Alicante) estaba en el sistema y su riesgo era medio; en 2018 un hombre mataba a sus dos hijas en Castellón, después de que la madre denunciara amenazas y la jueza no viera motivos para ordenar su protección; en 2017 otra mujer de 28 años era asesinada a las puertas del colegio de sus hijos, tras haber denunciado hasta en cuatro ocasiones a su agresor y después de que este quebrantara la orden de alejamiento. El 21,6% de las víctimas mortales de violencia machista registradas desde el año 2003 sí había dado el paso de denunciar, pero el sistema no supo protegerlas.

En enero de este año, más de cuarenta organizaciones de mujeres rubricaron un comunicado en el que situaban la protección de las mujeres entre sus principales preocupaciones. Las entidades, que forman parte del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y del Consejo de Participación de la Mujer, advertían entonces de que los sistemas de valoración de riesgo "están fallando".

No son las únicas que así lo expresan. Una auditoría externa puesta en marcha por la Fundación Éticas y la Fundación Ana Bella determinó recientemente que el Sistema VioGén adolece de falta de transparencia, preguntas demasiado rígidas y evaluaciones que vienen determinadas por los recursos policiales disponibles a la hora de asignar el nivel de riesgo. Y la Fiscalía General del Estado lleva años poniendo la lupa en la otra pata de la evaluación de riesgo: las Unidades de Valoración Forense Integral. "Se hace necesario dotar a las unidades especializadas de personal y recursos que faciliten la asistencia a las víctimas en el servicio de guardia de forma homogénea y en todo el territorio nacional", advierte en su Memoria de 2022. En provincias como Madrid, Valladolid, Huesca, Zaragoza, Tenerife o Balears ni siquiera existen unidades especializadas adscritas a los juzgados de violencia sobre la mujer.

Consuelo Abril, abogada especializada en violencia sobre las mujeres, es tajante: "Lo que falla es el protocolo en sí mismo". A su juicio, cargar el peso de la valoración en la autopercepción de riesgo de las mujeres es peligroso, puesto que operan sesgos marcados por la extrema dependencia hacia el maltratador y por la justificación de determinados indicadores de violencia bajo la mirada de la víctima. "El cuestionario está pensado como si fuera un hecho delictivo de cualquier orden", denuncia la letrada. 

Pero incluso cuando la valoración del riesgo es correcta, cabe preguntarse "qué podemos hacer para que se materialice en acción", completa el médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente, quien dice ser consciente de la falta de recursos, pero se pregunta por qué razón no se refuerzan. Por ejemplo, cuestiona, "por qué no se utilizan más las pulseras cuando se detecta riesgo o por qué no las impone la policía". A día de hoy, los dispositivos de control telemático se acuerdan bajo criterio judicial, incluso en los casos de riesgo extremo y aun existiendo orden de alejamiento. "Es importante no dejar paso a la arbitrariedad, porque cuando damos espacio a la subjetividad estamos concediendo espacio a favor del agresor", expone.

El médico forense reivindica además el trabajo de las citadas Unidades de Valoración Forense, porque se lleva a cabo "sobre el agresor, no sobre la víctima" y en base a un "criterio valorativo de la evolución del riesgo a partir del que hizo previamente la policía". 

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"Estas cosas suceden, lamentablemente. Por muchos medios que pongamos, por muchos recursos…", declaró la subdelegada del Gobierno en Pontevedra. Lorente advierte de cómo ese discurso permea ya en gran parte de la sociedad: "El argumento de que esto ha pasado siempre aparece ya en algunas encuestas que estamos viendo y es lo que se utiliza para decir 'nosotros hacemos lo que podemos, pero va a seguir pasando". Abril no titubea a la hora de hablar de "violencia institucional" y recuerda que no valen excusas: "El Estado tiene que ser garante de la protección de sus ciudadanos: ya no vale decir que la víctima no denunció, no vale hacer que asuma todo el peso de su defensa".

En octubre del año pasado, el Ministerio del Interior admitió que la Guardia Civil no había auxiliado y protegido a Lucía Patrascu. En mayo de 2016, fue asesinada a manos de su marido en la localidad mallorquina de Pollença. Seis años después, el ministerio acordó indemnizar a sus dos hijos tras haber apreciado un funcionamiento "anormal" de los servicios públicos en la asistencia a la mujer. En 2018, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pidió perdón a la familia de Maguette Mbeugou, víctima mortal de violencia de género que fue asesinada pese a haber seguido los cauces formales de denuncia. Pero también a la sociedad en general, por las deficiencias en los juzgados: "Esto es un fracaso de la justicia con mayúsculas". 

Pero el precedente en cuanto a la responsabilidad del Estado tiene un nombre: Ángela González. En el año 2003, perdió a su hija de siete años durante el régimen de visitas con su padre. González había denunciado a su exmarido una treintena de veces por amenazas y agresiones, pero no sirvió. La ONU dictaminó en agosto de 2014 que el Estado había sido responsable. No son muertes inevitables, ni fortuitas, ni arbitrarias: son la consecuencia última de una forma de violencia estructural que debe ser combatida, sin matices, por los poderes públicos. No hacerlo es, sencillamente, un fracaso del sistema que las instituciones no pueden ignorar.