Las víctimas de violencia machista podrán conocer sin denuncia previa el pasado penal de sus agresores

El Ministerio de Igualdad se ha reunido este viernes con las comunidades autónomas para analizar los cinco asesinatos machistas que se han confirmado este mes de mayo. Lo ha hecho alrededor del comité de crisis, una figura pensada para revisar los fallos en el sistema en momentos de repunte de feminicidios y el tercero que se ha convocado desde que se consensuó su creación en julio del año pasado. Una de las propuestas que ha trasladado el departamento de Irene Montero es la de permitir que las víctimas de violencia de género que así lo soliciten puedan conocer cualquier antecedente penal de su agresor, incluso si no han dado el paso de denunciar.

Así lo han anunciado en rueda de prensa tras el encuentro la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. La propuesta busca ampliar aquella otra trazada en diciembre por el Ministerio del Interior respecto a los "agresores persistentes", por la que las mujeres que figuren en el Sistema VioGén –de seguimiento integral de los casos de violencia machista– puedan estar informadas de si su agresor ha sido denunciado previamente por casos de violencia machista, siempre que esta circunstancia constituya "un factor de riesgo especial para ella y para las personas que de ella dependan". Igualdad quiere ir más allá e informar a las mujeres sobre cualquier antecedente penal de sus presuntos agresores, como delitos violentos o casos de agresiones sexuales, ha puesto de ejemplo la delegada del Gobierno.

La iniciativa, que debe ser analizada por el Ministerio de Justicia, plantea además que la información sea accesible no para las víctimas que ya hayan dado el paso de denunciar, sino para las mujeres que se acercan a recursos especializados –ONG, asociaciones de mujeres, servicios de asesoramiento y otras instancias que se pueden consultar en este enlace– para buscar ayuda. La idea que subyace es la de, a través de esta información, diluir cualquier "autojustificación de la violencia" y que sea la propia víctima la que tenga todo el conocimiento necesario para su "autoprotección", que ella misma pueda "valorar el riesgo" y de esta manera "incentivar la denuncia", ha completado Rosell.

"Nuestra propuesta es clara: ir más allá de que una mujer que va a comisaría y denuncia se le comuniquen los antecedentes penales de su agresor en Viogén", en palabras de la delegada del Gobierno. "Nosotras queremos ir a las mujeres que no denuncian. La propuesta, lo que queremos que el Ministerio de Justicia estudie, es que si una mujer va a un servicio especializado y todavía no se ha decidido a denunciar o no está en condiciones de hacerlo, pueda valorar el riesgo, tanto el servicio como ella, e incluso incentivar la denuncia" a través de un "punto focal de función pública" que "con la debida seguridad y protección de datos", mediante la labor de "un funcionario, funcionaria o autoridad", pueda consultar los antecedentes previa petición de la mujer y "ayudarla a tomar esa decisión".

Equiparar las ayudas a las de víctimas del terrorismo

Entre las medidas consensuadas en el comité de crisis, que deberán ser aprobadas por la Conferencia Sectorial de Igualdad, se incluye asimismo la de equiparar las ayudas destinadas a las familias de las víctimas de violencia de género, reguladas en base a la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, con las que reciben las víctimas de terrorismo, contempladas en la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Ángela Rodríguez ha explicado que, en caso de crímenes mortales, las primeras reciben ayudas de 90.000, mientras que la cuantía a las familias de víctimas que han perdido la vida en actos de terrorismo asciende a los 250.000, una "diferencia extraordinaria", ha recalcado.

Por otro lado, también relacionado con la coyuntura económica, la secretaria de Estado ha deslizado la necesidad de mejorar el Fondo de garantía de pago de alimentos, tras constatar la "baja cuantía" de la pensión de alimentos percibida por uno de los menores que finalmente han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género este mes de mayo. Igualdad propone modificar el Fondo de garantía para incluir, además de a los menores, a personas dependientes y a hijos e hijas de hasta 26 años en caso de que así lo requiera la situación. Además, creen importante "aumentar el umbral de ingresos, ahora mismo en 8.000 euros" y ampliar la cuantía que se percibe mensualmente en términos de anticipo, "ahora en 100 euros ampliable a 500".

En cuanto a las medidas de protección, el comité de crisis ha mirado con lupa las posibles fallas a la hora de proteger a las víctimas. Y han alcanzado varias conclusiones y algún acuerdo. Por ejemplo, revisar la trascendencia del embarazo como un factor de riesgo y vigilar la concesión de las órdenes de protección a los menores de edad. Entre los casos revisados, dos hechos sangrantes: dos menores presenciaron el asesinato de sus madres y "ninguno tenía su propia orden de protección". Además, Igualdad apuesta por que la orden de protección, en el caso de mujeres embarazadas, sea extensible al bebé una vez nazca. Dos de las víctimas mortales confirmadas este mes estaban embarazadas.

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Desde que el Ejecutivo puso en marcha la figura de los comités de crisis hace casi un año, el ministerio lo ha convocado hasta en tres ocasiones: una en diciembre, otra en enero y esta última. A principios de marzo, la Conferencia Sectorial de Igualdad –formada por ministerio y comunidades– acordó un plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres (2023-2027), en el que se contenían algunas de las medidas acordadas en los comités, como el acceso a alternativas habitacionales de forma automática para las víctimas en situación vulnerable y riesgo alto.

"Hemos aprobado los dos informes de los comités de crisis que hemos celebrado en enero y en diciembre", anunciaba entonces la secretaria de Estado. Estos comités, añadía, "crean una serie de recomendaciones" acordadas conjuntamente con las administraciones autonómicas que saldrán adelante "con medidas que son de gran relevancia puesto que hablan de las carencias que nos hemos encontrado en el análisis minucioso de cada uno de los casos de feminicidios que hemos analizado". La aprobación de estos informes, subrayaba, "demuestra que queremos aprender de cada caso, de cada asesinato, para revisar qué ha fallado". Y esta es una nueva práctica, remataba, con vocación de permanencia.

Este viernes, preguntadas por la implantación de las medidas pactadas, tanto la delegada del Gobierno como la secretaria de Estado recalcaron que aquellas que son competencia del Ministerio de Igualdad se ponen en marcha "de inmediato", pero las que llevan implícitas modificaciones legislativas y las que dependen de la acción de otras administraciones avanzan a paso lento. "Muchas de las medidas requieren modificaciones normativas", por lo que algunas se han visto afectadas por la disolución de las Cortes Generales, ha subrayado Rodríguez. Otras, ha asegurado, intentarán salir adelante "en lo que resta de legislatura".