Cinco feminicidios y un comité de crisis: así es la respuesta de Igualdad ante el repunte de asesinatos

Este sábado, una mujer de 32 años fue asesinada en Vitoria (Araba) a manos de su cónyuge. Tenía una hija menor y estaba embarazada de gemelos. Había presentado denuncias previas contra su agresor, pero el grito de auxilio no fue suficiente para frenar el que es ya el quinto feminicidio del mes de mayo. Este último crimen machista ha activado un resorte previsto por el Ministerio de Igualdad: la figura del comité de crisis. 

En julio del pasado año, el Gobierno acordó la puesta en marcha de esta figura a partir de concentraciones de cinco o más feminicidios en el plazo de un mes. El objetivo: analizar los casos y reflexionar sobre la respuesta institucional, junto a las comunidades autónomas. Desde entonces, el ministerio timoneado por Irene Montero lo ha convocado hasta en tres ocasiones: una en diciembre, otra en enero y esta última. La reunión se celebrará este viernes a las 9 horas.

La simple reflexión alrededor de una situación calificada de urgente y su respuesta institucional, suscita algunos interrogantes: ¿qué medidas inmediatas se pueden adoptar? ¿Para qué sirve un comité de crisis? ¿En qué aspectos hay que intervenir de manera urgente?

Quienes llevan años trabajando en la lucha contra la violencia machista y haciendo seguimiento de las políticas públicas implementadas contestan con honestidad: "Si hay alguien que en este momento esté pensando que hay una acción individual que pueda emprender la administración pública para acabar de un chasquido con los asesinatos, se equivoca", resume Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. 

A la misma conclusión llega el médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente. Quizá el término escogido, comité de crisis, dé pie a la confusión y genere unas expectativas en relación a la respuesta institucional que no se ajustan a la realidad, pues lo cierto es que el trabajo contra la violencia de género es gradual, paulatino y no siempre de efectos inmediatos. "La evolución de la violencia de género no se caracteriza por una situación puntual de crisis sobre la que incidir para evitar la acumulación de casos", sino que responde a un "problema estructural con una base continuada de todos los días", recalca el experto.

Tras la última reunión del comité de crisis, a finales de enero, fueron varias las conclusiones que emanaron del análisis de cada caso. Ese estudio derivó en la necesidad de implantar diversas medidas que contribuyeran a enyesar brechas y a tejer una red sólida de políticas públicas, basadas fundamentalmente en la detección precoz y sostenidas sobre una mejor coordinación interinstitucional. 

Entre las medidas sugeridas, se encontraba la necesidad de ofrecer una alternativa habitacional o el acceso al ingreso mínimo vital, de manera automática, para aquellas mujeres en riesgo alto y en situación de vulnerabilidad. Esta respuesta se trazó después de constatar que una parte de las víctimas atravesadas por la precariedad material no habían podido emanciparse de sus maltratadores y romper con la violencia debido a su situación económica. 

También se acordó mejorar los servicios públicos e implantar mecanismos de puntos violeta en las zonas rurales, donde las víctimas tienen un acceso limitado a las redes de ayuda. La mejora de los recursos especializados en salud mental, la respuesta a situaciones de drogodependencia y adicciones fueron otros de los ejes estudiados en el seno del comité, así como la extensión de ayudas a hijos mayores de edad y otros familiares. La implantación de estas propuestas no era, tal como anunció entonces el equipo de Irene Montero, inmediata, sino que debía ajustarse a unos plazos.

A principios de marzo, la Conferencia Sectorial de Igualdad –formada por ministerio y comunidades– acordó un plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres (2023-2027), en el que se contenían algunas de esas medidas y por el que se repartían 177 millones de euros entre los gobiernos autonómicos. "Hemos aprobado los dos informes de los comités de crisis que hemos celebrado en enero y en diciembre", anunciaba entonces la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Estos comités, añadía, "crean una serie de recomendaciones" acordadas conjuntamente con las administraciones autonómicas que saldrán adelante "con medidas que son de gran relevancia puesto que hablan de las carencias que nos hemos encontrado en el análisis minucioso de cada uno de los casos de feminicidios que hemos analizado". La aprobación de estos informes, subrayaba, "demuestra que queremos aprender de cada caso, de cada asesinato, para revisar qué ha fallado". Y esta es una nueva práctica, remataba, con vocación de permanencia.

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Es ahí, en el examen de cada caso y en el propósito de reeditar dicha evaluación, donde ponen el acento los expertos. "El hecho de que las instituciones y los poderes públicos implicados en la lucha contra la violencia machista se reúnan para ver las diferentes circunstancias y situaciones que pueden haber fallado, representa parte del aprendizaje", resalta Soleto. Es decir, no se trata de encontrar la fórmula secreta que resuelva mágicamente un problema estructural como la violencia de género, sino de avanzar en el diagnóstico y la implantación de medidas que vayan a la raíz y cuyos resultados deberán ser auditados con el tiempo. 

Desde la aprobación de la Ley contra la violencia de género en 2004, rememora la activista feminista, las expertan han pedido "coordinación interinstitucional, a todos los niveles y en todos los departamentos", porque la respuesta "a cada uno de los casos tiene un itinerario institucional" del que dependen, en buena parte, la efectividad de las políticas públicas. Se trata de escudriñar cada respuesta que reciben las mujeres en todos los ámbitos: si el médico de cabecera supo ver las señales, si el policía fue quien de entender sus necesidades, si el trabajador social ofreció el acompañamiento necesario para iniciar el camino de ruptura con la violencia. 

¿Qué estudiará el comité de crisis este viernes? Los cinco feminicidios confirmados en mayo y todas las características que rodean a cada caso. Por ejemplo, que en dos de los crímenes las mujeres estaban en fase de separación, que en tres existía convivencia y que en cuatro no se había registrado ninguna denuncia previa. Y entre todas esas circunstancias, el reto principal es el de encontrar qué ha fallado para que el sistema no haya sido capaz de tender la mano a las víctimas.