El protocolo de la banca para socorrer a los hipotecados es un fiasco: ¿hay que usar ayudas como plantea Sumar?

El Código de Buenas Prácticas sigue sin funcionar. La gran herramienta acordada, tras muchos tira y afloja, entre el Gobierno y las entidades bancarias para socorrer a los hipotecados en apuros sigue sin tener una acogida relevante entre los potenciales beneficiarios. En noviembre, cuando se alcanzó el pacto, el Ejecutivo estimó que se acogería un millón de personas. El Banco de España, unas 200.000. Ocho meses después de su aprobación, la cifra es incierta, pero no dista mucho de unos 10.000 solicitantes.

Sobre ello se ha referido la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, este lunes. Esta semana se va a reunir con las asociaciones de consumidores, así como con las entidades financieras, para analizar si hay algo que esté fallando. Para ello, Economía ha solicitado al Banco de España un informe, que dilucide si la falta de solicitantes es debido a los obstáculos de los requisitos, a que las medidas no son útiles o, el escenario más optimista, a que no estén haciendo falta.

“El factor fundamental que hace que estemos en un escenario diferente es la buena marcha de la economía y del empleo”, afirmó Calviño, durante una entrevista en RNE. “En otoño no esperábamos estar como estamos con 20,8 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Es que tenemos 1,3 millones de personas más con empleo que antes de la pandemia. Los salarios también se están recuperando. Hemos subido el salario mínimo, y los salarios medios también se están recuperando. Eso es lo que explica que las familias estén en una situación mejor que lo que previmos el año pasado”.

Yolanda Díaz ha ido más lejos y anunció la semana pasada una medida en el programa de Sumar: un bono de emergencia para ayudar a las familias que estén en apuros. La medida tendría un coste fiscal de 1.000 millones de euros. Calviño ha criticado este martes la propuesta: “Lo que no puede ser una solución es utilizar dinero público para subvencionar a los bancos, eso ya sabemos que fue la solución del Partido Popular durante la última crisis financiera y no tenemos que volver atrás”, ha espetado la vicepresidenta primera.

“Mi perspectiva como economista es que no es una medida muy adecuada”, afirma Antoni Cunyat, que imparte Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya. “Las familias sin recursos o pobres no se pueden permitir una hipoteca. Eso sería destinar más recursos a familias de clase media, no realmente a las más necesitadas”, añade.

Socorrer a los hipotecados

El incremento de los tipos de interés ha elevado el euríbor al 3,86% de media mensual en mayo, una cifra que no se alcanzaba desde finales de 2008, en pleno estallido de la crisis financiera global. Es consecuencia del aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, al ritmo más vertiginoso de su historia: 400 puntos básicos en menos de un año. Desde el 0% que ha guiado la política monetaria durante seis años, etapa finiquitada en julio de 2022, hasta el 4% que han alcanzado en junio.

La consecuencia para las aproximadamente cuatro millones de familias hipotecadas a tipo de interés variable es un aumento medio estimado de unos 250 euros de cuota mensual. Esto, junto con el aumento de precios de los carburantes, las facturas y los alimentos, ha llevado al límite a muchas familias, lo que llevó al Gobierno y a los bancos a abordar una tensa negociación. El acuerdo se anunció a las 11.15 de la noche del 21 de noviembre, tras un día de arduo cónclave.

El acuerdo final amplió el Código de Buenas Prácticas creado en 2012 y permite a las familias reestructurar el préstamos hipotecario con una rebaja del tipo de interés durante el período de cinco años de carencia. También se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de una vivienda y se contempla una segunda reestructuración, en caso de ser necesario. Los hogares con renta inferior a 25.200 euros que dediquen más del 50% a la hipoteca, podrán acogerse al Código con una carencia de dos años y un alargamiento de plazo de hasta siete años. 

Al día siguiente, los bancos anunciaron en cascada que se adherían al acuerdo, pero paralelamente, fue objeto de críticas de multitud de organizaciones. Comisiones Obreras lo tachó de “insuficiente” y la asociación de consumidores Asufin criticó que los alargamientos de plazo no son “neutrales para el consumidor”. Yolanda Díaz, así como otros políticos del espacio de Unidas Podemos, criticaron por aquel entonces el programa para hacerlo.

Este lunes, este periódico ha consultado a las cinco grandes entidades bancarias españolas: Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter. De estas, solo Caixabank, que es la entidad con mayor cuota de mercado con diferencia, ha respondido: hasta la fecha se han acogido unos 7.000 clientes al Código de Buenas Prácticas. El resto o no han contestado o se han remitido a las informaciones que publica la Asociación Española de Banca.

A consultas de infoLibre, esta organización informó que en estos están actualizando el dato, por lo que se remiten a la última cifra publicada, a mediados de abril: unos 9.000 clientes de las entidades se han acogido. Esto queda muy lejos de las expectativas del Gobierno, que esperaban un millón de acogidos.

Ante el fiasco… ¿ayudas públicas?

Como consecuencia, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha anunciado este lunes que esta semana se reunirá con las asociaciones de consumidores, así como con las entidades financieras para comprobar si hay algún problema: “Si se están denegando las solicitudes o si son los ciudadanos los que no lo están solicitando, porque no lo necesitan o porque creen que puede ser perjudicial estas medidas de alivio”, ha expresado. 

La vicepresidenta primera sí ha detectado “mucho cambio de hipoteca de variable a tipo fijo” y amortizaciones anticipadas, ambas acciones gratuitas durante 2023. “Lo que están haciendo los ciudadanos es acudir a estas medidas justamente para poder quitarse esa carga hipotecaria. La mayoría de los que tienen hipotecas a tipo variable y les queda poco por pagar de esa hipoteca, prefieren liquidarla antes que seguir teniendo el riesgo de la subida de tipos de interés”.

Calviño ha cargado contra la propuesta de Sumar, de dar ayudas públicas a las personas en apuros, que lo ha considerado “utilizar dinero público para subvencionar a los bancos”. En respuesta, dos referentes económicos de Sumar han respondido a la vicepresidenta. 

El primero ha sido Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y director del gabinete económico de Podemos desde su fundación en 2014: “No se trata de darle dinero a la banca, sino a la gente. Ayudar a los hogares con la subida de sus hipotecas, y financiarlo reforzando el impuesto a la banca, es una redistribución de rentas a favor de las familias. Y es más eficaz que el Código de Buenas Prácticas”, ha expresado en un mensaje en Twitter.

El segundo, ha sido Carlos Martín, director del gabinete económico de Comisiones Obreras, reciente fichaje de Yolanda Díaz. “Los sobre beneficios de la banca pagarán el bono de 1.000 euros que beneficiará a un millón de hogares hipotecados. El Código de Buenas Prácticas, en cambio, no llega a los hogares hipotecados. Solo se han presentado 12.000 solicitudes y se rechazan 8 de cada 10”.

La asociación de consumidores financieros Asufin denuncia que el aval que exigen las entidades sí que puede estar constituyendo un obstáculo para las familias que quieren acogerse. “Este podría ser uno de los motivos por el que el número de familias que se están acogiendo a estar medidas dista mucho de ser el calculado cuando se puso en marcha el mismo”, explica la presidenta del organismo, Patricia Suárez, en un comunicado.

“Imagínate que yo, con la misma renta que las familias hipotecadas que hoy tienen apuros, dije, ostras, no quiero arriesgarme a una hipoteca a tipo variable. No compro la casa y vivo de alquiler. Estás dando fondos públicos a familias que asumieron riesgos, mientras que no a las que fueron más precavidas”, añade el economista Antoni Cunyat. 

“Estás, por lo tanto, fomentando el comportamiento más arriesgado, yo creo que son medidas regresivas. Obviamente hay familias que lo están pasando mal con la subida de la hipoteca, pero es un riesgo que uno asume”, añade Cunyat. “No son medidas para una mayor igualdad, creo que crean unos incentivos que son erróneos”, remacha.