El Gobierno francés observa con los brazos cruzados cómo Vivendi suma poder en el ecosistema mediático
Un silencio. Un silencio ensordecedor. Tras el anuncio del nombramiento de Geoffroy Lejeune como director de Journal du Dimanche (JDD), ha sucedido lo mismo en todas partes: el Gobierno no tiene, evidentemente, nada que decir sobre el tema, al igual que gran parte de la derecha y de la izquierda.
Mientras la redacción del semanario, propiedad del grupo Lagardère y comprado ahora por Vincent Bolloré [los dos gigantes editoriales y de comunicación franceses, Lagardère y Vivendi, se han fusionado después de que el segundo absorbiera la primero], se declaraba en huelga por abrumadora mayoría para protestar contra la llegada del antiguo redactor jefe de Valeurs actuelles y una deriva editorial hacia la extrema derecha, la gran mayoría de los políticos, que suelen ser tan rápidos a la hora de comentar la más mínima noticia, no aparecían por ninguna parte.
Sólo la ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, publicó un tuit lamentando la ausencia del diario en los quioscos el domingo 25 de junio. "Legalmente, el JDD puede ser lo que quiera, siempre que respete la ley. Pero cuando se trata de nuestros valores republicanos, ¿cómo no alarmarse?”.
Para Julia Cagé, profesora de economía en Sciences Po-Paris y especialista en medios de comunicación, este análisis se quedó muy corto. Incluso olía a capitulación. "De antemano, la ministra aceptó no hacer nada, señal de su impotencia. Ni siquiera recordó los principios de la independencia de la prensa. Al menos antes fingían agitarse, defender el pluralismo y la independencia de los medios. Ahora ni siquiera se molestan en salvar a la prensa”.
Hay quien alegaría circunstancias atenuantes para disculpar a la ministra de Cultura. La violencia con la que se atacó a Rima Abdul Malak por haberse atrevido a señalar que la frecuencia asignada a CNews [propiedad de Vivendi] no se adquiría para siempre y que la cadena tenía obligaciones, ha dejado huella. Enfrentarse a Vincent Bolloré significa asumir riesgos, dada su potencia de fuego. Además, para muchos, la prensa es un sector económico como otro cualquiera, sin ningún vínculo con el debate democrático. Tocarla equivaldría a obstaculizar la libertad de empresa.
Esta vez, sin embargo, será imposible permanecer en silencio, según David Assouline, senador del Partido Socialista y ponente de la comisión del Senado sobre la concentración de los medios de comunicación en la primavera de 2022. "El asunto JDD es una catástrofe, es la ruptura de todos los diques. Como responsable de Valeurs actuelles, Geoffroy Lejeune propagó el odio racista y xenófobo e hizo campaña a favor de [Éric] Zemmour. Ahora se encuentra al frente de un gran periódico”.
La banalización del discurso de extrema derecha y la mitridatización de los cerebros con las ideas más rancias ya no son producto de la imaginación de Stéphane Peu, diputado comunista en la Asamblea. “Lo que está ocurriendo en la JDD es una batalla ideológica. Todos los fundamentos que prevalecían en torno a la independencia de la prensa y la necesidad de una información pluralista para la democracia, y que eran aceptados tanto en la derecha como en la izquierda, están estallando", advierte el parlamentario.
Todos temen que las constantes tomas de poder de medios de Vincent Bolloré se extiendan como un reguero de pólvora. Un clima tóxico corre el riesgo de apoderarse del ecosistema mediático francés "Bolloré está yendo tan lejos que está soltando todos los frenos. No estoy segura de que Bernard Arnault [presidente y director ejecutivo de LVMH, el mayor grupo de artículos de lujo del mundo, que entró en el capital de LCM, la sociedad personal del empresario Arnaud Lagardère] se hubiera atrevido a hacer lo que está haciendo en Les Echos sin el ejemplo de Bolloré", afirma Julia Cagé.
Un escenario bien ensayado
Para todos los que se inquietan desde hace tiempo por el control que ejerce Vincent Bolloré sobre los medios de comunicación y la deriva de extrema derecha de sus cabeceras, el desembarco en JDD no tiene nada de sorprendente. Desde que se hizo con el poder en Vivendi, Bolloré ha desarrollado un sistema bien engrasado para doblegar a las redacciones: en el espacio de unos pocos días, se deshace de los periodistas y presentadores problemáticos y consigue que se pongan a sus órdenes. El resultado son días de huelgas y protestas, algunos cheques sustanciosos con drásticas cláusulas de confidencialidad para muchos, y luego la vida vuelve a la normalidad.
Así ocurrió con Les Guignols de l'info, programa detestado por una parte de la derecha, y luego con Canal+. Siguió con i-Télé, que estuvo en huelga durante varias semanas antes de que una gran parte de la redacción se marchara y la cadena se convirtiera en CNews. El año pasado le tocó el turno a Europe 1, seguida de Paris Match, que fue adquirida incluso antes de que Vincent Bolloré tomara oficialmente las riendas del grupo Lagardère.
Contrariamente a la creencia popular, los medios de comunicación son el segundo sector más rentable del mundo, después de los bienes de lujo
Dos semanas después de recibir la luz verde de la Comisión Europea para la fusión entre Lagardère y Vivendi, Vincent Bolloré utilizó el mismo procedimiento en la JDD. Para dar la impresión de que la Comisión amenaza con abrir una investigación contra Vincent Bolloré por haber tomado el control del grupo Lagardère sin esperar la luz verde, Arnaud Lagardère aceptó, probablemente por última vez, hacer de títere. En una entrevista concedida a Le Figaro, afirmó haber tomado él solo la decisión de nombrar a Geoffroy Lejeune al frente de la JDD. "Fue una elección económica, no ideológica", afirma.
En su comparecencia ante la comisión del Senado, el 19 de enero de 2022, Vincent Bolloré esgrimió los mismos argumentos. Si invirtió en los medios de comunicación, fue puramente por interés financiero. "Contrariamente a la creencia popular, los medios de comunicación son el segundo sector más rentable del mundo, después de los bienes de lujo", afirmó, sin recibir la menor objeción por parte de los parlamentarios. Fuera de los círculos oficiales, el jefe de Vivendi tiene una opinión completamente distinta: "Utilizo mis medios de comunicación para librar mi batalla civilizatoria".
"Sabía que nos mentía. Pero, ¿cómo podía demostrarlo?", dice David Assouline. Hoy, el diputado lo admite: la comisión sobre la concentración de los medios de comunicación fue una de las oportunidades perdidas. Bloqueada por la derecha en el Senado, que sobre todo no quería oír hablar de regulación, dio lugar a una serie de deseos piadosos, cada uno más ineficaz que el anterior. En aquel momento, el Gobierno asumió plenamente su impotencia.
Concentración horizontal y vertical
En la actualidad, los poderes públicos se enfrentan a un monstruoso imperio mediático, que practica tanto la concentración horizontal como la vertical. Vivendi controla cadenas de televisión (Canal +, CNews), periódicos (Paris Match, JDD), una división editorial (Hachette y decenas de otras editoriales) que también distribuye para otros, un grupo publicitario (Havas), una agencia de publicidad que trabaja para otros muchos medios, un instituto de sondeos y análisis (CSA), por no hablar de su papel en la financiación de la industria cinematográfica. [El grupo medios francés ha elevado recientemente al 11,8% su participación en el capital de la española Prisa]
En los años 70, los círculos políticos de todas las tendencias se alarmaban ante el avance del pulpo Hachette y su poder de influencia. Hoy, el pulpo Bolloré es diez veces mayor, y a nadie le molesta. Sin embargo, poner todos estos canales a disposición de la campaña presidencial de Éric Zemmour era probablemente sólo un anticipo de lo que podría ocurrir después si todo se organizara para librar la "batalla civilizatoria" de Vincent Bolloré.
"El asunto JDD socava los argumentos del Gobierno según los cuales no es necesaria una nueva ley sobre la concentración de medios de comunicación para garantizar la independencia. La ley de 1986 ya no sirve. Todo ha cambiado: las tecnologías, la aparición de la tecnología digital, los modelos de negocio. Tenemos que volver a la mesa de dibujo", afirma Stéphane Peu.
Durante el receso parlamentario de otoño, el Partido Comunista presentó un proyecto de ley en este sentido. Pero el proyecto no ha avanzado desde entonces. El Gobierno cree que es urgente esperar. Y los diputados de la mayoría no parecen convencidos de la necesidad de retomar el tema.
¿No se respeta la competencia? La Autoridad de la Competencia, único organismo que todavía pone algunas barreras, ha bloqueado la fusión entre TF1 y M6. En cuanto a Vivendi, fue la propia autoridad europea de la competencia, supuestamente implacable con estos procesos de concentración, la que dio luz verde a su fusión con Lagardère, al tiempo que exigía desinversiones, en particular de toda la división editorial Editis.
El 26 de junio, en France Inter, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, recordó que la libertad de prensa es un principio fundamental de Europa y que corresponde a cada Estado velar por su protección. En su propuesta de Ley de libertad de los medios de comunicación, presentada en septiembre de 2022 y actualmente en debate en las distintas instancias europeas, reconoce que los medios de comunicación no son un mercado como los demás.
Según el texto europeo, la competencia por sí sola no puede garantizar la pluralidad de los medios de comunicación. Por eso propone que se consulte a otras instancias, formadas por periodistas y especialistas, sobre todas las fusiones, con el fin de garantizar la independencia de las redacciones, sobre todo en relación con sus accionistas y propietarios. El Gobierno, siempre dispuesto a invocar a Europa, no parece tener prisa en seguir el ejemplo de Bruselas. Por el momento, parece incluso haber corrido un tupido velo.
Condicionar las ayudas a la prensa
"La ministra de Cultura no tiene, sin duda, el apoyo político necesario para introducir una gran ley sobre la concentración de los medios de comunicación. Pero eso no debería impedirle dictar reglamentos y decretos. Se podría empezar por las subvenciones a la prensa. ¿Por qué no condicionar su pago a garantías de independencia editorial en las redacciones?, revela Julia Cagé.
Cada año, el Estado desembolsa más de mil millones de euros para sostener la prensa, esencialmente la de papel, cuya inmensa mayoría pertenece a un puñado de multimillonarios. En 2020, el grupo Lagardère recibió más de dos millones de euros en ayudas directas, sin contar las ayudas a la circulación, la distribución y la compra de papel. Pero el Gobierno no parece estar pensando en esta línea de actuación.
"Hay que adoptar al menos un texto que otorgue a las redacciones un derecho de veto sobre el nombramiento de sus directivos, para garantizar la independencia de las redacciones con respecto a sus accionistas", insiste el socialista David Assouline. Pero más allá del principio no vinculante de una carta deontológica adoptada por cada redacción, el Gobierno no ve ninguna razón para modificar el marco jurídico. Sobre todo, se opone a la idea de dar a las redacciones un estatuto que las proteja.
La asfixia organizada de la radiotelevisión pública
La reticencia del Ejecutivo a adoptar la más mínima regulación de los medios de comunicación privados contrasta con su afán por legislar sobre la radiotelevisión pública. Cualquier idea que pueda disminuir su influencia parece bienvenida.
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Tras la supresión del canon, que priva a la radiotelevisión pública de ingresos estables y la pone en la tesitura de tener que mendigar recursos presupuestarios cada año, el Gobierno quiere ir aún más lejos. Sueña con crear un gran holding, una especie de ORTF revisitada, que reúna todas las cadenas públicas restantes y Radio France. A pesar de la hostilidad de los responsables de las cadenas y emisoras, que han tenido que proceder a despidos masivos y supresiones de empleo en los dos últimos años, mantiene su plan, presentado en nombre de las sinergias, las economías de escala y la eficacia.
Entretanto, ya ha conseguido que se revisen los horarios y se supriman los programas molestos. "La impertinencia ya no está a la orden del día", observa el comunista Stéphane Peu.
Mientras la Agrupación Nacional pide la desaparición de la radiotelevisión pública, que considera demasiado "rebelde y de izquierdas", la derecha en el Senado, siguiendo los pasos de Marine Le Pen, ha presentado en las últimas semanas una serie de propuestas destinadas a suprimir las nuevas inserciones publicitarias y a reducir su autonomía. Todo lo que pueda ahogar a la radiotelevisión pública y reforzar al sector privado está sobre la mesa. Sus propuestas han encontrado poca oposición por parte del Gobierno, que respalda sin pestañear el declive democrático que nos atenaza.
