Ayuso arría la bandera del Madrid libre de impuestos y recupera Patrimonio tras el varapalo del Constitucional
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se estrella en su intento de que las grandes fortunas puedan vivir fiscalmente a cuerpo de rey en la Comunidad de Madrid. El Pleno del Tribunal Constitucional ha tumbado este martes el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo autonómico contra el impuesto sobre las grandes fortunas, un tributo de carácter estatal que en lo que va de año ha permitido a Hacienda recaudar solo en territorio madrileño 555 millones de euros de contribuyentes con patrimonios netos superiores a los tres millones. El fallo, adoptado por siete votos frente a cuatro, considera que el nuevo impuesto no interfiere en las competencias autonómicas. Un revés que ha obligado a la Comunidad de Madrid a plantearse la recuperación del tan denostado Impuesto de Patrimonio para los más ricos.
El denominado oficialmente Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que por el momento tiene carácter temporal, entró en vigor hace pocos meses. El tipo aplicable es del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para los de entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5% para aquellos superiores a 10 millones de euros. Ahora bien, los contribuyentes sólo pagan por la parte de su riqueza que no haya sido gravada previamente por su comunidad autónoma en el Impuesto de Patrimonio. Lo que se buscaba con la puesta en marcha de este tributo era, en definitiva, una armonización, disminuyendo las diferencias que existen en el gravamen del patrimonio en los diferentes territorios.
Por todo ello, este impuesto afecta fundamentalmente a aquellas regiones que tienen bonificado total o parcialmente Patrimonio. Es el caso de Madrid y Andalucía, donde existe una bonificación del 100%. O Galicia, que la tiene fijada en el 50%. La misma estela han seguido en los últimos meses otros territorios conservadores como Murcia, donde se ha elevado el mínimo exento hasta los 3,7 millones de euros. O Cantabria, también en manos del PP, que ya ha anunciado su intención de suprimir este tributo bonificándolo al 100% al considerarlo "obsoleto, anacrónico, arbitrario e injusto". "Penaliza el ahorro, la inversión y la atracción de capital", señaló a finales de septiembre la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga.
Hasta el 31 de julio de este año, según los datos del Ministerio de Hacienda, se había recaudado en todo el país a través del estatal Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas 623,6 millones de euros, que procedieron de 12.010 grandes patrimonios –de media, cada uno abonó 52.000 euros–. Cerca del 90% de esos ingresos vinieron, justamente, de la región que más tiempo lleva evitando pagar a las grandes fortunas: la Comunidad de Madrid. En concreto, los patrimonios de más de tres millones refugiados en esta comunidad autónoma –10.302 contribuyentes–, que en la práctica suprimió en 2008 el Impuesto de Patrimonio, ya han tenido que desembolsar como consecuencia del nuevo tributo 555 millones de euros.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso inició el pasado mes de febrero una ofensiva en el Tribunal Constitucional en contra del gravamen implantado por el Gobierno central. El objetivo: hacerlo caer. Si lo conseguía, la Comunidad de Madrid podría seguir siendo un paraíso fiscal para los grandes patrimonios, que se ahorrarían los más de 500 millones que han acabado en lo que va de año en las arcas públicas estatales. Pero nueve meses después, el Gobierno conservador se ha estrellado en Domenico Scarlatti. El Pleno del Constitucional ha dado este martes el visto bueno definitivo al Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer, ha rechazado todas las impugnaciones del Ejecutivo madrileño.
Ni desproporcionado ni invade competencias
La mayoría del TC ha rechazado, por un lado, que el procedimiento utilizado para aprobar este impuesto –una enmienda incluida a una proposición de ley– no se ajustara al ordenamiento jurídico. Al fin y al cabo, considera el órgano, existía una conexión entre la iniciativa que se estaba tramitando y la enmienda por la que se creó el tributo. "La proposición de ley tenía por objeto la creación de dos gravámenes (energético y bancario) cuyo propósito era proveer –al igual que el tributo impugnado– de ingresos públicos con los que afrontar las consecuencias de la crisis energética y de precios causada por la guerra en Ucrania. Por tanto, la enmienda cumple con el requisito de homogeneidad", explica el Constitucional en una nota de prensa.
La sentencia, además, descarta una "vulneración de la autonomía financiera" al entender que el impuesto creado "es complementario" al de Patrimonio, por lo que "no afecta ni interfiere" en "ninguna de las competencias autonómicas" sobre este último tributo. En este sentido, además, la resolución recuerda que el recurso interpuesto "no indica ninguna competencia autonómica que se haya visto afectada por el impuesto impugnado". "La queja real de la Comunidad de Madrid –aclara– es que aquellos de sus residentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio", continúa el máximo intérprete de la Ley Fundamental.
Pero eso, continúa el órgano, "no puede impedir al Estado" ejercer "su competencia para establecer nuevos tributos". "Si en el pasado el Tribunal Constitucional ya ha reconocido que el Estado puede ocupar un espacio fiscal autonómico para armonizarlo, con mayor razón podrá hacerlo en su propio espacio fiscal", continúa la sentencia, que también rechaza una "infracción de los principios de no confiscatoriedad y capacidad económica". En este sentido, recuerda que el impuesto "solo tendría efecto confiscatorio" en caso de "agotar el valor del patrimonio". Y no ve, con datos de la Agencia Tributaria sobre la mesa, que el tipo efectivo de gravamen "sea desproporcionado".
Madrid quiere ahora ese dinero
La doctrina que este martes ha marcado el Tribunal Constitucional será ahora aplicada a los recursos impulsados contra este tributo estatal desde Andalucía, Galicia y Murcia. Las dos primeras regiones aglutinan, junto a Madrid, el 95% de todo lo recaudado a través de este impuesto estatal. En la comunidad andaluza, las arcas públicas estatales ingresaron 29,7 millones de euros de 865 grandes fortunas, mientras que en suelo gallego 91 ricos abonaron a las mismas 9,8 millones.
La presidenta madrileña siempre ha sido muy dura con el tributo. "Pone un impuesto que llaman de solidaridad, que es una farsa en sí el propio nombre, para fastidiar y para arremeter contra la economía de Madrid", decía hace justo un año en la Cámara regional. Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Constitucional ha anunciado que su Ejecutivo maniobrará para que todo lo que ahora se ha ingresado por este tributo a las grandes fortunas en las arcas estatales acabe en las madrileñas. ¿Y cómo lo hará? Recuperando para los más ricos un Impuesto de Patrimonio que desde 2008 tenía bonificado al completo, lo que provocó que en 2021, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, dejase de ingresar más de 1.200 millones de euros por este tributo.
Desde la Consejería de Hacienda señalan que la medida anunciada "se va a articular a través de una modificación de la bonificación actual aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio" a partir de los tres millones de euros. "De esta manera, los contribuyentes madrileños que tienen que pagar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas del Estado lo harán en el Impuesto sobre el Patrimonio autonómico con el objetivo de que la Comunidad de Madrid revierta a los madrileños ese dinero fundamentalmente a través de la bajada de impuestos", continúan desde el departamento. En resumen, que el tributo regional se seguirá bonificando al 100% excepto para aquellas fortunas que rebasen los tres millones.
Un tributo que gestionan las autonomías y que Ayuso ha despreciado una y otra vez. "El impuesto de patrimonio es anacrónico, solo existe en dos países de la UE y ataca a la propiedad y el ahorrador. Madrid defiende una política fiscal que puede copiarse en todas las regiones. Lo defenderemos donde haga falta", señalaba el pasado verano en su cuenta de X –antes llamado Twitter–.
El enésimo varapalo a la ofensiva de la derecha en el TC
Es la segunda vez en solo tres semanas que el Gobierno madrileño recibe malas noticias desde Domenico Scarlatti. A finales de octubre, el Tribunal Constitucional estimó por unanimidad un recurso del Gobierno contra una norma de la Comunidad de Madrid que imponía, en uno de sus preceptos, la obligación de recabar autorización judicial para poder aplicar la eutanasia a personas tuteladas con discapacidad. Aquella sentencia, de la que fue ponente la magistrada del bloque conservador Concepción Espejel, consideraba que la disposición adicional de la ley que se encontraba bajo la lupa invadía la competencia estatal en materia procesal.
La ofensiva impulsada desde la derecha contra los avances sociales del Gobierno lleva meses naufragando en el Constitucional. Tanto PP como Vox han fracasado en sus batallas contra el aborto, la eutanasia, la Ley Celáa –como se conoce popularmente a la última reforma educativa– o la Ley Rider, centrada en los derechos de los trabajadores de las plataformas digitales y que obliga a las empresas de reparto a contratarlos como asalariados. Del mismo modo, el máximo intérprete de la Ley Fundamental ha dado el visto bueno en las últimas semanas a la reforma de la Ley del Poder Judicial que ha impedido al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras se encuentra en funciones.
