Las sospechas de "greenwashing" se ciernen sobre las auditoras de proyectos mineros

"La gente tiene mucho miedo de hablar, porque significaría ir contra la principal empresa de la región". Bajo el vasto desierto chileno de Atacama se esconde un agua preciosa y la fuente de las frustraciones de Ramón Balcázar. Aquí abunda el agua rica en sales de litio y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) controla gran parte de ella. Desde hace décadas, el principal dueño de esta empresa es Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet.

Su mina de litio del Salar de Atacama es una de las principales fuentes mundiales de este mineral esencial para las baterías. También acumula acusaciones de cometer infracciones medioambientales y se enfrenta a la oposición de comunidades locales. El pasado mes de septiembre, como parte de la adhesión de SQM a una iniciativa de minería responsable, se publicó una auditoría supuestamente independiente del yacimiento.

En las dos últimas décadas se han creado una serie de normas voluntarias que promueven "las mejores prácticas" mineras. Principalmente en respuesta a catástrofes de gran repercusión y a la denuncia del impacto destructivo de la minería. Estos programas están concebidos para ayudar a sanear el sector, pero sus detractores sostienen que ofrecen un barniz de sostenibilidad.

El consorcio periodístico Investigate Europe ha analizado el funcionamiento de estas auditoras mineras. Es un trabajo que forma parte de la amplia investigación sobre las materias primas críticas, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

Un sistema desarrollado por compradores finales y ONG

El sistema considerado más riguroso es IRMA, siglas en inglés de Initiative for Responsible Mining Assurance (Iniciativa para la Garantía de la Minería Responsable), desarrollado por compradores finales de las materias primas como Microsoft y Tiffany junto con diversas ONG. Su Estándar para la Minería Responsable, utilizado para auditar SQM, evalúa el desempeño social y medioambiental de una mina. Se lanzó en 2018 para dar cabida por igual a opiniones de comunidades, sindicatos, activistas e industria. Entre sus 60 miembros también hay fabricantes de automóviles, como BMW y Volkswagen, que necesitan cada vez más litio y materiales extraídos para los vehículos eléctricos.

La auditoría de SQM recibió una alta puntuación (75/100). Pero Balcázar, coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (Opsal), una cooperativa regional, cree que no se consultó adecuadamente a la población local afectada. Los auditores sólo entrevistaron a ocho personas de cuatro comunidades indígenas durante una visita in situ. Según el informe, "por falta de tiempo, no se consultó a todas las comunidades fuera del área de influencia directa".

"SQM es una de las empresas más dañinas de Chile, están destruyendo el Salar de Atacama y ahora utilizan la certificación IRMA para hacer greenwashing a escala internacional", denuncia Balcázar.

No son acusaciones lanzadas a la ligera. En febrero de este año se inició un juicio por financiación ilegal de políticos chilenos, que recibieron presuntamente pagos irregulares de SQM. Por su parte, el Primer Tribunal Ambienta de Chile confirmó a Investigate Europe que mantiene abierta una investigación a la empresa minera. SQM fue acusada en 2016 de seis infracciones y la compañía presentó un plan de cumplimiento para poner fin a los daños medioambientales. En 2022, las comunidades indígenas pidieron que se mantengan las sanciones a SQM y se exijan nuevas medidas de protección del salar.

En la auditoría patrocinada por IRMA también se indica que son necesarias algunas mejoras, entre ellas en materia de seguridad y de gestión de residuos. Sin embargo, Opsal teme una futura escasez de agua en Atacama y la pérdida de ecosistemas y vida salvaje en torno al salar.

Dinero para las comunidades locales

A preguntas de Investigate Europe, SQM afirma que su litio tiene "una de las huellas medioambientales más bajas" del mundo y que aspira a producir litio neutro en carbono para 2030. La empresa destaca que aporta "entre 10 y 15 millones de dólares anuales a las comunidades indígenas vecinas" y asegura que sigue sólidos procesos de diligencia debida. "Estamos orgullosos del continuo diálogo abierto con nuestros vecinos. SQM tiene acuerdos integrales con cuatro de las cinco comunidades de nuestra área de influencia", presume la compañía minera.

Ramón Balcázar ve las cosas de forma muy diferente. Destaca que las aportaciones económicas de SQM no resuelven los impactos negativos a largo plazo de la mina: "Inyectar grandes cantidades de dinero a las comunidades, municipios y universidades no resuelve la falta de sostenibilidad ambiental de la minería del litio o del cobre en el Salar de Atacama. Los ecosistemas se dañan perpetuamente".

Por su parte, IRMA admite que la auditoría podría haber estado "más profundamente informada", con una mayor retroalimentación por parte de los pueblos indígenas y de la sociedad civil. La directora ejecutiva, Aimee Boulager, reconoce que la gente "sigue siendo escéptica con razón", ya que IRMA es nueva y hasta ahora sólo se han realizado cuatro auditorías.

¿Posible conflicto de interés?

La auditora de la mina de SQM es una empresa británica llamada ERM CVS, controlada por la estadounidense KKR, uno de los principales fondos de private equity (capital privado) del mundo. La auditora forma parte de ERM International Group, que tiene en su cartera de clientes a varias compañías mineras. La española Corporación Financiera Alba, holding financiero de Banca March, es accionista minoritario del grupo ERM (tiene el 6,91% del capital). Entre otras inversiones, Corporación Financiera Alba posee también una participación en Acerinox, compañía dedicada a la fabricación de acero inoxidable dependiente de materias primas. Tomás Armengol es miembro del consejo de administración de Acerinox y también esconsejero no ejecutivo del grupo ERM, en ambos casos en representación de Corporación Financiera Alba. Esta compañía no respondió a las preguntas sobre posibles conflictos de interés planteadas por Investigate Europe.

Un portavoz de ERM CVS rechaza cualquier irregularidad con el argumento de que el negocio de auditoría es una entidad separada e independiente del grupo en general: "ERM CVS está acreditada según la norma ISO 17021, que es la norma internacional que especifica los requisitos para que los organismos de certificación garanticen su independencia y que el trabajo de certificación de sistemas de gestión se lleva a cabo de forma competente, coherente e imparcial".

Sin embargo, como ocurre con todos los fondos de private equity, se desconoce quién puso el dinero utilizado por KKR para comprar una participación mayoritaria en el grupo ERM. Es decir, no se sabe quiénes son los verdaderos accionistas mayoritarios de ERM, puesto que KKR gestiona el dinero de otros. A la pregunta de cómo puede garantizar que no existe un conflicto de intereses si ni siquiera sabe quiénes son los verdaderos propietarios, ERM responde lo siguiente: "ERM no tiene acceso a ninguna información sobre los fondos de KKR y KKR no tiene acceso a ninguna información de clientes individuales de ERM".

La compañía auditora también destaca que durante su trabajo de campo logró contactar con varias personas de las comunidades locales y que intentó más entrevistas con otras partes interesadas, pero no recibió ninguna respuesta más.

ERM CVS es una de las dos empresas auditoras aprobadas por IRMA. Las auditorías las pagan directamente las empresas mineras, lo que crea una relación comercial con los auditores y aviva los temores de conflicto de intereses. Human Rights Watch, miembro de la dirección de IRMA, admitió en mayo que "IRMA aún necesita mejoras significativas para salvaguardar la independencia de sus auditorías y abordar los conflictos de intereses reales o percibidos entre las compañías de auditoría y las empresas mineras. IRMA también debe trabajar para presionar más eficazmente a las empresas mineras para que corrijan y remedien los daños detectados durante las auditorías".

Incluso la propia IRMA reconoce las deficiencias actuales. "Vemos claramente riesgos en los posibles conflictos de intereses de los auditores", sostiene Boulager en declaraciones a Investigate Europe. En su opinión, este sistema aún está en la fase de generar confianza, pero al mismo tiempo destaca que el enfoque basado en la participación de múltiples partes interesadas y el hecho de que los informes se hagan públicos, diferencian positivamente a IRMA de otras iniciativas. "IRMA no sólo está trabajando para abordar el conflicto de intereses, sino también para impulsar un cambio fundamental en la forma de auditar, con la participación de miembros de la comunidad y trabajadores que pueden sentirse seguros para ofrecer todos sus puntos de vista", afirma Boulager.

La multinacional minera Anglo American es otro miembro de IRMA. A pesar de formar parte de varios programas voluntarios, la compañía afronta protestas por la ampliación de una mina de cobre en Chile y fue acusada en 2021 de fallar a las comunidades en una explotación de mineral de hierro en Brasil. Esta mina también está siendo auditada por ERM CVS.

Fue en otra mina brasileña de hierro donde la industria auditora se convirtió en el centro de atención en 2019. Una presa en la mina de Brumadinho se derrumbó y desencadenó un deslizamiento de tierra que mató a cientos de personas. Solo unas semanas antes de la tragedia, una inspección de un organismo de certificación consideró que la presa era "estable".

Otros proyectos también se han visto envueltos en polémicas. Cecilia Mattea, de la ONG con sede en Bruselas Transporte y Medio Ambiente, que también forma parte de IRMA, asegura que este sistema es el más fiable en una "jungla" de ofertas. Pero advierte: "Sigue estando demasiado vinculada a los documentos internos facilitados por las propias empresas. En general, los sistemas de certificación no pueden sustituir a las leyes medioambientales y sociales de un Estado".

Una alerta de 35 ONG

El Consejo Internacional de Minería y Metales y otros grupos fueron criticados en septiembre por sus planes de lanzar un nuevo programa de auditoría dirigido por la industria. Una carta de 35 ONG afirmaba que la propuesta "afianzaría el control de la industria minera" sobre las normas. "El resultado final será una norma que carece de la transparencia y el rigor necesarios para proporcionar información creíble", denunciaba la carta. "Esto perjudicaría la credibilidad de las empresas implicadas y podría considerarse greenwashing".

Aun así, en la negociación del Reglamento de Materias Primas Críticas, que entrará en vigor en la UE el próximo año y que busca reactivar la minería, la Comisión Europea defiende apoyarse en normas voluntarias. Si una empresa minera obtiene una puntuación positiva, eso podría ayudarle a obtener la consideración de proyecto minero estratégico. Las certificaciones servirán para acelerar la concesión de nuevas licencias en Europa para minas de litio, cobre y tierras raras.

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Los grupos ecologistas sostienen que estos sistemas de auditoría no deben considerarse un "puerto seguro" para las empresas. "Esperamos que la versión final del reglamento otorgue menos valor a las certificaciones, que pueden añadir información sobre un proyecto minero, pero no actuar como etiqueta de sostenibilidad", alerta Cecilia Mattea.

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Con información de Manuel Rico.