Madrid, de orgullo a vergüenza: Ayuso consuma su ofensiva contra las leyes del colectivo LGTBI

Para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, vaciar de contenido las leyes LGTBI que llevan desde 2016 blindando los derechos del colectivo, era un asunto urgente. Es precisamente esa vía, la de urgencia, la que ha elegido la líder conservadora para acometer una reforma de las dos leyes clave para las personas LGTBI y será este viernes cuando, previsiblemente, se consolide el recorte. La Comunidad de Madrid pasará así de ser un símbolo para el colectivo al escenario de la ofensiva reaccionaria que busca poner en jaque los derechos LGTBI.

Ayuso ha elegido este viernes 22 de diciembre como fecha idónea para aprobar la derogación parcial de las leyes autonómicas. Lo hará en un pleno extraordinario y mientras todas las miradas estén puestas en el sorteo de lotería que cada año da el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas. 

La propuesta de reforma supone un "golpe a las personas LGTBI" en todo lo que la líder autonómica "puede". Es decir, allá donde las competencias se lo permitan: fundamentalmente, sanidad y educación. Así lo entiende Luis Fernando Rosales, líder de la organización Arcópoli. La ofensiva de los conservadores conlleva, de facto, "una disminución y merma de derechos que estaban consagrados", completa la senadora e histórica activista trans Carla Antonelli. Aunque el Partido Popular "no había desarrollado reglamentariamente" el contenido de las leyes, lo cierto es que hasta hoy "había dónde agarrarse". 

Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI (FELGTBI), sostiene que estamos ante un "recorte de las leyes" que tiene como principal efecto la merma de "libertades" de las personas del colectivo, un retroceso sin precedentes consolidado a través de un pleno de "dudosa moralidad" y organizado con "nocturnidad y alevosía". Desde la Fundación Zerolo habla Miguel Ángel Fernández, quien subraya que se trata de "una derogación encubierta", fundamentalmente porque afecta a los "aspectos más positivos y de acción del gobierno autonómico" allá donde tiene competencias. En un momento en el que en suelo español se escenifica un "avance" a cuenta de la ley trans estatal, analiza el activista, "Ayuso decide dar el paso contrario". 

Ni rastro del reconocimiento a la identidad de género

¿Qué dice exactamente la propuesta del equipo de Isabel Díaz Ayuso? El PP de la Comunidad de Madrid registró el pasado 10 de noviembre dos proposiciones para modificar la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género y la Ley 3/2016 de Protección integral contra la LGTBIfobia. Lo hizo echando mano de la vía de urgencia, un procedimiento que acorta a la mitad los plazos establecidos con carácter ordinario, y con la mayoría absoluta de los conservadores como garantía de éxito. Consuma su ofensiva siguiendo las mismas formas: por la puerta de atrás y en un pleno extraordinario.

La exposición de motivos de la propuesta de reforma de la Ley de Identidad de Género es en sí misma toda una declaración de intenciones. Los conservadores excluyen cualquier mención a la identidad de género –modifican el propio nombre de la norma y cambian la nomenclatura de las unidades de trastornos de la identidad de género–, introducen el temor a que las medidas para las personas trans puedan ir "en detrimento de la mujer" y alertan de la "criminalización" de los profesionales de la salud mental. 

A lo largo de la propuesta normativa se ejecuta un cambio significativo en el lenguaje: fuera de la norma queda toda mención a las personas trans y a su identidad de género, sólo hay encaje en el texto para las personas transexuales. "Al desaparecer la palabra trans y ser sustituida por la de transexual", la pregunta pasa por "quiénes se van a acoger a esa normativa", analiza Antonelli. El cambio no es inocente: la palabra transexual sugiere una transición física que incluye operaciones quirúrgicas, mientras que el concepto trans abre la puerta a la inclusión de personas que no se hayan sometido a un cambio de sexo. "Habrá una persona que decida quién es un verdadero transexual", por lo que "volvemos a las tutelas de alguien que esté diciendo quién eres tú", lamenta Antonelli.

Sobre la mesa, algunos efectos inmediatos. Por ejemplo, aquellos aspectos relativos a la documentación de las personas trans. Si bien el DNI y la mención registral del sexo entra dentro de lo estipulado por la ley estatal, lo cierto es que existe todo un conjunto de documentos de gran relevancia para las personas trans en su día a día. Desde el carnet joven o el de la biblioteca, hasta el abono transporte. La reforma plantea la derogación del articulado que regula la expedición de este tipo de documentos, en base a la identidad de género expresada por la persona interesada. El motivo, arguyen los conservadores, tiene que ver con la entrada en conflicto con la ley estatal y la regulación de la mención registral del sexo. 

Estos documentos suponían una "garantía para las personas que no habían hecho el cambio registral", dibuja Rosales. También para las personas trans migrantes que "no pueden hacer el cambio registral porque no tienen la nacionalidad española", pero sí podrían hacer uso de este tipo de documentos como acreditación formal de su identidad. 

Coeducación no, evaluaciones psicológicas sí

En las escuelas, la presidenta de la comunidad aspira a eliminar toda mención a la coeducación y quiere terminar con los planes y contenidos en materia de sensibilización en las aulas, pero también las medidas contra el acoso y la formación al profesorado. En la Ley contra la LGTBIfobia, desaparece la definición del término coeducación del artículo tercero. "Las asociaciones no podremos continuar sensibilizando en materia de diversidad y acoso en los centros educativos", advierte el presidente de Arcópoli. 

En el ámbito sanitario, vuelta a los exámenes psicológicos como elemento clave para dotar de credibilidad a las personas trans. Con ello, valora Antonelli, "se presupone que una persona trans tiene un problema de salud mental", contraviniendo los criterios internacionales, como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El artículo cuarto de la conocida como ley trans autonómica, según la propuesta de los conservadores, deja claro que ninguna persona será objeto de "requerimiento alguno de pruebas de realización total o parcial de cirugías genitales, tratamientos hormonales o tratamientos médicos para hacer uso de su libertad en lo relativo a su condición sexual". Esta redacción elimina dos cuestiones importantes respecto al texto original: la obligación de no exigir tampoco pruebas psicológicas y el reconocimiento del "derecho a la identidad de género".

El PP de Madrid también quiere deshacerse de la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa esto exactamente? Actualmente, si una víctima aporta "hechos o indicios" razonables y fundamentados de haber sufrido discriminación, corresponde al acusado demostrar que tal discriminación no se ha producido. La propuesta de la líder madrileña echa por tierra esta herramienta, avalada por el Tribunal Constitucional. 

Adiós también al centro de memoria histórica LGTBI y al consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid, ambos contemplados en la Ley contra la LGTBIfobia. Y un extremo fundamental: el PP quiere romper con la relación mantenida hasta ahora con las entidades especializadas. Tacha de la ley su participación en cuestiones tan elementales como el apoyo y la protección a las personas del colectivo y su entorno familiar. 

"Seguiremos con nuestras plumas y nuestros colores"

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Las dos leyes de la Comunidad de Madrid fueron sacadas adelante en el año 2016, bajo el mandato de Cristina Cifuentes. La Ley LGTBI fue aprobada tras la introducción de 138 enmiendas y con la ausencia de dos parlamentarios del Partido Popular, que decidieron no asistir a la votación para evitar posicionarse. El mismo año, la Comunidad de Madrid aprobó su ley trans, esta vez con la abstención de los conservadores.

La legislación autonómica bebía de otras previas y supuso un respiro para las personas LGTBI. Tenían, al menos, unos cuantos libros en las estanterías de los colegios, protocolos de no discriminación sobre el papel y "herramientas donde agarrarse", asiente Carla Antonelli. Desde ese momento, la Comunidad de Madrid inicia una consolidación formal hacia lo que ya se venía tejiendo en las calles: ser un símbolo para la comunidad LGTBI. "Madrid era reconocida por su Orgullo y a partir de ahora se la conocerá como la primera comunidad que va a retroceder en derechos conquistados", sostiene Miguel Ángel Fernández. "Es la peor marca que puede exportar".

Uge Sangil es consciente de la ofensiva, pero confía en el aplomo del movimiento LGTBI organizado en las calles. "Seguiremos con nuestras plumas, nuestros colores, nuestra diversidad y seguiremos poniendo la cara como siempre hemos hecho, defendiendo los derechos aunque nos los quieran quitar", lanza la activista. La respuesta, sentencia, sólo puede pasar por la defensa sin paliativos de "la dignidad" y la alianza con "todos los grupos vulnerables" que ven en la amenaza reaccionaria una advertencia también para sus propias conquistas.