Ayuso asume las tesis ultras sobre "doctrina de género" y da el primer paso para vaciar sus leyes LGTBI

Jueves por la mañana. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, lanza una advertencia: estamos ante el comienzo de una dictadura. "Han estado con el señuelo de que viene la ultraderecha (...) que las mujeres en la cocina y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella", afirmaba. Viernes, poco más de veinticuatro horas después, su partido inicia por la vía de urgencia los trámites necesarios para recortar las dos principales leyes que garantizan los derechos de las personas LGTBI. Y lo justifica hablando de "ideología de género", de inseguridad jurídica y de la "dudosa constitucionalidad" de la autodeterminación de género.

El PP de la Comunidad de Madrid ha registrado este viernes dos proposiciones para modificar la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género y la Ley 3/2016 de Protección integral contra la LGTBIfobia. Lo hace echando mano de la vía de urgencia, un procedimiento que acorta a la mitad los plazos establecidos con carácter ordinario, y con la mayoría absoluta de los conservadores como garantía de éxito.

La presidenta autonómica da así los primeros pasos para vaciar de contenido las dos leyes que consagran los derechos del colectivo, que precisamente lleva años denunciando la falta de desarrollo y aplicación de algunos de sus principales aspectos.

No es la primera vez que la presidenta regional pone en cuestión las leyes LGTBI de la Comunidad. La amenaza ha sido siempre sutil, pero constante desde la entrada de la extrema derecha en las instituciones. Hasta que el diciembre pasado, la líder regional confirmó en la Asamblea de Madrid su intención de "eliminar el concepto de autodeterminación de género de la legislación vigente" y el pasado mes de junio, tras vencer en las elecciones autonómicas, aseguró estar trabajando en una reforma de la Ley trans que estaría lista antes de finalizar el año.

"Doctrina de género" y "dudosa constitucionalidad" de la autodeterminación

Precisamente la libre determinación de género está en el centro de las proposiciones registradas. Los conservadores hablan de la "muy dudosa constitucionalidad del concepto de autodeterminación de género, ajeno a la ciencia y al derecho, y cuya introducción va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera", indica el texto.

Según ha detallado la diputada de Más Madrid Carla Antonelli, la propuesta pasa por eliminar los preceptos específicos que reconocen la identidad de género de las personas trans –artículos primero, segundo y tercero de la ley autonómica– y por modificar el punto cuarto, que pasaría de reconocer "el derecho a la identidad de género libremente manifestada" a reconocer simplemente el "respeto a la libertad y dignidad de las personas transexuales". 

El PP de Madrid también quiere deshacerse de la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa esto exactamente? Actualmente, si una víctima aporta "hechos o indicios" razonables y fundamentados de haber sufrido discriminación, corresponde al acusado demostrar que tal discriminación no se ha producido. La propuesta de la líder madrileña echa por tierra esta herramienta, avalada por el Tribunal Constitucional.

Ayuso también quiere "corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como de género, que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa". Se esfumarían de la Ley LGTBI, tal y como ha publicado Carla Antonelli en sus redes sociales, las acciones de concienciación dirigidas a medios de comunicación, la memoria histórica LGTBI, la publicidad institucional y todas las medidas educativas, excepto aquellas asumidas por las universidades, incluido el plan contra el acoso escolar por razones de orientación e identidad de género. El concepto de coeducación también quedaría fuera de la legislación.

Los conservadores sí mantienen la prohibición de las terapias de conversión, con una excepción: las que están dirigidas a las personas trans. La ley nacional incluyó la persecución de este tipo de terapias para todos los supuestos, pero no las encajó en el Código Penal, sino que únicamente contempló sanciones administrativas, desoyendo las reivindicaciones de los colectivos especializados. 

Las dos leyes de la Comunidad de Madrid fueron sacadas adelante en el año 2016, bajo el mandato de Cristina Cifuentes. La Ley LGTBI fue aprobada tras la introducción de 138 enmiendas y con la ausencia de dos parlamentarios del Partido Popular, que decidieron no asistir a la votación para evitar posicionarse. El mismo año, la Comunidad de Madrid aprobó su ley trans, esta vez con la abstención de los conservadores.

Condena unánime

A la decisión de los conservadores madrileños le ha seguido una condena taxativa y unánime de la comunidad LGTBI. Los principales colectivos interpretan este movimiento como una derogación de facto de los derechos conquistados, especialmente por las personas trans.

Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, acusa a Isabel Díaz Ayuso de recuperar la "patologización" de las personas trans y de escenificar un "brutal retroceso y un atentado a los derechos humanos, a las directivas europeas y a la democracia".

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La organización Arcópoli ha publicado el mismo viernes un comunicado de repulsa a "la amenaza" representada por el PP de Madrid. El colectivo "considera esta propuesta como un grave retroceso en la protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en la región", pues supone la derogación de artículos que "abordan temas esenciales" y "representa un ataque directo a los avances logrados en la lucha contra la discriminación".

"Ayuso despliega su agenda reaccionaria. Que no olvide que está obligada a cumplir la ley", ha publicado la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, en sus redes sociales. 

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, entiende la propuesta como una "derogación camuflada" y denuncia que se trata del "primer retroceso en derechos LGTBI en décadas, que vuelve a patologizar y poner en la diana a las personas trans". "Madrid es una región abierta, diversa y acogedora con las personas LGTBI. Recortar sus derechos nunca puede ser una opción en democracia", ha subrayado el portavoz del PSOE de Madrid, Juan Lobato.