Qué ha pasado con los ocho millones que el Gobierno entregó a Ayuso para recuperar la Cañada Real

Otro invierno sin luz. Y van cuatro para más de 4.000 personas que viven en la Cañada Real Galiana, alrededor de 1.800 de ellas menores. Discurre a lo largo de unos 14 kilómetros por Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid y es uno de los asentamientos irregulares más grandes de Europa. Las primeras viviendas que se levantaron en la zona datan de las décadas de 1950 y 1960 y a ellas se unieron, en distintas oleadas, otras con nuevos “colonos”. Los actuales soportan a duras penas el día a día sin suministro eléctrico con el que calentarse o cocinar.

En 2021, el ministerio que entonces tenía las competencias, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tomó la iniciativa de armar una reunión en la que participaran la Delegación de Gobierno de Madrid, la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada, para analizar posibles soluciones integrales a una realidad que se arrastra desde hace más de cinco décadas y para buscar una fórmula que garantice los realojos y el tratamiento social que las familias reclaman. Desde el actual Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana confirman que ese encuentro se celebró en instalaciones de la Delegación del Gobierno en Madrid, con la presencia de todas las administraciones implicadas, excepto el Ayuntamiento de Coslada, que por entonces tenía planificado y en desarrollo la reordenación urbana de su zona y un proyecto de carácter social.

Fuentes del mencionado ministerio aseguran que, “aunque los planes estatales de Vivienda 2018-21 y el actual 2022-25 contemplan un programa específico para erradicar el chabolismo y la infravivienda, este no ha sido utilizado en sus posibilidades por la Comunidad de Madrid para afrontar el problema de la Cañada Real, como sí han venido haciendo otras comunidades autónomas para otras situaciones que se han producido en sus territorios”.

Pese a esa “inacción” y a que la competencia en materia de vivienda es de la administración autonómica, en las citas de trabajo impulsadas por el ministerio se propuso la elaboración de un plan integral de actuación que fuera financiado a tres partes iguales, por el Estado, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, “entendiendo que estamos ante uno de los mayores núcleos chabolistas de la Unión Europea y el fracaso de las propuestas llevadas hasta el momento”, aclaran las fuentes consultadas. Se acordó, además, que sobre la base de la información disponible se propusiera un programa de actuación para "poder afrontar con garantía el realojo de las familias que habitan la Cañada Real". El coste estimado ascendería a cerca de 400 millones.

Hubo más reuniones y, de nuevo, con el empuje del ministerio, se planteó “la firma de un protocolo previo a lo que sería posteriormente un convenio específico”. Tras un proceso de negociación, sobre todo entre Gobierno, Delegación y Comunidad, se hizo “una propuesta definitiva unos meses antes de los comicios electorales municipales y autonómicos de mayo” de 2023. Sin embargo, desde el ministerio afirman que “la Comunidad de Madrid no ha firmado dicho protocolo hasta la fecha”.

Con todo, en 2023 el ministerio presupuestó la primera anualidad de las que compondrían sus aportaciones y que en concreto se elevó hasta los 8.375.000 euros. “En la creencia de que el protocolo se firmaría posteriormente" se tomó la decisión de "generar una subvención nominativa por la cantidad antes mencionada para la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para que el dinero no se perdiera y pudieran comenzarse los trabajos a la espera de la rúbrica”, relatan las fuentes sondeadas. De esta manera, el 9 de septiembre se emitió orden por la que se transfería esta cantidad a la Comunidad de Madrid que comanda Isabel Díaz Ayuso.

Hasta la fecha, esta última administración “no ha dado cuenta" de lo "realizado con estos recursos”, por lo que avanzan que tanto desde el ministerio como desde la Delegación del Gobierno en Madrid “se van a establecer los contactos oportunos” para “hacer un seguimiento de los recursos enviados y las actuaciones llevadas a cabo y para poder insistir en la firma del acuerdo con la administración autonómica y los ayuntamientos afectados”. El objetivo último es “poder retomar la planificación y ejecución del plan integral de acción en la Cañada Real”.

Desde la Delegación indican que “desbloquear la situación" se ha convertido en uno de sus “principales retos”, por lo que operan para “aportar” en la medida de sus “capacidades” y reforzando su “papel de coordinación" entre administraciones, "todo lo que sea necesario para retomar la firma del protocolo de realojos”. “En esa línea, y en la de dar las soluciones más adecuadas posibles, no cejamos en nuestro empeño de mantener encuentros con todas las partes implicadas, agentes sociales e instituciones, como se viene demostrando en las últimas semanas y con más intensidad aún en las venideras, donde nos reuniremos próximamente con los ayuntamientos y plataformas involucradas”, adelantan.

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid aseveran que ésta "no ha sido convocada para firmar" el mencionado protocolo, algo que, entienden, "tendría que haber hecho el delegado de Gobierno", que no ha emplazado para ello "a las administraciones involucradas ni a la Comisión de Realojos, cuya última reunión fue el 23 de febrero de 2023", anotan, según sus cálculos. A ello suman, en relación al destino de los 8,3 millones, que "el dinero se transfirió en favor de la Comunidad de Madrid el segundo semestre de 2023 y se están realizando los trámites administrativos para ponerlo a disposición de la Agencia de Vivienda Social (AVS), como medio propio" de la administración autonómica "para la gestión de compra y realojo con ese presupuesto". Es decir, la inversión todavía no se habría traducido en intervenciones precisas. Con todo, fuentes de AVS sostienen que "las actuaciones de realojo en Cañada han seguido su curso planificado sin retraso" y que "su plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2027".

Desde la delegación inciden en que tienen "la mano tendida" para "desarrollar encuentros con todas las partes" y encadenan que "el pasado lunes 15 de enero" convocaron "a una reunión al Comisionado -del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real- a primera hora de la mañana, que fue anulada por el propio comisionado el viernes anterior, sin dar ninguna alternativa". En ese punto, recuerdan que, de acuerdo al Decreto por el que se crea esa figura, "serán funciones del Comisionado la interlocución entre las distintas administraciones y entidades implicadas, así como coordinar todas las acciones y la puesta en marcha de los planes de intervención en materia social, urbanística, de vivienda y jurídica que se deberán llevar a cabo en la zona para normalizarla y reorganizarla".

Lobato: "No actuar no es una opción"

Para el PSOE de Madrid “el problema son las razones por las que Ayuso", entienden, "no quiere resolver este tema, ¿por qué?”, se preguntan fuentes del entorno del líder del partido, Juan Lobato, que barajan una respuesta: “Tiene que ver con su modelo de gestión, con el ‘zendalismo’. Ayuso está a otra cosa, no a gobernar”. “No es sólo la Cañada, que no la pisan y hacen como si esa parte no perteneciera a Madrid, es desidia extendida en los grandes asuntos de la comunidad. Anuncian lo que sea para buscar titulares, en algunos casos ponen hasta un cartel, y luego no hay seguimiento de nada”, critican. Ponen tres ejemplos de esa ausencia de gestión: “El primer anuncio de la reforma que necesita el hospital de La Paz, la joya de la corona de la sanidad española, lo hizo Esperanza Aguirre en 2007, Ayuso ha presentado dos y no han hecho nada, cero. En transportes, el intercambiador de Conde de Casal, por el que se mueven diariamente medio millón de personas, Ayuso hasta presentó una maqueta, pero lo hecho es cero desde hace quince años. O el Hospital de Lozoyuela, la presidenta lo anunció en 2019 con unos maniquís detrás y ahí está la parcela sin nada casi cinco años después", afean. Los socialistas son conscientes de que la Cañada requiere un proceso de actuación “largo y complejo”, e instan a la comunidad a “asumir su responsabilidad” para empezar, porque “en el Madrid que queremos esto hay que resolverlo”, proclaman.

De hecho, adelantan su intención de poner el foco en la Cañada en una acción política de denuncia “porque no han hecho nada con el dinero que ha dado el Gobierno de España”, inciden. El propio Lobato recuerda que “los más vulnerables de los más vulnerables están allí y no actuar no es una opción”. Añade con carácter de convicción: “Madrid también es eso, cómo responde a situaciones como ésta, y vamos a poner la Cañada en el lugar político que le corresponde por humanidad, por solidaridad y por dignidad, no sólo de los que viven allí, también de la región en general”.

Construir un muro de ignorancia alrededor del asentamiento tampoco es la solución para los autores del informe Diagnóstico de los usos y necesidades energéticas de la población de la Cañada Real Galiana, Jorge Martínez, Fernando Hernández y Ulpiano Ruiz-Rivas. Se trata de un estudio financiado gracias a un convenio de la propia comunidad y la Universidad Carlos III en el que se refleja que “la alta vulnerabilidad energética” que, según constataron, “sufre un porcentaje muy elevado de los hogares de la Cañada Real Galiana”, obliga, a su juicio, “a los diferentes actores políticos a arbitrar acciones urgentes y duraderas en el tiempo, ante un problema enquistado sin fecha clara de resolución”. Una circunstancia que conlleva la “incapacidad" para "mantener el ambiente interior de la vivienda” a temperaturas y en condiciones de humedad "adecuadas”, con desviaciones “extremas” en muchos casos; o para contar con “servicios energéticos básicos como iluminación, agua caliente sanitaria, opciones de cocinado de alimentos, electrodomésticos básicos (refrigeración y conserva de alimentos o lavado de ropa, por ejemplo) sistemas educativos y de comunicación, etc”. Se han dificultado en esencia las tareas de cuidados, que recaen más sobre mujeres, adolescentes y niñas, lo que acentúa la desigualdad que padecían en el acceso a la formación o a un empleo. A ellas y a ellos ya no les vale con el despilfarro de palabras y exigen hechos.