Ninguna comunidad se ha interesado por el índice del alquiler diez días después de que el Gobierno lo publicara

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) que capitanea Isabel Rodríguez cumplió. Hizo público el pasado 27 de febrero el Índice de Precios de Referencia del alquiler, dentro del plazo al que se había comprometido. Pero, diez días después, ninguna comunidad se ha puesto en contacto con esa área del Gobierno para interesarse por la herramienta que permitirá poner límites a las rentas, más allá de Cataluña, que sí tiene intención de aplicarlo, aunque ha reclamado uno propio. Para que el tope pueda llegar a ser una realidad, las administraciones autonómicas y municipales tendrán que hacer un trabajo previo que desemboque en la declaración de zonas tensionadas en cada territorio, de lo contrario, el índice no tendrá consecuencias efectivas. Es más, desde el movimiento vecinal asociativo, que crece en distintos puntos de España, alertan de que cualquiera pueda adentrarse ahora en el índice de precios “y ver por cuánto le está timando su casero, y para lo único que está sirviendo es para generar malestar y enfado en la gente”. “Vale, ya sabemos cuánto nos están cobrando de más, y cómo se va a poner coto a la especulación”, se preguntan. 

Fuentes del ministerio recuerdan que los territorios “tienen que atender la demanda de la ciudadanía”, que “se tienen que hacer cargo de su responsabilidad, que es el derecho de acceso a la vivienda”. A su juicio, las comunidades “no pueden escaquearse de atender dramas sociales que implican destinar más del 40% de un salario a la renta del alquiler, cuando no es el 80% o 100%”, avisan. Uno de los colectivos sociales para el que la vivienda se ha convertido en una carga pesada es el de los jóvenes, que tienen que destinar mucho más del 30% recomendado de sus salarios para al pago de la renta o de la hipoteca. De hecho, según la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, sólo el 16,3% de los jóvenes ha logrado emanciparse, cuando la media de la Unión Europea es del 31,9 %, y no antes de cumplir los 30 años. Y si se cruzan los salarios con los precios de pisos y suministros, a una persona joven le faltarían 76,9 euros para poder vivir en solitario, de acuerdo a lo reflejado en el mencionado análisis difundido recientemente.

Es en ese dibujo de situación, que incluye que España no ha tenido ley de vivienda hasta 2023, en el que las fuentes del Mivau consultadas defienden que “es el momento de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos den respuesta a sus vecinos y vecinas y controlen el precio del alquiler”, que aprieta a muchos como un corsé. 

Una década de subidas

Y es una rémora, el elevado desembolso que suponen las rentas hipotecarias o de alquiler a abonar por la mayoría, conocida y reconfirmada por los datos. El Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este jueves indica que el costo de la vivienda libre subió una media del 4% el pasado año, anotando su décimo repunte anual consecutivo, tras sumar un 4,2% en el cuarto trimestre.

El precio de las edificaciones nuevas ascendió una media del 8% en 2023, lo que supuso su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%, y significó completar una década de precios en escalada.

Por lo que respecta a la vivienda usada, la información del INE apunta a un encarecimiento del 3,2% en 2023, repunte que hizo que ese tipo de casas también acumulara diez años de ascensión. Aunque, cabe señalarse que la elevación del pasado ejercicio fue la menor desde 2020, cuando se estiró un 1,4%.

Todos los territorios del mapa español presentaron tasas anuales positivas, si bien las mayores crecidas se produjeron en Andalucía, con el 5,3%, la Comunidad Foral de Navarra, 4,7%; y Canarias más la Comunidad de Madrid, con un 4,5% en ambos casos. Del otro lado, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia contabilizaron los menores porcentajes, con un 2,1%, 2,2% y 3,4%, respectivamente. Con todo, la subida global de precios de 2023 es casi la mitad del 7,4% asociado a 2022, cuando el precio de la vivienda cabalgó a su mayor ritmo en 15 años. Aún así, “son cuantías inasumibles, que hacen prohibitivo comprarse una vivienda", lamentan fuentes de una asociación vecinal.

En lucha contra los fondos buitres

La aparente parálisis de las administraciones en materia de vivienda, contrasta con el vigor creciente de los movimientos ciudadanos en lucha contra los abusos urbanísticos. En la capital madrileña ha vuelto a darse una muestra de ello: cientos de inquilinas se han plantado contra Nestar Homes, “antes Lazora”, y “una de las múltiples gestoras bajo las cuales opera el tercer fondo buitre más grande de España, Azora”, según aseveran desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. “Tan sólo en esta Comunidad, Nestar gestiona 42 bloques, algunos de ellos de titularidad pública. Otros, vivienda pública que le fue vendida al fondo a precios de risa", explican en una nota. Los vecinos de uno de esos 42 edificios, el ubicado en Martín Muñoz de las Posadas 7, amenazan con una huelga de alquileres debido a "la nefasta gestión" de "Nestar", que tiene el bloque en condiciones "deplorables" con "fachadas en mal estado, zonas comunes llenas de escombros y materiales de obras a medio hacer, graves filtraciones de agua en muchos pisos y contadores que dan lecturas desorbitadas", desgrana la organización sindical.

Y lo relatado no es todo. Aseveran que la empresa "impone" un añadido "de más de 150 euros mensuales al tercer año", lo que "suele suponer una subida repentina de alrededor del 20% del alquiler a mitad de contrato", escondida "entre cláusulas abusivas no negociables". Es "un callejón sin salida" para los inquilinos: "O aceptan la subida de alquiler, o se marchan de la casa", afea el mencionado sindicato que se organiza con las vecinas de las edificaciones de Nestar en la Comunidad de Madrid para "exigir una negociación colectiva".