Ni investigación, ni datos, ni reuniones: la Fiscalía del Estado olvida sus promesas a las víctimas de residencias
El número 4 de la calle Fortuny de Madrid se llenó de optimismo a primera hora de la mañana de aquel 1 de febrero de 2023. Los representantes de tres organizaciones de familiares de víctimas en residencias llegaban "insatisfechos", pero con la esperanza de poder sentirse, por primera vez, escuchados. Después de tres peticiones y ocho meses de espera, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, iba a recibirles. Y ellos iban a exponer sus demandas en relación a la falta de investigación sobre las más de 34.000 muertes en geriátricos durante lo peor de la pandemia de covid-19. Sin embargo, salieron "decepcionados", un sentimiento que ahora se ha triplicado. "Es un triple fracaso, una triple decepción, una triple ignominia. Estamos en una situación aún peor", lamenta Paulino Campos, presidente de REDE y asistente y promotor de aquel encuentro. Las tres promesas que la Fiscalía les hizo entonces, denuncian ahora las víctimas, no se han cumplido. Y ha pasado más de un año.
Habían sido escuchados, pero nadie les aseguró entonces que fueran a serlo en los juzgados. Lo dejó claro entonces la presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1, María José Carcelén: "Seguimos pidiendo que se escuche a las familias. Se tenía que haber hecho antes y ni siquiera ahora tenemos la certeza de que vaya a ocurrir". Su queja estaba clara. Las versiones de los familiares de muchos de los mayores fallecidos no se habían oído en sede judicial. Y a veces la representación fiscal ni siquiera había acudido a las citas. Así lo expusieron en el encuentro en la Fiscalía, que se alargó más de dos horas y del que lo único que pudieron llevarse a casa fue un triple compromiso verbal, como recuerda ahora María Jesús Valero, de Marea de Residencias.
Les volverían a recibir, volverían a exigir a los fiscales que escuchasen a los familiares en sus diligencias de investigación y actualizarían los datos de causas abiertas en los juzgados de toda España, una cifras que debían ser enviadas por los fiscales superiores con una periodicidad trimestral. Pero ni se han vuelto a reunir, ni hay nuevos datos, ni han insistido en la necesidad de investigar. "Ya dijimos al concluir aquella reunión que salíamos muy decepcionados, por la falta de voluntad y de medios de la Fiscalía a la hora de abordar con rigor y con coraje la investigación de la hecatombe inaceptable que segó la vida de miles de personas mayores, abandonadas a su suerte. Hoy, un año después, podemos decir, con el espejo retrovisor puesto en aquella reunión, que estamos triplemente decepcionados", denuncia Campos.
"Posición particularmente proactiva"
La reunión se celebró apenas unos meses después de que la Fiscalía moviera ficha. El 6 de octubre de 2022, la institución envío un oficio [puedes consultarlo aquí] firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, que entonces fue entendido como un giro de 180 grados en su actitud respecto a la tragedia ocurrida durante la crisis del covid. Básicamente, daba orden a los fiscales superiores para que rindieran cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para que escucharan a las familias.
"La trascendencia de los hechos y su resultado, así como el hecho de que los mismos afecten a personas especialmente vulnerables, exigen del Ministerio Fiscal una posición particularmente proactiva en el procedimiento", decía el escrito. "Resulta de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar, garantizando su protección procesal", añadía.
Era, no obstante, el segundo que la Fiscalía redactaba en este sentido. Unos meses antes, en febrero, la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado, exigió lo mismo, despues de que Amnistía Internacional denunciase la "deficiente" investigación. La organización criticó que la mayor parte de diligencias que se habían hecho hasta entonces no cumplían "con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia" y que existía "riesgo de una generalizada impunidad". Es lo que sostenían —y aún hoy lamentan—las familias.
El oficio enviado ya con Álvaro Ortiz al frente de la institución solicitó, concretamente, tres datos: las diligencias de investigación en tramitación en todas las fiscalías a fecha 30 de septiembre de 2022, las denuncias o querellas interpuestas por las fiscalías hasta entonces y el número de procedimientos judiciales en tramitación en los juzgados y tribunales. Obtuvieron la información y así se la trasladaron a los familiares en aquel encuentro. Según especificaron, hasta esa fecha había 106 procedimientos judiciales en trámite y otros 34 archivados por órganos judiciales, la mayoría en 2022. De ellos, 20 se incoaron por denuncia o querella del Ministerio Fiscal. La institución recurrió 31 autos de archivo, de los cuales 19 habían sido estimados, cuatro desestimados y ocho estaban pendientes de resolución.
Sin embargo, en el escrito de Fiscalía se especificaba que esos datos debían "actualizarse trimestralmente". Según confirman fuentes del organismo a infoLibre, algunos fiscales superiores sí lo han hecho a tiempo, pero otros no. En cualquier caso, desde la Fiscalía General no han reelaborado el documento que presentaron a las familias. El motivo, concretan, es que la convocatoria electoral del pasado mes de julio provocó movimientos en la institución y la Secretaría Técnica —encargada de hacerlo— se quedó con varias vacantes que no podían ser cubiertas por la situación de interinidad de García Ortiz, confirmado como fiscal general en diciembre de 2023. Ahora, una vez solventada la situación, aseguran que están "recopilando los datos". "Cuando estén actualizados habrá nueva reunión con las asociaciones para dárselos, como la otra vez", aseguran las mismas fuentes.
"Nula empatía y nula disposición"
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Pero "la otra vez" tampoco les parecieron suficientes las cifras ofrecidas. "La información entregada entonces, en aquella reunión, fue un documento hecho deprisa y corriendo, y no integraba la totalidad de las diligencias abiertas", critica Campos, que denuncia también "la nula empatía mostrada por la Fiscalía con las víctimas, y su nula disposición a promover e impulsar la acción de la justicia, a asegurar la legalidad, y a proteger los derechos de las personas más vulnerables". "Estamos exactamente igual que en febrero de 2023, pero más enfadados, no ha habido ninguna buena intención", añade Valero.
Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare, que también estuvo presente en el encuentro en la Fiscalía, espera por su parte que el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid sirva como "acicate" para un nuevo encuentro. Aunque se circunscriba a Madrid, creen que la oportunidad existe. "La dejadez es evidente. Hasta ahora la Fiscalía no ha tenido una actitud proactiva, salvo en contadas ocasiones que, lamentablemente, tampoco tuvieron un resultado positivo para las familias. Por su propia iniciativa, al menos hasta ahora, no han investigado nada, se han limitado a escuchar a algún geriatra y a leer algún informe forense. Con eso les ha bastado", lamenta Vázquez Sarti.
El citado documento se presentó el pasado viernes 15 de marzo y Marea de Residencias y Verdad y Justicia, las asociaciones que impulsaron aquel tribunal ciudadano, yan han confirmado que la Fiscalía recibirá el documento, de 148 páginas. Todavía, sin embargo, no lo han enviado.
