¿Es posible una financiación "singular" para Cataluña sin romper el sistema? Expertos dicen que sí, pero sin excesos

El origen del terremoto: unas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en RNE sobre que las "cuestiones singulares" asociadas a algunas regiones como Cataluña "tienen que tener un tratamiento especial" en materia de financiación autonómica. Este sábado, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, aseguró que el Gobierno de España quiere "dar una respuesta a la singularidad de Cataluña" en materia de financiación y prometió ponerse a trabajar de forma inmediata para conseguir su mejora. Y este domingo, en una entrevista en La Vanguardia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que articular una financiación singular para Cataluña es "factible" y compatible con la multilateral.

La sacudida tuvo un efecto rápido: gobiernos autonómicos comandados por barones del PP como los de Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Murcia, La Rioja o Galicia se han revuelto ante la posibilidad de que Cataluña reciba un trato diferente al del resto. Pero no solo desde el PP. También ha habido reacciones desde el lado del PSOE, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha ironizado sobre que “sólo faltaría que, encima, toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos". O la de los socialistas extremeños, que han advertido al Ejecutivo de que no permitirán “chantajes" por parte de "ninguna otra comunidad autónoma". El mensaje más o menos común es: "Queremos negociación multilateral en igualdad".

Desde Hacienda siguen sin desvelar cuál será su propuesta, pero infoLibre ha planteado la pregunta a varios expertos: ¿Hay alguna forma de hacer compatible una cierta financiación singular para Cataluña sin vulnerar la igualdad del resto, sin romper el actual sistema? 

El catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea Diego Martínez López cree, de entrada, que, “con la lógica del modelo del Régimen común, no sería posible beneficiar singularmente a una comunidad sin perjuicio de las demás”. “Si se respetan los fundamentos del modelo actual, aunque se reforme, no sería posible. Distinto sería que fuéramos a un Régimen foral para todos, pero esto parece que, de momento, el Gobierno lo ha descartado”, asevera. 

Sí considera que hay alguna vía en el sistema vigente para reconocer “singularidades”. En concreto dos: “Una es la población ajustada, que permite tener en cuenta los costes relativos de una comunidad respecto a las otras, si tiene una población más envejecida, una superficie mayor, la insularidad, dispersión de población… Esto es un juego de suma cero, cuando ponderas más una cosa, perjudicas a otras". "Pero esas ponderaciones", avisa, "no son individuales. En general suelen ser grupos de tres, cuatro o cinco comunidades las que, cuando se toca la población ajustada, salen beneficiadas o perjudicadas, con lo que por ahí se puede hacer algo, pero no sería muy particular para Cataluña”, explica.

El segundo elemento al que alude es “el Fondo de suficiencia global, que tiene entre sus ingredientes la compensación que se le da a una comunidad cuando recibe una transferencia tipo la Policía autonómica, las prisiones, la Justicia… Esto se valora y se le otorga un dinero para que pueda ejecutar esa competencia, unos fondos que se van actualizando”. A su juicio, “aquí sí puede haber un poco de margen de actuación, porque, si se ve que hay algún desajuste financiero, se puede corregir, pero son correcciones pequeñas. Hablaríamos de decenas de millones de euros, con lo que no sería muy significativo. Simbólicamente, quizás sí podría funcionar”, defiende quien piensa que “los 15.000 millones que se quieren condonar son pocos para resolver el problema de la deuda en Cataluña”. “Podrían cederle otra competencia con cierta generosidad financiera, pero no queda mucho por ceder. Con la lógica del modelo actual, incluso reformado, las opciones que hay suponen poco dinero, no así un cupo catalán, o el Régimen foral para Cataluña, pero eso sería romper la espina dorsal del sistema”, cierra.

Un reto a tres bandas: comunidades, Gobierno y Bruselas

Ana Herrero, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ve “poco viable” una solución que "contente a Cataluña y que no pase por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)”. Si bien comparte que “siempre se puede modificar, por ejemplo, la fórmula con la que se calculan las necesidades de gasto, lo que llamamos población ajustada. Esto cambiaría la transferencia que hay que pagar a cada comunidad, a favor de la que tiene más peso en esa variable”. Con todo, advierte de que esa opción no es tan sencilla como pudiera parecer. ¿El motivo? “Una vez que se mueve una de esas piezas, hay un baile que afecta a todo el mundo y las reformas que se han hecho hasta ahora se han llevado a cabo con la condición de que ningún territorio pierda recursos respecto a los que estaba recibiendo. Es decir, se puede modificar la fórmula de reparto y los que ganan, ganan; y los que pierden se ven compensados porque reciben un ajuste al alza para no perder”. 

Y hay otro factor a tener en cuenta: “Si se hace una modificación de las variables de la población ajustada que afecta a Asturias, Extremadura, Cantabria o La Rioja, el sistema casi ni pestañea; pero si repercute en una de las comunidades grandes, como puede ser Cataluña, el baile es enorme”. 

En relación a las críticas a la bilatelaridad entre el Gobierno y Cataluña, Herrero hace notar que está ya “es parte del modelo que se negocia con cada comunidad”. Lo argumenta: “Normalmente, primero el Gobierno tantea para ver cuáles son las demandas de los territorios, después hace una propuesta general en la que acoger todas las que vea factible desde la disposición presupuestaria y, una vez que se aprueba en el CPFF, cada comunidad tiene que sentarse y firmar ese acuerdo y las cifras definitivas. Tenemos las dos cosas: hay un foro multilateral, pero lo que va al Congreso son los acuerdos bilaterales”, condensa.

A su entender, “lo complejo será que Cataluña acepte negociar con las demás, aunque, igual si quieren materializar la condonación de la deuda, tienen que sentarse; y buscar un ajuste de la fórmula que no le cueste una fortuna al Gobierno y que cierre un poco la brecha vertical de la que se quejan todas las comunidades, ya que con el actual Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales no llega para pagar la factura de educación, sanidad y otros gastos sociales”. “Ahí está la cabeza del león: hay que intentar aproximarse a las necesidades financieras de las comunidades sin descapitalizar al Gobierno y con los escenarios de consolidación presupuestaria de Bruselas”, cierra Herrero.

Una reforma pendiente y con ingredientes políticos

Para Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, conceder a Cataluña “algún tipo de tratamiento diferencial preferente y significativo no se podría hacer sin romper el sistema. Podrían hacer alguna cosa simbólica”, coincide con el resto de expertos, ligada a los fondos para competencias singulares, por ejemplo. Lo que sí tiene clara es la línea que debería seguir una futura reforma de un modelo que acumula críticas desde hace años, de llevarse a cabo: habría que hacerlo “más transparente, más igualitario y con más responsabilidad fiscal para todos”, de forma que, “el que quiera más dinero, dé la cara y suba impuestos”, resume. 

Más allá del ámbito económico, hay ingredientes políticos que podrían condicionar las negociaciones abiertas sobre este asunto y sus tiempos, o si Cataluña comparece o no en el CPFF. Algunas fuentes aportan una pista: todo depende de si el socialista Salvador Illa "logra o no ser investido y formar gobierno", con quién lo haga, o si, finalmente, los catalanes han de acudir de nuevo a las urnas. En definitiva, Montero tiene difícil el objetivo que ella misma se ha impuesto: impulsar una reforma que sea válida para todos, cuando, además, el Gobierno de Sánchez en Madrid sigue dependiendo de los independentistas.