La eutanasia (aún) no es un derecho: tarda el doble de lo que marca la ley y un 20% de las peticiones se rechaza

Ha cumplido ya tres años en vigor, pero la eutanasia todavía no se aplica sin trabas en España. Tarda más —mucho más— de lo que debería, y ni siquiera siempre llega a aplicarse a tiempo. Así lo ha denunciado este martes la organización Derecho a Morir Dignamente, que ha cifrado en hasta un tercio el número de personas que mueren esperando su muerte digna. Es algo, han criticado sin ambages, que denota un "maltrato institucional" que supone un "sufrimiento añadido" a todos los solicitantes. Y a sus familias.

Gina es una de ellas y ha experimentado en sus propias carnes estas críticas. Su padre padecía parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad incurable. El neurólogo que le trataba no era objetor, pero tampoco tenía claro si colocaba al paciente en un "contexto eutanásico", explicó ella durante la rueda de prensa de este martes. "Muchos médicos se confunden y piensan que debes estar en cuidados paliativos. Pero mi padre quería morir con autonomía, con la mayor cantidad de facultades cognitivas y físicas posibles. Al final, murió con las facultades muy mermadas, pero lúcido y como él quería morir", expuso Gina. A su lado, Ángel lamentaba que a su mujer sí le denegaron inicialmente el derecho a morir dignamente. A su juicio, "por desconocimiento y falta de interés".

Para muestra, la "escasez" de información sobre la aplicación de una norma que, después de tres años, todavía no cuenta con un despliegue completo en nuestro país. Ocho comunidades autónomas —Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra— ni siquiera han publicado un informe sobre la aplicación de la ley. Y los últimos datos del Ministerio de Sanidad corresponden "al lejano" 2022, criticaron desde DMD. Pero aun así, su lectura deja varios datos que justifican las críticas de la organización.

En 2022, según los datos del departamento que ahora dirige Mónica García, se presentaron 576 solicitudes de ayuda para morir. De ellas, 152 murieron mientras se tramitaba. El 26,4%. Sobre 48 de ellos, ni siquiera hay un informe del médico responsable. "Los datos disponibles no permiten analizar la situación más que de manera superficial", denunció durante la rueda de prensa el presidente de la asociación, Fernando Marín.

Pero, ¿por qué? ¿A qué se debe? "¿Solicitaron la prestación de ayuda a morir muy tarde (pocos días antes de morir) o la tramitación fue incapaz de adaptarse a sus necesidades?", se pregunta la organización en su informe. En el de Sanidad, recuerda, se atribuye a una incapacidad para adaptarse a las necesidades de cada persona para respetar sus derechos, nunca a "fallecimientos prematuros" ni a "una demora injustificada de la prestación".

Sin embargo, sí que existe una "excesiva duración del procedimiento". Según la ley, desde que se solicita el derecho hasta que se ejecuta deben pasar 35 días pero, de media, estos llegan a los 75. Y hay más, porque el 20% de las solicitudes (105 de las 528 contabilidazas, puesto que 48 de las 576 se "perdieron) fueron denegadas por el médico responsable, por el médico consultor o por la Comisión de Garantía y Evaluación, que dio la razón a 23 de 61 personas que reclamaron la negativa. "Un 40% de reclamaciones aceptadas es un dato positivo, pero que merece una reflexión: la reclamación no siempre es un proceso sencillo y no está al alcance de cualquier persona", lo que introduce "un factor de desigualdad".

No en todas las comunidades es igual

No es el único, en cualquier caso. El informe de Derecho a Morir Dignamente lamenta que si se cruzan los datos de las peticiones de eutanasia con los de población se pueden observar "notables diferencias entre comunidades autónomas". Por ejemplo, en Navarra, País Vasco o Cataluña la tasa de eutanasias sobre el total de fallecimientos es superior al 0,1%, pero en Murcia, Extremadura o Galicia fue 10 veces menor. "La desigualdad entre territorios es grave porque vulnera el principio de igualdad ante la ley. Es inadmisible que el acceso al derecho dependa del lugar donde se vive", lamentó en la rueda de prensa Loren Arseguet, del grupo internacional de DMD.

Pero en cualquier caso, ¿por qué sucede esto? ¿Tiene que ver con quién gobierna? Según Marín, no existe un "boicot" por parte de las comunidades dirigidas por PP y Vox, aunque sí que existe una "preocupación" especial por Castilla y León y Murcia.

En la primera hay una comisión de evaluación compuesta por miembros que han declarado públicamente su oposición a la eutanasia, y en la segunda se denegó una petición de una persona con demencia grave porque "no se podía medir objetivamente su sufrimiento". "Hay comisiones que se inventan requisitos que no se contemplan en la ley", criticó Marín.

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En cualquier caso, y según lamenta la organización en su documento presentado este martes, todas estas cifras nos sitúan a la cola de otros países que también han regulado por ley la ayuda a morir, aunque no sólo nos diferencia este aspecto: mientras que la mayoría de quienes reciben la prestación en España lo hacen por sufrir una enfermedad neurodegenerativa, en lugares como Bélgica, Canadá o Países Bajos el 80% de los pacientes son terminales.

La responsable internacional de DMD comparó precisamente la situación española con la de Bélgica, donde se aprobó una ley de eutanasia en 2002. Allí, hasta 2011, la tasa de fallecimiento por eutanasia sobre los fallecimientos totales no pasó del 1%. A los tres años, era del 0,38%. "Juzgaron que era muy poco, y la asociación hermana a la nuestra investigó. Su diagnóstico fue que la ciudadanía desconocía completamente la ley y los profesionales sanitarios también la desconocían", explicó Arseguet.

Por ello, DMD ha hecho tres propuestas para mejorar el acceso a la eutanasia en España. La primera, que la tramitación esté "clara" desde el principio, tanto para la persona solicitante como para los profesionales sanitarios que reciben la petición. La segunda, que todas las unidades que prestan servicios sanitarios se planifiquen adecuadamente para que, cuando surge la objeción de conciencia, estén en condiciones de garantizar la facilitación de un médico consultor o médico responsable alternativo. Y por último, y siguiendo el ejemplo de País Vasco, Cataluña o Asturias, que se designe una persona de referencia sobre la eutanasia en diferentes niveles, que puede ser territorial, por centro de salud, hospital o área sanitaria.