Feijóo se instala en el 'no' a todo salvo para celebrar el pacto judicial con el “depredador del Estado de Derecho”

"Un Partido Popular responsable sabe que la alternativa se manifiesta también sabiendo llegar a acuerdos". La frase, pronunciada este martes por la número dos del PP, Cuca Gamarra, durante el debate sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se corresponde con lo que horas más tarde hizo su partido en el Congreso: votar en contra de todas las normas presentadas por el Gobierno y los grupos parlamentarios salvo la reforma anteriormente citada, pactada por PP y PSOE hace más de un mes. Incluso en ese punto Gamarra se esforzó mucho en que no pareciera un acuerdo, hasta el punto de acusar al presidente de Gobierno ser "un depredador del Estado de Derecho" y de anticipar que "el final de Pedro Sánchez está más cerca" durante su turno de intervención.

El texto del CGPJ pactado por ambas formaciones no implica que "los jueces elijan a los jueces" como pretendía el PP ni evita que en un futuro pueda volver a producirse un bloqueo del órgano de gobierno de los jueces como el que hemos vivido durante los últimos cinco años. Sin embargo, la secretaria general del PP presumió de que es la manera de "empezar a proteger la Justicia del intervencionismo y manipulación de Sánchez". La dos de Feijóo mezcló las críticas con la celebración de que por fin haya un "consenso entre las dos primeras fuerzas políticas" —obvió en todo momento que es su formación quien ha mantenido bloqueada la renovación—como los que se llevaron a cabo durante la Transición, y no basado en "bloques en los que 51 se imponen a 49".

Tras la votación, que se saldó con dos derrotas importantes del Gobierno, Gamarra aseguró que "es el momento" de que el Ejecutivo "entienda que ha acabado su tiempo". Además de definir al jefe del Ejecutivo como la "principal amenaza" del país, recalcó que el socialista "no tiene ni la estabilidad ni la dignidad de asumir las consecuencias de la situación parlamentaria que tiene" y argumentó que "sus socios no le quieren por su valía, sino por su debilidad".

El PP vota en contra de la ley de extranjería, de la de paridad, del decreto anticrisis y del techo de gasto

Siguiendo esa línea estratégica, el PP no dio su visto bueno ni a la reforma de la ley de extranjería, ni a la de paridad, ni el decreto anticrisis y, por supuesto, tampoco a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Una decisión tomada por la dirección del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, que ha priorizado la derrota parlamentaria del Gobierno frente a los intereses, incluso, de algunas de sus autonomías como Canarias, donde gobiernan en coalición con Fernando Clavijo (CC). Génova buscaba anotarse un tanto antes del parón estival para evidenciar la debilidad parlamentaria del Gobierno votando junto a Vox y Junts.

Aunque Feijóo presume de manera frecuente de que el PP es un partido "de Estado" —de hecho, sostiene que es el único que hay en nuestro país— ha desdeñado cualquier acercamiento con el Gobierno de Sánchez y solo se ha abierto a pactar la reforma del CGPJ tras las europeas —sin convocatorias electorales a la vista— tras bloquear su renovación desde que accedió al cargo. Cuando llegó a la presidencia del PP hace ya dos años, prometió desterrar el frentismo y abrir una nueva etapa donde fueran posibles los pactos de Estado, pero lo cierto es que ese giro nunca llegó a producirse y ahora Génova lo que prioriza es el choque con el Gobierno de Sánchez. Cuando es La Moncloa quien plantea la necesidad de llegar a acuerdos, Feijóo se echa para atrás. En esta legislatura el conservador solo ha suscrito un pacto con el PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término de "disminuidos".

El Ejecutivo de Sánchez pide al PP que, además de un acuerdo en torno a la migración, también se adhieran al nuevo Pacto de Estado contra la violencia machista, den su visto bueno a la reforma sobre la financiación autonómica y también participen en plan de regeneración democrática. Respecto al primero de ellos, el ministerio busca actualizar el pacto alcanzado en noviembre de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente y con el PSOE gobernando por una gestora —Sánchez había dimitido bajo la presión de la vieja guardia del partido apenas unos días antes—. Más complicado parece convencer al PP de Feijóo de la financiación y la regeneración democrática, aunque ambas formaban parte de los pactos que el líder del PP le propuso alcanzar a Sánchez tras el 23J.

La llamada a la negociación de pactos de Estado es una constante de los últimos años, especialmente sobre aquellas materias de especial relevancia para las dos fuerzas que han dominado la política española durante 40 años. La excusa siempre es la misma: asuntos que se quieren sacar del debate ideológico porque, teóricamente, deben permanecer al margen del cambio de orientación del Gobierno. Sin embargo, lo cierto es que los pactos de Estado con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en democracia. De hecho, la mayoría de ellos se cerraron con la derecha en el Gobierno y la izquierda en la oposición.

Las comunidades del PP elevan su choque con el Gobierno al Supremo

En la Junta Directiva celebrada el lunes el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, trató de convencer a la plana mayor de su partido para que el PP facilitase la admisión a trámite de la ley de extranjería, poniendo ejemplos concretos de menores migrantes en situaciones muy complicadas. Sin embargo, otros presidentes autonómicos como el murciano Fernando López Miras y el valenciano Carlos Mazón insistieron en el rechazo a la reubicación obligatoria de menores entre las comunidades, tal y como Canarias pactó con el Gobierno central, alegando que estaban también al límite de su capacidad. La madrileña Isabel Díaz Ayuso también se opuso y dirigió el foco a la situación del aeropuerto Madrid Barajas. Por su parte, el discurso de Feijóo fue inequívoco: el PP no acepta "trágalas", afirmó.

Según explican fuentes de la dirección del PP, el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, solicitó este martes al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que el Gobierno se comprometiera a aceptar cuatro de las seis peticiones que le trasladó la pasada semana a cambio de no tumbar la norma: que el Ejecutivo central financiara al 100% la acogida de menores migrantes, declarara la emergencia migratoria en toda España, convocara a la conferencia de presidentes e impulsara un mecanismo para que el Gobierno se haga cargo del gasto cuando las comunidades autónomas estén saturadas. Unas peticiones que podrían haber incluido a través de enmiendas si hubieran dejado que el trámite continuara, como les reclamaba el Ejecutivo.

Antes de celebrarse la votación, la diputada encargada de defender la posición del PP, Ana Alós, instó a los partidos de Gobierno a retirar la proposición de ley "Póngase de verdad a negociar si tienen voluntad para ello, convoquen una conferencia de presidentes de forma inmediata y un pleno extraordinario monográfico para debatir sobre migración y tendrán soluciones para este problema que sufre Canarias y el resto de España", señaló. "Dejen de hacer demagogia: sentimientos tenemos todos, pero responsabilidad parece que no", añadió.

El PP está forzando el choque hasta el punto de que todas las comunidades autónomas en las que gobiernan, a excepción de las islas, han anunciado este martes que presentarán recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo para denunciar la negativa de Sánchez a convocar la conferencia de presidentes. Tampoco se ha unido, por el momento, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan José Vivas, que es, junto con Canarias, uno de los más afectados por la migración. Aunque Feijóo asegura que la "solidaridad" del PP está garantizada cuando se trata de menores migrantes, su decisión de votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería evidencia que la estrategia de los conservadores sigue otros derroteros.