Por qué el discurso antiinmigración no cala en la población con más extranjeros de Cataluña

La semana pasada el partido de Carles Puigdemont criticó a Sánchez por destinar 200 solicitantes de asilo en Tossa de Mar. Los migrantes, que huían de la guerra de Mali, se han alojado temporalmente en hoteles haciendo uso de un 0,84% de los alojamientos turísticos de la ciudad. Tossa es un destino vacacional de 6.000 personas que en verano aumenta su población a más de 15.000. Tras la decisión de Sánchez, Junts afirmó en un comunicado que no se puede seguir “tensando y sobresaturando la convivencia en Cataluña porque sin los recursos necesarios el sistema no funciona”.

Lejos de esta polémica se encuentra el municipio con mayor número de población migrante en Cataluña, Guissona (Lleida). Allí no hay los problemas de convivencia de los que se queja la dirección del partido de Puigdemont. Tampoco la inseguridad que ha llevado a su partido a pedir la expulsión de los migrantes multirreincidentes. Cuando se le pregunta al alcalde de Junts, Jaume Ars, por el binomio entre migración e inseguridad que otros alcaldes del Maresme afirman que existe en sus municipios, él niega que sea un problema en el suyo: “Aquí delincuencia no tenemos”.

Hace un año, Carles Puigdemont anunciaba en Bruselas las condiciones para investir a Pedro Sánchez. Con la amnistía en el foco, poco caso se dió a otras de sus condiciones, como la exigencia de recursos y competencias para gestionar la migración desde Cataluña. Meses antes, la extrema derecha de Sílvia Orriols ganaba en Ripoll con el permiso de Junts. Desde entonces, la etapa postprocés ha llevado consigo un viraje del líder independentista para endurecer el discurso sobre la migración. Pero este discurso antiinmigración no se ha gestado en la población catalana donde residen más personas extranjeras, Guissona (Lleida).

Guissona, pueblo de migración, convivencia y alta ocupación

Con un 52% de población extranjera viviendo en el municipio y 7.600 habitantes, Guissona tiene una población con 52 nacionalidades distintas, según el ayuntamiento. Y un 3% de paro. El pasado fin de semana la exhibición de diversidad del municipio llenó su polideportivo con centenares de personas de Rumanía, Ucrania, Senegal, Marruecos o Bulgaria, entre otros, para celebrar las jornadas interculturales que la fiesta mayor organiza anualmente. 

Myla lleva 19 años en Guissona y junto a dos compañeras ucranianas creó una asociación llamada “Slava” para recaudar fondos y enviar suministros a Ucrania tras el inicio de la guerra con Rusia. Las comunidades rumana y ucraniana son las más grandes con casi 1.200 miembros cada una. Myla cuenta una de las claves de las facilidades de los migrantes para arraigarse en Guissona. Su padre llegó hace 20 años con un visado y permiso de residencia para trabajar en la corporación alimentaria BonÁrea. Una empresa que según el ayuntamiento da trabajo aproximadamente a la mitad de la población de Guissona. La empresa lleva décadas en expansión y se ha nutrido durante todo estos años en gran medida de población migrante. “Yo vine reagrupada por mi marido y ahora trabajo en BonÁrea”, cuenta Marta Cecilia, de la asociación colombiana ACOLCAT. “Mi marido fue contratado en origen y luego yo vine con él. Pero también hay otras personas que han venido a probar suerte sin contrato previo y también se han quedado.”

La corporación alimentaria es omnipresente en el municipio. Comparte grupo empresarial con la “Caixa de Guissona”, y ha expandido su negocio local creando una fundación que gestiona una residencia de ancianos, distintos servicios médicos e instalaciones deportivas para la ciudad. También hacía la promoción de viviendas que sirven para alojar a los inmigrantes que siguen llegando a la ciudad para trabajar. “BonÁrea es un agente muy importante”, cuenta el alcalde. “Si te encuentras que hay alguien de una comunidad que tiene formas de conducir temerarias o se mete en peleas, y ellos trabajan en el grupo empresarial, llamamos a BonÁrea. Ellos entonces hacen su trabajo diciendo ‘ustedes trabajan aquí, pero queremos que haya convivencia’”.

En 2021, el alcalde Jaume Ars creó la Mesa de Convivencia y Cohesión Social, una iniciativa para abrir un espacio de diálogo e información con la diversidad de comunidades del municipio. La Mesa se reúne mensualmente con líderes de las comunidades de la ciudad, Mossos d’Esquadra, servicios de la ciudad como la Atención Primaria, el propio Ayuntamiento y también BonÁrea. “Nuestro concepto es la cohesión, primero los derechos y después los deberes. Nosotros protegemos a las personas dando los derechos básicos: salud y educación. Y ¿qué debo hacer para lograrlo? He habilitado espacios municipales para empadronar a personas en pisos, en la antigua caserna de la Guardia Civil o en pabellones municipales. Alguien me lo criticará porque allí no viven, pero lo que estoy dando es el derecho básico para acceder a la salud y la educación.”

A principios de año llegaron a la ciudad 108 migrantes del Senegal de las Islas Canarias. “Yo puedo ofrecer otras cosas que no ofrecen otras poblaciones, que es trabajo, por ejemplo con contratos de aprendizaje-servicio. Ahora estamos intentando sacar un proyecto con esta población senegalesa sin papeles”. 

El enfoque de la seguridad humana

“En nombre de la seguridad pública se deberían gestionar todo el abanico de violencias, también las relacionadas con la violencia psicológica, socioeconómica y política”. Lo anotaba Sandra Martínez, coordinadora de Seguridad del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) en el informe “Políticas de seguridad humana y comunitaria, buenas prácticas en la demarcación de Barcelona”. 

La autora del informe, Nora Miralles, investigó en él por qué la seguridad está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía de la provincia de Barcelona, pese a que The Economist revelara en 2021 que era de las ciudades más seguras de Europa. Este mayo el consorcio de seguros estadounidense Berkshire Hathaway Travel ubicó a Barcelona otra vez en una de las 15 ciudades más seguras del mundo.

En él, la autora concluye que “la falta de correlación entre el hecho delictivo y la inseguridad percibida implica impulsar una gobernanza ancha que tenga en cuenta las relaciones económicas, raciales, de género, el aislamiento social, los vínculos rotos o la gestión de la vulnerabilidad”.

Amadeu Recasens, excomisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona y exdirector de la Escuela de Policía, conoce bien la realidad que ha llevado a los ayuntamientos del Maresme a unirse para pedir una reforma del Código Penal. “Es muy fácil detener y culpar a los migrantes porque no acostumbran a tener recursos jurídicos, económicos o escondites. Por contra, quienes viven aquí, tienen una red protectora y recursos, son quienes se escapan más fácilmente de la policía y también quienes acostumbran a cometer crímenes mucho más graves que deberían generar más alarma social”.

El experto en seguridad también apunta al turismo como elemento diferencial entre Guissona con Tossa y Calella: “el turista se desplaza con maletas, con dinero, con cámaras de fotografía, ordenadores y teléfonos móviles. Llevan encima parte de su poder adquisitivo. Pero la inmensa mayoría de esos delitos no son crímenes graves como nos quiere hacer creer la derecha, la inseguridad del turismo se centra en hurtos y en robos.”

Datos recientes de los Mossos d’Esquadra sustentan esta tesis. De los 123.000 delitos que se cometieron en Cataluña el año pasado un 58% los protagonizaron autóctonos. Tanto en homicidios, como en delitos de libertad sexual y en violencia de género los datos confirman menos agresiones de migrantes que de autóctonos. “Existe la multirreincidencia, y es un problema. Pero se está generando una alarma social inducida por los medios y determinados altavoces políticos. La multirreincidencia no se da en crímenes de sangre, sino en delitos menores.”

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Algunos indicios han ido saliendo en los últimos años en el espectro de Junts hasta que Carles Puigdemont formalizara el acercamiento de la dirección hacia algunas de las posturas más duras contra la migración y en el uso discursivo de la seguridad. Primero los insultos llamando “mora de mierda” de algunos de sus manifestantes concentrados en apoyo a Laura Borrás hacia la diputada de ERC Najat Driouech. Luego la intención del alcalde de Premià de Dalt de contratar a Desokupa en los desahucios. El partido del líder independentista se ha ido alejando de ese momento del procés de 2016 cuando se ofreció al comisario de la UE acoger a 4.500 refugiados ante la pasividad de la crisis migratoria del gobierno de Rajoy y ha vuelto a recoger algunas banderas de la antigua Convergència i Unió.

“CiU, había coqueteado con discursos más restrictivos en la inmigración durante la época del Tripartit y con más fuerza a nivel municipal en el momento en que Plataforma per Cataluña estaba en auge”, explica Mario Ríos, analista político de la Universitat de Girona. “Por primera vez en mucho tiempo Junts tiene un competidor más a su derecha en el eje independentista y su competición estratégica no va ya hacia la izquierda, como hizo durante el procés, asumiendo parte del marco de ERC e incluso propuestas de la CUP. Ahora compite con una formación que tiene un discurso duro en materia migratoria y que interpela a parte de los votantes de Junts, precisamente a los que residen en el Eje Transversal (de Banyoles a Lleida) y a sectores que están enfadados con el resultado del procés.

No obstante, el analista advierte de que “la estrategia de copiar a la extrema derecha no acostumbra a funcionar, básicamente porque valida sus postulados, los hace socialmente aceptables, les da difusión y publicidad, y una vez se instala el marco represivo o restrictivo contra la inmigración quien más tiene que ganar es la opción dura, la original, la de la derecha radical, no la copia que en este caso sería Junts.”