El giro de los conservadores del TC sobre las recusaciones avanza un choque de trenes sobre la amnistía

Lo que hace solo 13 días era unánime y pacífico en el Constitucional, que el exministro Juan Carlos Campo no debía formar parte del tribunal que enjuicie los recursos y cuestiones sobre la amnistía, se ha transformado, dos semanas después, en un motivo de discordia. Los cinco magistrados conservadores del tribunal que el 11 de septiembre votaron a favor de la abstención de Campo en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo, lo hicieron este martes en contra en los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP, pese a que los argumentos del antiguo miembro del Gobierno de Pedro Sánchez para abstenerse eran los mismos ahora que entonces. El repentino cambio de criterio de los jueces a propuesta del PP avanza un choque de trenes en las deliberaciones de las causas sobre la ley del olvido jurídico. Porque los desacuerdos entre sensibilidades no afectan solo al fondo del asunto, como se esperaba, sino también a la propia composición del Pleno que la debe enjuiciar.

La abstención salió adelante por un estrecho margen de seis a cinco, esta vez con los únicos votos a favor de los magistrados a propuesta del PSOE. Para justificar su giro, los conservadores argumentaron que tanto el presidente del órgano, el progresista Cándido Conde-Pumpido, como la magistrada de ese mismo sector Laura Díez, no debían formar parte de la deliberación sobre la abstención de Campo al haber sido recusados por el PP en su recurso de inconstitucionalidad. La doctrina consolidada del TC en este tipo de asuntos es que es solo el magistrado que se abstiene o es recusado el que no debe formar parte en la adopción de la decisión sobre su salida, según fuentes del órgano de garantías. Tres de los magistrados más señalados por su proximidad al PP –Concepción Espejel, José María Macías y Enrique Arnaldo– anunciaron un voto particular discrepante sobre la cuestión. En caso de haberse salido con la suya, los conservadores habrían conseguido que, en cada futura votación para decidir sobre si se aparta a un magistrado, hubiera un empate a cuatro entre jueces a propuesta del PSOE y del PP, un empate que tendría que dirimir la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, que tendría voto de calidad.

En la deliberación de este martes estuvo presente la querella que Iustitia Europa –una de las acusaciones populares en los casos Begoña Gómez y Koldo– ha presentado en el Tribunal Supremo contra Conde-Pumpido por prevaricación. El partido ultra considera que el presidente ha cometido ese delito al formar parte del tribunal que debía decidir sobre la abstención de Campo y ha pedido, sin éxito, que la Sala de lo Penal paralice el Pleno de este martes. Los conservadores descartan que el presidente haya cometido esa infracción penal, pero comparten los argumentos de fondo. No es que crean que el presidente ha cometido una infracción penal, pero consideran que ni él ni Díez deben decidir sobre ninguna abstenciones y recusaciones que se han presentado en el caso. Conde-Pumpido y Díez han sido recusados por el PP y el juez a propuesta de ese partido José María Macías, por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Durante el debate, un magistrado llegó a recordar que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) impide a cualquier tribunal (también al Supremo) juzgar las decisiones del órgano de garantías y que este puede anular las resoluciones que así lo hagan. La Sala Segunda del alto tribunal no ha decidido aún sobre la admisión a trámite de la querella de Iustitia Europa, pero sí ha rechazado la medida cautelar que en ella se pedía, suspender el pleno del Constitucional de este martes porque no concurren "los presupuestos" que la legitimen. Fuentes del Constitucional consideran que el Supremo debería haber rechazado directamente la querella porque la LOTC le impide entrar en el asunto. La Sala que evalúa la querella de Iustitia Europa también ha recurrido ante el Constitucional la ley de amnistía al presentar una cuestión de inconstitucionalidad, y sus magistrados rechazaron aplicar el perdón a los delitos de malversación que se imputan a los principales dirigentes independentistas investigados.

A lo largo del Pleno de este martes, los jueces a propuesta del PP también plantearon la suspensión de la deliberación y sugirieron que ambas sensibilidades -conservadores y progresistas- negociaran previamente sobre las abstenciones y recusaciones, aunque sin una propuesta concreta. Fuentes del sector progresista temen una maniobra para alterar la composición del órgano de garantías de cara al estudio del fondo del asunto -la constitucionalidad de la ley- con una relación de fuerzas más favorable a los postulados de los miembros de la derecha del tribunal. También consideran que sus compañeros quieren evitar a toda costa la salida del ariete conservador José María Macías, que piden el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado. En su anterior etapa como vocal del Poder Judicial, Macías defendió y votó a favor de un informe del órgano de gobierno de los jueces que se reclamó por el Senado durante la tramitación de la ley de amnistía.

Fuentes del órgano de garantías subrayan la dureza de la discusión de este martes sobre la salida de Campo en contraste con la del pasado 11 de septiembre, cuando los conservadores aceptaron su abstención sin apenas oposición en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo. Lo que hasta hace dos semanas parecía pacífico aparece ahora como un asunto de gran importancia debido "a su trascendencia política y social", según manifestaron los magistrados a propuesta del PP.