Choque de administraciones, recortes de presupuesto y un diluvio: por qué colapsó la Rambla del Poyo

La riada que dañó más de 70 municipios de Valencia y arrasó una veintena se salió de todos los cálculos previstos por los técnicos. Oficialmente, el caudal del barranco del Poyo marcó 2.282 metros cúbicos por segundo (m³/s) de agua antes de reventar el medidor, pero el Gobierno dijo que se llegaron a superar los 3.000 m³/s, trece veces el caudal medio que lleva el Ebro a su paso por Zaragoza, una cantidad de agua inimaginable en esa zona que destrozó todo a su paso.

Los expertos confirman que el cauce no estaba preparado para asumir ese caudal, y ni las obras que llevan proyectadas quince años —y que no se han ejecutado— habrían podido parar el agua, aunque hubieran ayudado a reducir los daños. El que más cerca estuvo de ejecutarse fue el proyecto de 2006 llamado "Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera", que contemplaba micropresas, corredores verdes inundables y canales de hormigón, pero la falta de presupuesto, los problemas administrativos y el paso del tiempo dejaron en un cajón estas obras.

En el interior de la provincia, donde se registraron lluvias de récord —Turís registró 184,6 l/m² en una hora, el valor máximo histórico— y nacen los barrancos que desembocan en la costa, la tierra tiene una permeabilidad muy baja debido a la abundancia de limos y arcillas. Esto provocó que la lluvia se convirtiera rápidamente en caudal para los arroyos que abundan en la zona, y el desnivel del terreno se encargó de arrastrar el agua y los lodos durante 30 kilómetros hasta las afueras de la ciudad de València, donde los rápidos desembocan en una llanura inundable donde hay más de una decena de pueblos, como Aldaia, Paiporta o Massanassa.

El gran crecimiento urbano de la zona entre los años 80 y 2010 provocó que una zona que sufre riadas desde hace siglos haya quedado completamente arrasada, dejando 216 víctimas y otros 16 desaparecidos. También hay por ahora 60.000 viviendas dañadas y 115.000 vehículos, según el valance de este viernes del Consorcio de Compensación de Seguros. Un análisis de Datadista desvela que casi un tercio de las casas dañadas por la dana se construyeron a partir del año 2000, cuando se conocía de sobra el peligro de edificar en este territorio. En 2003, la Generalitat aprobó el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), donde ya quedaban patentes las zonas susceptibles de sufrir riadas por la desembocadura de las ramblas.

Esos mapas se actualizaron en los siguientes años, y en el último Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, de 2022, se contempla que hay 468.414 valencianos que viven en peligro de inundación. Cifra, que además se ha quedado corta porque la riada del 29 de octubre fueron mucho más agresiva de lo esperado, y el caudal de la Rambla del Poyo fue entre 1,5 y dos veces superior a lo que los técnicos habían pronosticado que ocurriría una vez cada 500 años.

"El barranco del Poyo y el barranco del Pozalet-Saleta son ríos efímeros que solo se activan cuando hay lluvias torrenciales. Esas ramblas no tienen un punto de desembocadura, sino que se difuminan en una llanura de inundación que ha tenido un desarrollo urbanístico impresionante, y que además se ha construido en dirección Norte-Sur, es decir, transversal a los barrancos. Esto ha provocado una enorme exposición de la gente al peligro y ha impermeabilizado el suelo. Es un problema estructural", opina Francisca Segura, Catedrática de Geografía Física de la Universitat de València.

Iñaki Escuder, expresidente del Comité nacional de Grandes Presas y profesor de la Universidad Politècnica de València, explicaba este fin de semana en televisión que esta urbanización masiva ha sido un error porque ha dejado a 1,8 millones de personas en riesgo de inundación, que es la población que vive en los 75 municipios afectados. "Podemos poner mucho interés en proteger a la gente, pero si no hay una ordenación territorial, no hacemos nada. Imagina que bajas la probabilidad de inundación en 10 veces, pero multiplicas por 100 las personas y los bienes en el territorio. Estás aumentando el riesgo en un orden de magnitud", dijo en una entrevista en La 8 Mediterráneo.

El plan de 2006, en un cajón

Reubicar a cientos de miles de personas es impensable, según los ingenieros, pero sí se puede reducir mucho el riesgo con las obras adecuadas. El plan de 2006 para reducir el riesgo de inundación podría ser un parche temporal, pero todavía quedan meses o años para que empiece a ejecutarse.

En 2011, la actual ministra Teresa Ribera, entonces como secretaría de Estado de Cambio Climático, emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para el proyecto, pero el Gobierno de Mariano Rajoy recortó alrededor de un 70% el presupuesto de la Dirección General de Aguas, y el 2018 la DIA caducó. Ese mismo año, el nuevo Gobierno socialista recuperó el proyecto, y en 2020 superó el examen de coste-beneficio, según argumentan desde Transición Ecológica, pero todavía debe obtener una nueva DIA y que se liciten las obras.

En todo caso, los expertos creen que habría que repensar este proyecto. Han pasado muchos años y el cambio climático ha aumentado de manera salvaje el tamaño y la frecuencia de las inundaciones en el Levante, de manera que los parámetros que se calcularon entonces para prevenir daños se han quedado obsoletos. También se han quedado anticuados estos planos porque la forma de corregir los cauces de los ríos han cambiado desde entonces, y ahora se pueden hacer obras mucho menores con unos resultados iguales o mejores, según Paco Vallés, responsable del Laboratorio de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València.

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"En la cabecera se puede intervenir con reforestación y revegetación para retener el suelo, y con esto consigues reducir la velocidad del agua y facilitar su filtración a la tierra. A esto le puedes sumar obras de encauzamientos quirúrgicas en lugares específicos, porque no hace falta llenarlo todo de hormigón", relata Vallés. "Por último, se pueden sumar zonas de laminación en depresiones naturales que se inunden, la misma función que hace la Albufera, y si no hay más remedio, puedes poner una presa, que tampoco son un enemigo público. Lo que no se puede hacer es confiarlo todo a un embalse", añade.

Francesc La Roca, antiguo miembro del Consejo del Agua de la Demarcación del Júcar e integrante de la Fundación Nueva Cultura del Agua, opina que la política de aguas en la Comunitat siempre ha sido muy vaga, con planes hidrográficos que llevaban años de retraso tanto en su elaboración como ejecución. "Ha ocurrido con la prevención de inundaciones, pero también con todo lo demás. En esta zona se han priorizado mucho las actuaciones hidrológicas relacionadas con la agricultura por la presión de la patronal de regantes, y eso ha provocado que el resto de tareas, como las riadas, hayan quedado en segundo lugar", explica.

La Roca también añade que la gestión del agua es un sector anticuado que no quiere aceptar los nuevos cambios, por eso todavía hoy se escucha a ultras de Vox pidiendo construir pantanos como solución a todo. "La política no ha querido aceptar que la gestión de inundaciones ha evolucionado, cuando la realidad es que en Europa caben pocas presas nuevas. El hormigón ha llegado al límite y no se quieren asumir las alternativas basadas en las soluciones naturales", termina.