Sanidad considera que Muface es "insostenible" y aboga por acabar con él en un plazo de nueve meses
"Por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública" es una opción "tanto viable como razonable". Dos semanas después de que las aseguradoras que hasta ahora prestaban servicio a Muface dejaran desierta la asistencia al millón y medio de funcionarios adscritos a ese sistema, el Ministerio de Sanidad ha publicado un informe de "transición" en el que concluye que el modelo, que data de 1975, ya no es "sostenible". "Ni siquiera con un aumento importante de la cápita", argumentan desde el departamento de Mónica García. Es momento, por tanto, de replantearse su continuidad, una decisión que en cualquier caso iba a tener que tomarse "antes o después"., aunque la competencia en esta materia corresponde al Ministerio de Función Pública.
Los defensores de la sanidad pública llevan años defendiendo que acabe este modelo de mutualismo administrativo. Su último argumento además les llegaba después de que SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV decidieran rechazar el aumento de las primas planteado por el Gobierno hace apenas unos meses, de cara a la renovación del concierto que debía cubrir los dos póximos años. El objetivo de las compañías privadas era lograr que el Ejecutivo incrementase en un 40% la prima que obtienen por cada asegurado, un porcentaje que el Consejo de Ministros rebajó a un 17%, lo que se transformaría en que lo que el Estado paga por cada mutualista pasaría de 1.032 euros al año a 1.208 en 2026. Es decir: 176,69 euros más. Las tres empresas en cambio dejaron su decisión en el aire porque, dijeron, la oferta estaba "muy por debajo de lo aceptable". Así que amenazaron con una retirada que finalmente hicieron efectiva y que llegó, además, acompañada de una amenaza: el Sistema Nacional de Salud (SNS) sería incapaz de absorber al millón y medio de mutualistas.
Sin embargo, el Ministerio de Sanidad desmonta ahora ese argumento. En primer lugar, expone que alrededor de un 32,7% de los funcionarios de Muface es atendido por el sistema público, siendo un 67,3% los que lo hacen por el privado. Por edad, la mayoría tiene entre 60 y 69 años, precisamente otro argumento utilizado por las aseguradoras para pedir un incremento de sus primas. "El incremento en la edad de los mutualistas está relacionado directamente con el incremento de la siniestralidad. La edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria", expuso la Fundación IDIS en un informe. En otro, sin embargo, quedó acreditado que los fondos que reciben no han dejado de subir. En concreto, entre los dos últimos convenios el incremento de las primas fue de un 5,57%.
Dicho de otro modo: el argumento que maneja Sanidad es que el envejecimiento de los mutualistas atendidos en el sistema privado incrementaría cada vez más el concierto con Muface. Ante eso se puede ceder a subir las primas como las aseguradoras han pedido, pero esta sería una opción "insuficiente" ("las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación"), "insostenible" (porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas") e "inequitativa por suponer incrementos porcentuales que serían impensables en el ámbito de la provisión pública directa". En resumen, sólo supondría "postergar una decisión que habrá que tomar antes o después".
"Selección de riesgos"
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Además, el departamento de Mónica García apunta a unas prácticas que los defensores del sistema pública llevan años denunciando: la selección de riesgos. Un reciente estudio realizado por miembros del departamento de métodos cuantitativos en economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mostró que entre los pacientes de Muface atendidos en hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de enfermedades como linfoma, cáncer o tumores. Las dolencias menos graves, en cambio, tienen una prevalencia menor.
Sanidad, ahora, reconoce que estas prácticas son "más que evidentes" y que eso, además, provoca que el SNS asuma "los riestos y costes que deberían asumir las aseguradoras privadas". "En un contexto donde los tratamientos disruptivos de alto coste - alto valor son crecientes, la selección de riesgos supone un problema del cual es imposible escapar a la hora de plantear un análisis de este asunto", sentencia el Ministerio.
Por eso aboga por prorrograr nueve meses el concierto en vigor, un tiempo durante el cual cree que "podría plantearse una incorporación paulatina estratificada". A la par, considera que la financiación actualmente destinada a Muface podría transferirse a las comunidades autónomas, que tendrían que invertir "con carácter finalista en los servicios autonómicos sanitarios durante los tres primeros años".
