Glovo abandona su modelo de falsos autónomos y hará contratos laborales a sus repartidores
La plataforma de entregas a domicilio Glovo cambiará su modelo de relaciones con los trabajadores en España, basado hasta ahora en contar con repartidores autónomos, y realizará contratos laborales. La compañía ha tomado esta decisión después de que una jueza de Barcelona comenzara a investigar si habían vulnerado los derechos de sus trabajadores. La jueza ha citado a declarar este martes como investigado al cofundador y consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre.
En un comunicado recogido por EFE, Glovo ha asegurado este lunes que ha dado este paso "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado" y ha anunciado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo.
La firma tecnológica ha apuntado que el cambio de modelo se llevará a cabo en todas las ciudades en las que realiza entregas, que superan las 900, y en todos las verticales de la aplicación, aunque no ha concretado ni cuándo tendrá lugar ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo. La compañía, además, ha subrayado que la nueva manera de operar no producirá cambios en la disponibilidad de repartidores, que garantiza que seguirá siendo "en cualquier momento del día", ni en los tiempos de entrega.
La mesa de diálogo con los agentes sociales estará abierta al resto de operadores del sector "para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados", ha señalado la compañía tecnológica.
Fundada en 2015, en Barcelona, Glovo ha afirmado que está comprometida "con el desarrollo de la economía digital" en España, y que este nuevo paso "refuerza y consolida" su proyecto en España.
Díaz califica de "victoria para la democracia" la decisión
La vicepresidenta segunda y ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, celebró este lunes como una victoria para la "democracia" el anuncio de Glovo. "Ninguna empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores", dijo a la prensa a su llegada a un consejo de Empleo a Bruselas.
Díaz recordó que España, además de aprobar la ley Rider a nivel nacional, impulsó la negociación en la Unión Europea de una directiva en ese sentido, y subrayó que un joven que transita "en bicicleta con un teléfono en la mano, en una ciudad cualquiera del mundo, en Nueva York, en Madrid, en Vigo, en Bruselas, en Berlín o donde fuera, no era un emprendedor".
"El principio de legalidad se impone y por fin, insisto, esta empresa va a regularizar y cumplir con sus obligaciones. Va a ser una regularización, una recaudación por un importe de 267 millones de euros y aparte el coste de las sanciones. Pero lo importante, insisto, es que por fin van a ser laborales estas personas en nuestro país", añadió.
La ministra de Empleo añadió que si ese cambio es posible en España también lo es en el conjunto de Europa y para otras empresas tecnológicas. "Vale la pena gobernar para hacer esto", dijo.
En cuanto al proceso penal abierto contra los directivos de Glovo, Díaz señaló que este sigue su curso y lo "resolverán los tribunales".
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La investigación judicial contra Glovo se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó el pasado junio contra el responsable de la compañía de reparto por considerar que la compañía "suprime" los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos. Según el relato de la fiscalía, los repartidores "se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa".
La diligencias de investigación ordenadas por el ministerio público se produjeron a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió a su vez a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de octubre.
El ministerio público recuerda que es "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social".
