"Le parecerá poco nuestro dolor": la carta de las 7291 víctimas que sí está firmada y Ayuso no leerá
"Porque lo hemos vivido en primera persona y sabemos lo ocurrido, pedimos que nuestra experiencia sea escuchada en la Asamblea de Madrid". Ese era el deseo que un grupo de familiares de ancianos fallecidos en residencias de la región trasladaron este miércoles a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Lo hicieron a través de una carta que le hicieron llegar a ella y a los grupos de la oposición, que fueron quienes hicieron por cumplirlo. Fue durante la primera jornada de debate de los Presupuestos celebrada este jueves en la Cámara regional, exactamente una semana después de que la conservadora se hiciese eco de otra misiva. Pero muy distinta. Este jueves, además, la conservadora ni siquiera estuvo presente.
La encargada fue la diputada socialista Lorena Morales, que usó su turno de palabra para dar voz a las 7291 familias que no sólo se sienten olvidadas, sino también despreciadas. Lo hizo al final de una intervención en la que denunció el "apartheid sanitario" que supusieron los Protocolos de la Vergüenza y la "falta de humanidad" que demuestra el Ejecutivo aprobando unas cuentas en la que "toda la inversión en residencias va para empresas controladas por fondos buitre". "No han aprendido nada", lamentó la socialista. Y por eso no quieren escuchar a las víctimas, consideró.
Ellas son muy claras en su carta: "La Comunidad de Madrid olvidó situar a las residencias en el epicentro de sus preocupaciones y [...] cuando se actuó se hizo en contra de los derechos de los residentes", lamentan en su carta, enviada también a infoLibre (y disponible en este enlace). No se derivó a los ancianos enfermos a los hospitales, recuerdan, pero tampoco se medicalizaron las residencias. Ni se aprovecharon los hospitales privados. Ni el recurso de Ifema. "Murieron de forma indigna porque usted pensaba que se iban a morir igual", señalan.
Lo llevan haciendo más de cuatro años. Pero es que además a eso se suma lo que consideran un desprecio continuo. Y que tuvo su última expresión el jueves pasado, cuando Ayuso tomó la palabra desde su escaño para leer, en este caso, la carta enviada supuestamente por Raúl, el hijo de un fallecido en un geriátrico que quiso aplaudir la gestión del Ejecutivo conservador. Y, de paso, criticar a la oposición "vil y miserable" que utiliza a los fallecidos en geriátricos para "arañar un puñado de votos". "No se puede ser más vil y miserable, porque no quiero que el recuerdo de un buen hombre y mejor padre, esposo y abuelo, justo y entrañable, sea mancillado por una secta carente de moralidad ética", señalaba la carta.
Tras su lectura, que levantó los aplausos de la bancada conservadora, el PSOE solicitó una copia del documento, que no fue entregado. infoLibre también trató de conseguirla en repetidas ocasiones, pero ni siquiera obtuvo respuesta por parte de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. La misiva, no obstante, finalizaba con el autor indicando no tener "problema alguno" en desvelar su identidad.
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Las familias que este miércoles registraron su propia carta ya contaban con que Ayuso no la leería. Ni en la Asamblea ni fuera de ella. Pero aun así señalan que seguirán luchando. "Para que se sepa la verdad, se haga justicia y se depuren responsabilidades políticas", dicen.
Lo llevan haciendo todo este tiempo tanto fuera como dentro de los tribunales. Actualmente, y según los datos de la plataforma Marea de Residencias, sigue habiendo alrededor de un centenar de querellas en juzgados de instrucción, un número al que hay que sumar otras 75 en el Tribunal Constitucional. Además, el pasado mes de octubre 109 denunciantes presentaron ante la Fiscalía de Madrid una nueva denuncia por un supuesto delito de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios". Y también han acudido a Bruselas. La última vez el pasado 11 de diciembre, cuando reiteraron su petición de que el Parlamento Europeo investigue lo sucedido.
En apenas unos meses se cumplirán cinco años de la aplicación de los Protocolos de la Vergüenza y, con ello, llegará la prescripción de muchos de los delitos que las víctimas han puesto en conocimiento de los jueces.
