Subida de las pensiones, del IMV y descuentos en el transporte: las nuevas medidas del escudo social
El Gobierno ha dado luz verde en el último Consejo de Ministros del año a varias medidas para reforzar el escudo social.
Respecto a las pensiones, las mínimas subirán alrededor del 6% en 2025, mientras que el ingreso mínimo vital (IMV) y las pensiones no contributivas lo harán un 9%, según ha detallado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En el caso de las mínimas habrá algunas que suban más como las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 9,1%.
La pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales quedará fijada en 12.241,6 euros anuales (frente a los 11.552,8 euros de 2024) y en 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2024 ha sido de 14.466,2 euros).
Unos 2,5 millones de personas (2,1 millones las mínimas y unas 450.000 las no contributivas) cobran estas prestaciones que se acordó elevar más que el resto para ir atajando la brecha de estas prestaciones con el umbral de la pobreza.
Alza del 2,8% para el resto de pensiones
El real decreto aprobado también incluye la revalorización de todas las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2025.
La subida general, reflejo de la evolución de la inflación, será del 2,8%.
En total, en 2025 suben más de 12 millones de pensiones.
"La revalorización supondrá, aproximadamente, 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales", ha señalado la Seguridad Social.
La ministra Elma Saiz, ha destacado en una nota que "alrededor del 25 % de los ciudadanos de nuestro país se beneficiarán de estas medidas".
Subidas del ingreso mínimo vital
En cuanto al ingreso mínimo vital (IMV), para un beneficiario individual, con la subida del 9% la renta anual garantizada pasará a ser de unos 7.910 euros a los 7.250 euros vigentes en 2024.
Inclusión también detalla que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanzará en 2025 los 5.805,6 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.707,2 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,8%.
Las pensiones SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizarán también en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes.
El complemento para la reducción de la brecha de género se revaloriza un 8,1% sobre la cuantía reconocida en 2024 y alcanza el importe de 35,9 euros al mes por hijo.
Ayudas al transporte público
Además de la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional durante seis meses más, se mantendrá el servicio gratuito en las líneas de autobús estatales y se cofinanciarán las rebajas del 50 % de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano y metropolitano.
Las cercanías de Cantabria y Asturias y el transporte público terrestre de Canarias y Baleares será gratuito durante todo el año, y también los servicios Avant para pasajeros recurrentes mantendrán las rebajas del 50 %.
Por primera vez se activará un sistema de descuentos de al menos, el 50 % para promover el uso de la bicicleta compartida durante todo 2025.
Prórroga de un año de la suspensión de desahucios de alquiler a familias vulnerables
El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables de su vivienda habitual y sin alternativa habitacional, según ha aprobado este lunes el Consejo de Ministros.
La suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional fue aprobada por primera vez en marzo de 2020 por el entonces gobierno de coalición del PSOE y Podemos, para proteger a los hogares más vulnerables de la crisis económica provocada por la pandemia.
Desde entonces la medida, que ha beneficiado a unas 60.000 familias, según datos de Podemos, se ha ido prorrogando, primero con motivo de la crisis derivada de la invasión de Ucrania y ahora vinculada a la situación de emergencia habitacional del país.
Esta última moratoria fue pactada la semana pasada por el Gobierno con Podemos, a cambio de que el partido morado votara a favor en el Congreso de la ley de eficiencia judicial
Entrada en vigor del registro único del alquiler
Luz verde, también, al real decreto por el que se regula el procedimiento de registro único de arrendamientos y se crea la ventanilla única digital de arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.
El registro único de alquileres de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones), por su parte, entrará en vigor el próximo 2 de enero y su aplicación será efectiva desde el 1 de julio de 2025, una vez que finalice el período de transición para que empresas y administraciones se adapten a lo dispuesto.
Hasta la aprobación de un régimen sancionador para las infracciones derivadas de esta norma, resultarán de aplicación los regímenes sancionadores y obligaciones contemplados en la normativa estatal, autonómica y local.
La nueva norma opera sobre alquileres turísticos, de temporada, los alquileres de habitaciones o de otras propiedades que permitan el alojamiento de corta duración y que conlleven una remuneración económica, siempre que se oferten a través de plataformas en línea.
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un real decreto ley que acuerda aportar a la entidad pública de suelo Sepes, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los inmuebles integrados en el Patrimonio del Estado para destinarlos al alquiler asequible.
Viviendas del Estado para destinarlas a alquiler asequible
La norma establece que los inmuebles que forman parte del Patrimonio del Estado se integrarán en el patrimonio de Sepes, que podrá disponer de ellos con arreglo a sus normas específicas.
La aportación a Sepes se realiza a través del procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aunque la tasación sí corresponde a Sepes, que la realizará una vez integrados en su patrimonio los inmuebles para incluirlos en su contabilidad patrimonial.
Por ello, corresponde a Sepes su regularización registral y catastral.
Esta decisión coincide con el reciente anuncio del Gobierno para crear una gran empresa estatal de vivienda -que pasa por una reconversión de la actual Sepes y la incorporación de Sareb- que gestione los suelos del Estado, las viviendas y sea un instrumento de colaboración y cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Extensión del gravamen a las grandes energéticas
El Consejo de Ministros también ha aprobado la extensión a 2025 del gravamen a las grandes energéticas. "Lo que estamos haciendo es demostrar que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas, al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde", ha señalado en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La extensión a 2025 es un compromiso del Gobierno con ERC, Bildu y BNG, a la que se oponen PNV y Junts por diversos motivos, entre ellos que se puedan poner en riesgo las inversiones de estas compañías en España. El Gobierno tendrá que negociar los apoyos a este decreto ley que necesita de todos los socios de investidura para ser convalidado por el Congreso, unos votos con los que de momento no cuenta.
"Somos muy conscientes de cuál es la complejidad del Parlamento pero salimos a ganar, con humildad, pero salimos a ganar y evidentemente no damos un balón por perdido", ha dicho Sánchez.
Escudo antiopas intracomunitario dos años más
Se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 el llamado escudo antiopas, para proteger de inversores extranjeros intracomunitarios a las empresas de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, salud y orden público.
Esta norma permite vetar la compra de participaciones iguales o superiores al 10 % de empresas cotizadas en España y de empresas no cotizadas cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros
