La Policía fabricó una 'nota' de la falsa cuenta de Iglesias en Granadinas días antes de la filtración a OkDiario
La brigada política que operó con total impunidad durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior estuvo también tras el bulo de la falsa cuenta bancaria de quien fuera líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el paraíso fiscal caribeño de Granadinas. Así se desprende de una nota informativa remitida por el Cuerpo Nacional de Policía al titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El informe, al que ha tenido acceso infoLibre, realiza un análisis de la documentación facilitada por una "fuente anónima" de "máxima fiabilidad" que luego resultó ser falsa. Y entró en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), búnker de la policía política, dos semanas antes de que se filtrara a OkDiario.
Aquel bulo fue, junto al del informe Pisa, uno de los principales torpedos lanzados contra la formación morada nada más acceder a las instituciones. Apareció en el diario digital el 6 de mayo de 2016, poco después de que se certificara la repetición electoral al confirmarse la imposibilidad de formar gobierno. El titular era contundente: "El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014". Una noticia de la que se hicieron eco en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, donde el líder de Podemos negó absolutamente todo: "Es todo falso, del principio al final". Un desmentido que también llegó desde el Euro Pacific Bank, que rechazó que Iglesias tuviera cuenta allí.
El bulo, lanzado a poco más de un mes de la nueva cita con las urnas, derivó en la interposición por parte del dirigente morado de una demanda contra Inda. Un procedimiento en el que se empezaron a conocer los primeros detalles sobre cómo se fraguó todo. Así, la defensa del periodista aportó un acta notarial en la que un ciudadano venezolano, Carlos Alberto Arias, reconocía ser el "informador" que había aportado los documentos relativos a la falsa cuenta offshore. "He sido yo quien se los facilitó a la Policía Española, que luego fue los que se los facilitó a OkDiario", reflejaba el escrito, que también dejaba constancia de que dicha "colaboración" había sido "autorizada y requerida" por el Ministerio del Interior.
La versión del confidente, al que se concedió autorización de residencia de forma extraordinaria por su "colaboración" con las autoridades policiales, queda ahora confirmada en un documento interno policial que acaba de ser remitido a la Audiencia Nacional. Un informe que demuestra que los papeles sobre los que se construyó el bulo estuvieron en poder de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, nido de la llamada brigada política, dos semanas antes de que OkDiario diera difusión a la noticia falsa. "Le ha metido la bacalada la DAO", le aseguraba el comisario jubilado José Manuel Villarejo a Antonio García Ferreras en una de las grabaciones filtradas sobre el tema.
La "nota informativa" aparece con fecha del 20 de abril de 2016, mismo día en el que se le puso sello de entrada en la Dirección Adjunta Operativa. Y bajo ella, dos números de carné profesional: el 16.768 y el 18.693. El primero, según consta en varios procedimientos judiciales, coincide con el de Bonifacio Díez, inspector jefe ya jubilado que deberá sentarse en el banquillo de los acusados en el caso Kitchen, en cuyo auto de procesamiento se le considera una de las personas de la máxima confianza del entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino. En cuanto al segundo número de carné, sobre el que consta estampada una firma, el mismo se corresponde con el de un exjefe de la sección de vigilancia de Asuntos Internos.
"Fuente anónima de máxima fiabilidad"
"El pasado lunes, los funcionarios que suscriben se entrevistaron con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad y que, voluntariamente, hizo entrega de unos documentos que certificarían la existencia de una cuenta offshore a nombre de Pablo Iglesias Turrión", arranca la nota informativa. Y, a continuación, pasa a describir los cuatro facilitados por Carlos Alberto Arias. El primero es un memorando en el que se habla de 272.325 dólares que deben ser transferidos por el Banco Central de Venezuela. El segundo, la "orden de pago número 36277" que ilustró la información de OkDiario. El tercero, un documento apócrifo que incidía en el supuesto abono. Y el último, un supuesto informe de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera venezolana.
Tras la entrega de dichos documentos, los agentes volvieron a entrevistarse con el confidente para que diera "explicaciones ampliatorias". Así lo hizo. Y de ello dejaron constancia en la citada nota que se encargaron de elaborar. En relación al memorando, hablan sobre el logotipo que lo encabeza: "La campaña para la que fue diseñada fue decretada por el ministro de la juventud". También hacen referencia a las firmas, a los sellos o a los números que constan en el mismo. E, incluso, a los "mensajes ocultos o entre líneas" que el informante decía que contenía: "Tómese en cuenta la transferencia de fondos públicos' se refiere a que el dinero se ha de sacar de donde sea".
Lo mismo hace con la supuesta orden de pago a la que los tribunales no han dado hasta el momento ninguna credibilidad. Sobre la misma, recogen que la fuente asegura que el hecho de hacer constar el pago en dólares en lugar de bolívares "constituiría un delito en el propio ordenamiento jurídico venezolano, dado el control cambiario que está establecido". Y que hace constar que todas las cuentas del banco offshore al que se refiere la misma "tienen once dígitos y pueden ser numéricas o alfanuméricas". Tanto la entidad financiera como el propio Gobierno venezolano negaron la autenticidad del documento: "La orden de pago no contiene las características propias de una orden de pago".
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En cuanto al informe apócrifo "72682-62742 SANTA-MARÍA", la nota informativa fabricada señala, tal y como recogió OkDiario en su información, que es un documento realizado por los "servicios secretos cubanos como controladores no oficiales de todas estas actividades realizadas por el Gobierno venezolano". "A cada persona se le asigna un número para proteger su identidad y, en el caso que nos ocupa [Santa María] corresponde al segundo apellido de la madre de Pablo Iglesias Turrión". "Y, según el colaborador, ni el propio Pablo Iglesias tendría conocimiento de que los servicios de inteligencia cubano-venezolanos le asignaron esta clave", recoge la nota policial.
El informe en manos de la Dirección Adjunta Operativa también sostenía que debía existir un documento "en el que 'Santa María' solicita la ayuda de 220.000 euros para cubrir algunos gastos de logística y organización dentro del territorio español". "Sin embargo, la fuente informante afirma que ese dinero estaría destinado a subvertir el sistema democrático español mediante la organización de Podemos", dejan escrito. Y, siguiendo con los nombres en clave, concluyen: "G2 identifica a 'Cristo Rey' como Diosdado Cabello, 'Águila 1' como Hugo Chávez y 'Halcón 1' como Nicolás Maduro. 'El Monje' es Jorge Giordani".
Además de ser filtrada a la prensa, toda esa documentación, según consta en otra nota informativa fechada el 16 de julio de 2016, fue remitida por funcionarios de la Dirección Adjunta Operativa al la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). "La realización de gestiones para comprobar la veracidad de tal información y, eventualmente, determinar posibles responsabilidades de naturaleza penal de las personas mencionadas han dado resultado infructuoso. Asimismo, tampoco ha podido comprobarse la autenticidad de la documentación relativa a la transferencia bancaria antes aludida", concluye.
