Si el Gobierno y el Partido Popular quieren hablar de la regeneración democrática de las instituciones, deberían comenzar por la reforma del sistema electoral de las diputaciones provinciales. Mientras que el nombramiento del alcalde de un municipio es un proceso transparente y conocido por todos, el proceso de nombramiento del presidente de la Diputación es más desconocido todavía que el propio nombre de la persona que ocupa ese cargo. Lo mismo ocurre con la composición de la corporación provincial: ningún ciudadano español corriente puede nombrar de memoria tres diputados provinciales de su provincia, aunque pueda recordar los nombres de varios concejales de su localidad.
Otro tanto sucede con los presupuestos de la corporación provincial y con su funcionamiento en general: son los grandes ausentes del panorama político español, a pesar de que gestionan grandes cantidades de dinero y son de vital importancia para el medio rural.
Estamos tan acostumbrados a la penumbra que envuelve a las diputaciones provinciales, que pensamos que esa es su naturaleza. Solo llaman nuestra atención cuando surgen casos sensacionales como los de Baltar, Fabra o Carrasco, aparentes rescoldos del caciquismo decimonónico, pero la realidad es que el sistema electoral de las diputaciones lleva implícito el caciquismo y el clientelismo. Es el único sistema en el que el elegido selecciona a sus electores, porque no solamente ocupa la presidencia de la Diputación, sino casi siempre también la jefatura del partido gobernante en la provincia, de tal manera que en ocasiones es difícil discernir si es jefe del partido porque es presidente de la diputación o a la inversa.
Las corporaciones provinciales se eligen de manera indirecta al mismo tiempo que los ayuntamientos, mediante un complejo sistema en el que el número de diputados se calcula según la población de los partidos judiciales, y el número de electos de cada candidatura según el número de votos obtenidos en cada partido judicial. La primera consecuencia de este sistema es que tanto los diputados provinciales como el presidente tienen que ser concejales. La segunda es que el presidente es elegido por muy pocos electores, a los que conoce personalmente, puesto que a menudo el presidente de la diputación es al mismo tiempo presidente provincial del Partido Popular o secretario general provincial del PSOE, es decir, es el jefe político que aprueba las listas electorales en las que van esos mismos concejales que le han elegido. Podría pensarse que es lógico que el presidente de la diputación sea miembro de un ayuntamiento, pero no es tan obvio. Tampoco es tan obvio que deba ser jefe provincial del partido.
En España existen 6 comunidades autónomas uniprovinciales (Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra), 3 diputaciones forales (Álava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), 38 diputaciones provinciales de régimen común, 4 consejos insulares (Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza-Eivissa) y 7 cabildos insulares (El Hierro, Fuerteventura, Gran canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife). En este artículo no vamos a tener en cuenta los consejos y cabildos insulares por sus especiales características.
En las seis comunidades uniprovinciales, el presidente es elegido por la cámara legislativa autonómica, la cual a su vez es resultado del sufragio universal directo. En las tres diputaciones forales, los diputados generales son elegidos por las juntas generales, que a su vez son elegidas por sufragio universal directo, con candidaturas separadas para los ayuntamientos y para las juntas generales. Ninguno de estos seis presidentes autonómicos, ni ninguno de los tres diputados generales vascos son concejales y no parece que la institución como tal o la sociedad de ese territorio vayan mejor o peor por ello. Lo que sí es cierto es que los presupuestos de esas nueve instituciones están mucho mejor vigilados que los de las diputaciones provinciales de régimen común.
De esas 38 corporaciones, 27 (71%) están gobernadas por el PP, 7 (18%) por el PSOE y 4 (11%) por CiU. Ningún alcalde de capital de provincia es presidente de la Diputación. Los alcaldes capitalinos normalmente no forman parte de la dirección provincial del partido, aunque algunos de ellos son parlamentarios autonómicos o nacionales. Solamente son presidentes provinciales del partido los alcaldes de Córdoba, José Antonio Nieto, y A Coruña, Carlos Negreira, si bien en esta última el presidente de la diputación, Diego Calvo, es secretario provincial del PP. Solo en 10 casos de 38 los presidentes de las diputaciones son concejales de la capital provincial.
El resto son ediles de poblaciones de cualquier tamaño, y entre ellos nos encontramos a dos auténticos supervivientes, como el presidente de la diputación de Huesca, Antonio Cosculluela, concejal de Barbastro desde 1979, y el de Ciudad Real, Nemesio de Lara, concejal de La Solana desde 1979. José Luis Baltar Pumar alcanzó la presidencia de la diputación orensana siendo concejal de Nogueira de Ramún, y su hijo y heredero, José Manuel Baltar Blanco, es concejal de Esgos. Isabel Carrasco se alzó hasta la presidencia de la diputación leonesa, en contra del criterio de un importante sector de su partido, desde una concejalía de Cuadros, y tal vez por eso el alcalde de esa aldea, Martín Marcos Martínez, fue vicepresidente de la diputación con Carrasco y ahora es presidente.
El caso de las diputaciones catalanas es especial, puesto que allí esas instituciones existen solo porque legalmente no pueden ser suprimidas. Por tanto, los cuatro presidentes catalanes son dirigentes secundarios de sus partidos. En aquella comunidad lo fundamental son los alcaldes y de hecho el de Barcelona, Xavier Trias, es secretario general adjunto de CiU y el de Lleida, Àngel Ros, es secretario general del PSC. Este nivel de responsabilidad solo se da en Galicia, donde el presidente de la diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, es secretario general del PSdG-PSOE. Ningún otro presidente de Diputación es secretario autonómico de su partido. Como hemos visto, casi todos los presidentes de diputación del PP o del PSOE desempeñan al mismo tiempo la presidencia o la secretaría general provincial de su partido.
Los únicos casos en que el presidente de la diputación no forma parte de la dirección provincial del partido, se dan en Alicante, Ávila, Badajoz, Córdoba y Palencia. Todos ellos (excepto en Ávila) son personas de escaso peso político que actúan como delegados del jefe provincial: Luisa Pastor, alcaldesa de San Vicente del Raspeig (Alicante), fue nombrada para sustituir a José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal, y es una subordinada del consejero José Císcar. En Badajoz, Valentín Cortés, sin más trayectoria que ser alcalde de Llerena desde 1999, parece estar guardando el sitio a Ramón Ropero, alcalde de Villafranca de los Barros, vicepresidente primero de la diputación, de amplio currículum político. Luisa Ceballos, alcaldesa de Priego de Córdoba, es persona de confianza de José Antonio Nieto, alcalde de Córdoba y diputado autonómico.
Por último en Palencia el concejal capitalino José María Hernández, de perfil tecnócrata, cubre el sitio del consejero Carlos Fernández Carriedo. Mención aparte merece Agustín González, presidente de la diputación de Ávila y una decena de cargos más, que fue apartado por el PP de la presidencia provincial del partido debido a su imputación en el caso Bankia, pero sigue en la diputación y en la alcaldía de El Barco de Ávila.
Más allá del debate sobre si las diputaciones provinciales deben mantenerse o suprimirse, lo que está claro es que el sistema electoral de estas instituciones supone una distorsión en el funcionamiento de las instituciones representativas y en el de los partidos políticos. Como institución, su funcionamiento es opaco, está en los márgenes del escrutinio público y los ciudadanos ni siquiera saben cómo se elige a sus miembros. Y en el panorama general de los partidos políticos en España, donde la democracia interna es un bien escaso, las diputaciones provinciales son el caldo de cultivo perfecto para el clientelismo, el caciquismo, la trapacería y las malas artes, sin necesidad de cometer ninguna ilegalidad. Antes de seguir con la monserga de la elección directa del alcalde, la democracia española necesita la elección directa, democrática y transparente de la Diputación Provincial, al menos mientras siga existiendo.
Severiano Delgado Cruz es licenciado en Historia, bibliotecario y socio de infoLibre
Si el Gobierno y el Partido Popular quieren hablar de la regeneración democrática de las instituciones, deberían comenzar por la reforma del sistema electoral de las diputaciones provinciales. Mientras que el nombramiento del alcalde de un municipio es un proceso transparente y conocido por todos, el proceso de nombramiento del presidente de la Diputación es más desconocido todavía que el propio nombre de la persona que ocupa ese cargo. Lo mismo ocurre con la composición de la corporación provincial: ningún ciudadano español corriente puede nombrar de memoria tres diputados provinciales de su provincia, aunque pueda recordar los nombres de varios concejales de su localidad.