Señora López Gabarro: en la toma de posesión de su cargo, usted juró cumplir y hacer cumplir la ley. Pues bien, en su Consejería y en el Gobierno de la Junta de Andalucía no se actúa diligentemente en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos legales de los ciudadanos más vulnerables.
Mi esposa fue diagnosticada de Alzheimer en el mes de junio de 2022, después de superar las listas de espera para la atención de los especialistas.
En noviembre del año 2022, en los servicios sociales del Ayuntamiento de nuestra residencia en la provincia de Granada se solicitó la valoración de dependencia.
A finales de julio del presente año 2024, debido a la enfermedad degenerativa de mi esposa, nos trasladamos a vivir con mi hijo a una localidad de la provincia de Córdoba y en esos días con los servicios sociales municipales se tramitó la solicitud de cambio de expediente.
El día 14 de agosto nos contactaron desde la delegación de Granada para hacer la visita de valoración en mi anterior domicilio. Mi vivienda había quedado vacía por mi mudanza y no es razonable valorar una realidad que ya no existe ni para el presente ni para el futuro. Me confirmaron que la solicitud de cambio de domicilio no había llegado.
El día 16 de octubre, mi esposa ingresó de urgencias en el Hospital Reina Sofía de Córdoba con unos valores de anemia casi incompatibles con la vida; después de una semana, ya estamos en casa pero con una situación de dependencia mucho mayor, lo que nos obliga a seguir poniendo más recursos propios para su atención física y psicológica.
A día de hoy sigo sin recibir una respuesta de su Consejería que ponga en marcha la valoración de dependencia.
Todos sabemos que cuando un ciudadano se retrasa en el pago de sus obligaciones con el Estado, es penalizado, pero esa misma lógica no se aplica cuando es el Estado quien no cumple sus obligaciones con el ciudadano.
Entiendo que todos nos sentimos orgullosos de nuestra Constitución cuando nos define como un estado Social y Democrático de Derecho, pero si no se cumplen los derechos sociales, es imposible hablar de derechos democráticos. ¿Podríamos decir que el Estado incumple la Constitución que es esencia misma de su existencia?
Todos sabemos que cuando un ciudadano se retrasa en el pago de sus obligaciones con el Estado, es penalizado, pero esa misma lógica no se aplica cuando es el Estado quien no cumple sus obligaciones con el ciudadano
Podrá decirme que los recursos son finitos y que la política es priorizar unos u otros gastos, pero ese argumento no es razonable cuando el partido que gobierna nuestra tierra, Andalucía, presume de bajar impuestos. ¿Significa eso que priorizan el beneficio de los que tienen que pagar más impuestos frente a las necesidades de los más vulnerables? Si es así deberían tener el valor y la honestidad de decirlo en sus campañas electorales.
Señora consejera, es usted una servidora pública, tiene la obligación de servir al pueblo que le paga y del mismo modo que no es tolerable que usted no cobre su salario todos los meses, tampoco es tolerable que una ciudadana se vea privada de sus derechos durante casi dos años.
Todos sabemos que un incumplimiento así es intolerable en la empresa privada y tendría consecuencias para los puestos de trabajo, no puedo entender que lo intolerable en la gestión privada se acepte con la normalidad de un fenómeno meteorológico en la gestión pública.
Mediante esta carta, le estoy emplazando a dar respuesta públicamente, ¿Se atreverá usted?
¿Debería pensar que están ustedes esperando que mi esposa muera para ahorrarse lo que pudiera corresponderle?
Señora López Gabarro, está usted incumpliendo su juramento y se lleva por delante los derechos de una ciudadana. Cuando alguien no sirve para cumplir con sus obligaciones debería marcharse.
Quedo a la espera de la solución.
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Ángel Díez de Miguel es socio de infoLibre.
Señora López Gabarro: en la toma de posesión de su cargo, usted juró cumplir y hacer cumplir la ley. Pues bien, en su Consejería y en el Gobierno de la Junta de Andalucía no se actúa diligentemente en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos legales de los ciudadanos más vulnerables.