Ciento cuatro desahucios frente a cuarenta y seis ocupaciones

Palencia está considerada la capital más barata para vivir de España. Allí, el 26 de junio pasado, según informó El Diario Palentino, se inauguró una oficina de información antiocupación en la Cámara de Propiedad Urbana. La apertura de la oficina se produce por un convenio de la Junta de Castilla y León con las Cámaras de Propiedad Urbana de todas las provincias castellano-leonesas.

La inauguración contó con la presencia de la Directora General de Vivienda de la Junta, quien señaló que las ocupaciones son un ataque frontal al legítimo derecho de la propiedad privada consagrado en el artículo 33 de la Constitución española. Por su parte el asesor jurídico de la Cámara palentina indicó que las ocupaciones en la provincia de Palencia son hechos aislados.

Desde 2015 hasta 2022 se han producido en la provincia palentina 91 ocupaciones, es decir 13 ocupaciones por año. En la misma provincia se están produciendo una media de 8 desahucios al mes

Desde 2015 hasta 2022 se han producido en la provincia palentina 91 ocupaciones, es decir 13 ocupaciones por año. En la misma provincia se están produciendo una media de 8 desahucios al mes; sin embargo, no existe en la provincia ninguna oficina de asesoramiento a los desahuciados, salvo acudir a los Centros de Atención Social del Ayuntamiento, quienes sólo pueden actuar en el ámbito de su competencia.

A nivel nacional se produjeron en 2022 una media de 46 ocupaciones de vivienda al día, según datos del Ministerio del Interior. Dato que es similar en el primer trimestre de 2023, si se tienen en cuenta las infracciones penales registradas por ocupación ilegal, que fueron 3.898 en el trimestre, es decir una media de 43 diarias

Según el Observatorio de Vivienda Asequible, que toma sus datos del Consejo General del Poder Judicial, en concreto de la estadística “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, en 2022 se produjeron en España una media de 104 desahucios diarios.

Indudablemente estamos ante dos problemas sociales. Uno, el de las ocupaciones, se magnifica por los partidos situados a la derecha del espectro político, hasta el punto de abrir oficinas de información en provincias donde el problema es nimio; sin negar el derecho de los propietarios afectados por las ocupaciones a ser informados y asesorados.

Se infunde miedo a la población más temerosa, “le van a ocupar su casa mientras hace la compra”. Esta temida ocupación sería un allanamiento de morada. De acuerdo a la Memoria de la Fiscalía del año 2021, los allanamientos no llegan al uno por ciento del total de ocupaciones. El desalojo de los ocupantes en este caso puede ser muy rápido una vez denunciado. Conviene leer la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado, “para criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación”, pero dicha lectura se pasa por alto por los inductores de la campaña del miedo.

La mayoría de las ocupaciones son en viviendas o locales vacíos, lo que constituiría una usurpación y que indudablemente conlleva una tramitación más compleja.

No hay que minimizar el problema, por supuesto, aunque habría que explicar también la tipología de los ocupantes y distinguir entre los que se ven obligados a actuar por auténtica necesidad y los delincuentes y mafias que se aprovechan de la situación.

Más significativo e importante bajo un punto de vista cuantitativo y social es el de los desahuciados, pero dicho problema no parece preocupar a los inductores de la campaña antiocupación, partidos políticos, empresas de desocupación, claramente aliadas con la extrema derecha y algunas empresas del sector inmobiliario, quizá porque se trata de un problema de pobres, de gente venida a menos, que no tienen cabida en el orden de la derecha y extrema derecha neoliberal.

El problema de los desahucios subsistirá mientras no sea posible el ejercicio pleno a una vivienda digna; pero no nos engañemos: también el problema de las ocupaciones subsistirá mientras el citado derecho no se pueda ejercer con plenas garantías.

Luchar por el derecho a una vivienda digna es luchar por la eliminación de los problemas aquí señalados; mientras tanto desmontemos los bulos de la derecha y extrema derecha sobre las ocupaciones.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre