El ministro Félix Bolaños, en una de sus comparecencias cuando presentó el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, indicó que la Administración General del Estado había dedicado a reparar a las víctimas de la guerra y el franquismo, la cantidad de 21.749 millones de euros siendo 608.000 los “beneficiarios”. Una cifra muy “extraña”, pues hasta el momento, que se sepa, el Estado no ha cuantificado el número total de víctimas del franquismo.
Han pasado 88 años desde el golpe de Estado franquista y 46 de las primeras elecciones democráticas, y su número sigue siendo absolutamente desconocido porque en todos estos años ningún organismo de la Administración las ha cuantificado en todas sus modalidades, y por tanto tampoco en su totalidad, tal como correspondería a un Estado de Derecho. Se conocen algunas cifras gracias a las investigaciones de historiadores, periodistas, antropólogos y, también, de las organizaciones de memoria histórica.
Y, desde luego, son muchas más que la cifra mencionada por el ministro: 270.000 personas fueron encarceladas en 1939. Es más, en 1943 se creó el Servicio de Libertad Vigilada que siguió vigilando a los que se liberaban y el control sobre el excarcelado y su entorno era completo. Siendo los pueblos los que se convertían en espacio carcelario.
Se sabe por documentos que en la recta final de la guerra había cerca de 90.000 personas en batallones de trabajo forzado a través de campos de concentración y que durante la posguerra, estos “esclavos” oscilaron entre los 30.000 y los 50.000 hasta finalizar 1942.
Las cifras totales no pueden conocerse aún por problemas de fuentes, se cree que 150.648 civiles fueron asesinados, desde 1936 a 1945, debido a las prácticas violentas desencadenadas por los sublevados. Sin contar a las cientos de personas que fueron asesinadas con la aplicación de los Bandos de Guerra y que siguen sin estar registradas.
Más de 500.000 personas huyeron de España hacia el exilio. Unas 9.200 fueron encerradas en campos de concentración nazis, de las que solo 3.539 sobrevivieron. Innumerables, también, son las víctimas como consecuencia del robo de bebés durante toda la dictadura y hasta bien entrada la democracia. Más de 300.000 expedientes de responsabilidades políticas en España que significaron pérdida total o parcial de bienes, multas, destierros e incluso pérdida de la nacionalidad.
Se cree que 150.648 civiles fueron asesinados, desde 1936 a 1945, debido a las prácticas violentas desencadenadas por los sublevados. Sin contar a las cientos de personas que fueron asesinadas con la aplicación de los Bandos de Guerra y que siguen sin estar registradas
A esto habría que añadir la “violencia sexuada”: el número de mujeres violadas, peladas al cero, obligadas a beber aceite de ricino y paseadas para su escarnio y humillación, incluso a niñas. Las viudas y huérfanos que quedaron desprotegidos y abandonados a su suerte durante cuarenta años a quienes se les ocultó la ubicación de las fosas, o se les prohibió llevar flores, hacer público el duelo y vestir de luto. Las personas a quienes los franquistas robaron sus tierras, propiedades, empresas. Las multas gubernativas y judiciales a las que tuvieron que hacer frente las personas que sufrieron detenciones ilegales y sus familiares, así como quienes sufrieron detención y cárcel por su orientación sexual, etnia, religión.
La cifra, pues, de víctimas del franquismo es enorme porque duró 40 años y ejerció en todo momento una dura represión. Las decenas de miles de personas detenidas, torturadas y encarceladas por luchar por los derechos democráticos y contra la dictadura.
En noviembre de 1938 Franco hizo unas declaraciones al Daily Express señalando: "Tenemos más de dos millones de fichas personales con pruebas de sus crímenes, nombres y testigos". En 1944, el Servicio de Información y Policía Militar lo elevó a tres millones. Parece que los franquistas sí tenían cuantificado el número de víctimas.
Cierto es que a partir de 1979 se fueron aprobando leyes y decretos que intentaban compensar económicamente a algunas de las víctimas del franquismo. Sin embargo, el acceso a todas estas prestaciones dependía de que se pudiera justificar oficialmente el derecho a las mismas, lo que supuso un verdadero problema para muchas de las víctimas que tuvieron que recorrer archivos, registros, cárceles, sin saber muy bien cómo y dónde buscar. Y muchas otras víctimas quedaron fuera de estas compensaciones económicas porque no pudieron acreditar la muerte de su familiar al haberse tratado de asesinatos extrajudiciales, con la aplicación de los Bandos de Guerra.
Además, serían incontables las renuncias de las víctimas a presentar cualquier solicitud, a finales de los 70, dada la desconfianza hacia la temida administración franquista aún intacta y los años de terror psicológico acumulados. No resultaba fácil "desnudar" el pasado ante funcionarios de un Estado que les había perseguido durante 40 años, sin las garantías de un apoyo emocional o el asesoramiento técnico adecuados.
El acceso a todas estas prestaciones dependía de que se pudiera justificar oficialmente el derecho a las mismas, lo que supuso un verdadero problema para muchas de las víctimas que tuvieron que recorrer archivos, registros, cárceles, sin saber muy bien cómo y dónde buscar
La Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005 sobre “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” se establece claramente que la reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, contiene las siguientes prestaciones: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos, servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales”.
Queda mucho que hacer para que la reparación de las víctimas del franquismo sea una realidad. En definitiva, la reparación económica de las víctimas del franquismo no es un hecho real a día de hoy.
Las cifras facilitadas hasta el momento dejan en absoluta evidencia a quienes las presentan como garantía de tal reparación y constituyen un insulto y de nuevo una revictimización a las personas represaliadas y a sus familias. El derecho a la reparación sigue siendo escamoteado incluso en la Ley de Memoria Democrática, por ello las Asociaciones de memoria histórica debemos seguir atentas y luchar cada vez con más ahínco que la reparación sea real y sin demora.
Y solo así será una verdadera ley de memoria histórica y ante todo rechazar la ley de concordia que el PP y Vox han aprobado en varias comunidades autónomas, allí donde mandan, pues es un intento de manipulación y de reescribir la historia para no devolver la dignidad a todos aquellos que lucharon por la libertad y devolver la paz a los familiares que hoy todavía seguimos luchando por una reparación. No queremos olvido, queremos justicia y reparación y sobre todo verdad.
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Ximo Estal Izondo es socio de infoLibre.
El ministro Félix Bolaños, en una de sus comparecencias cuando presentó el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, indicó que la Administración General del Estado había dedicado a reparar a las víctimas de la guerra y el franquismo, la cantidad de 21.749 millones de euros siendo 608.000 los “beneficiarios”. Una cifra muy “extraña”, pues hasta el momento, que se sepa, el Estado no ha cuantificado el número total de víctimas del franquismo.