La herida abierta de EEUU

Ahmed Errachidi era cocinero en Londres. Un día decidió viajar a Afganistán para realizar ayuda humanitaria. En la frontera, la policía paquistaní le retuvo y le encerró en la cárcel. Más tarde le llevaron a una base militar de Estados Unidos (EEUU) en Afganistán y después le trasladaron a Guantánamo. Nunca le juzgaron ni le acusaron. Sin embargo, pasó allí más de cinco años por su supuesta participación en entrenamientos en un campo de terroristas. Desde el 2002, tras los atentados del 11 de septiembre, Guantánamo se ha llenado de personas como Ahmed acusados de terrorismo.

El campo de detención de Guantánamo se encuentra en Cuba, fuera de la jurisdicción de EEUU. Esta situación geográfica dificulta aún más el complicado proceso carcelario. Aunque el Tribunal Supremo de EEUU ha defendido que los presos tienen derecho a ser juzgados ante tribunales civiles, los jueces federales secundan la estrategia del Pentágono de retener a personas sin derecho a un juicio.

A los presos de esta cárcel los clasifican como combatientes enemigos ilegales. Una nueva categoría que conculca el Convenio de Ginebra, que prohíbe los castigos y las represalias a los presos. Así, George Bush creó las comisiones militares como herramienta para tratar a estos presos. Un procedimiento que, aparte de considerar a los presos 'no ciudadanos' como sospechosos de terrorismo, viola el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial.

Pese a ello, Estados Unidos tiene la obligación jurídica internacional de garantizar a todas las personas detenidas un procedimiento judicial adecuado que permita comprobar la legalidad de su detención. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recalca la importancia del recurso de habeas corpus para la protección de los derechos no derogables, necesario para preservar la legalidad en una sociedad democrática.

Esta herida abierta en EEUU ha sido difícil de cerrar, pese a los intentos de Barack Obama que prometió acabar con la escandalosa situación de Guantánamo. En un principio firmó una orden ejecutiva para cerrar la prisión. Sin embargo, la Cámara de Representantes se negó a incluir dentro de la ampliación del presupuesto para las guerras de Irak y Afganistán una partida de 80 millones de dólares para relocalizar a los presos. Incluso, él mismo acabó por reanudar las comisiones militares de George Bush.

Hay cierta esperanza en que con el tiempo se pueda acabar con esta situación. En 2010, Ahmed Khalfan Ghailiani fue el primer preso en someterse a un juicio ordinario. De un total de 285 cargos de los que se le acusaba, solo se le culpó de uno. La propia Fiscalía reconoció la dificultad del juicio ya que las pruebas presentadas no eran aceptables al ser sospechosas de haberse obtenido mediante tortura. Desde entonces, Obama ha liberado a 144 presos. Siete de ellos volvieron al terrorismo, según un informe del Director Nacional de Inteligencia.Otra de las dificultades a las que se enfrentan los presos es a la reinserción. La dificultad de que puedan encontrar asilo en un país se suma a las innumerables trabas.

La situación en Guantánamo continúa sin un plan para su cierre. Desde distintas organizaciones como Amnistía Internacional reclaman algo tan básico como es la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. No se trata de humanizar a delincuentes, sino de defender una justicia equitativa. Una herida abierta que incumbe a todos los países y que ahora está en manos del nuevo presidente, Donald Trump.

Gabriel Arrese Leza es socio de infoLibre