Una ofensiva golpista

Es posible que después de la ofensiva judicial y policial desencadenada por el Gobierno del PP, con la complicidad del PSOE y Ciudadanos, pasándose por alto los derechos democráticos fundamentales, en nombre de una supuesta legalidad – legalidad que una vez al mando, unos y otros se la saltan a la torera–, el Gobierno haya resuelto el problema del referéndum del 1 de octubre.

Es posible que haya permitido a los representantes políticos de la burguesía catalana encontrar un relato digno para justificar el paso atrás que significará la ausencia de proclamación de una República Catalana independiente tan demagógicamente prometida y en realidad no deseada por ellos.

Lo que está claro es que tal ofensiva no ha resuelto la agitación política que ella misma ha generado. Ofensiva hoy empleada por la burguesía española para calmar los ardores de sus compinches catalanes, pero también llevada a cabo –desde hace más de una década y con la misma saña– contra el conjunto de la clase trabajadora para hacernos pagar la crisis que ha provocado.

No cabe duda que el deseo de poder expresarse democráticamente y con garantías, mediante un referéndum vinculante para decidir y establecer el marco en el que la población catalana quiere vivir, es un derecho que dicha población reclama con razón y que debemos apoyar sin reparo.

También debemos apoyar y reclamar la puesta en libertad de todos los detenidos ya sea por defender sus derechos laborales o derechos de expresión política, tanto en Cataluña, como en el resto de España.

Pero tampoco cabe la menor duda de que también tenemos que movilizarnos para poner un término a la desfachatez con la que actúa la burguesía, condenando al conjunto de la clase trabajadora, ya sea catalana o no, a la precariedad y la miseria con tal de preservar sus ingresos millonarios.

Un buen ejemplo de dicha desfachatez y de lo que preocupa realmente a la burguesía, son los ingresos efectuados por el sector bancario en este primer semestre de 2017. Este sector rescatado con nuestro dinero –a fondo perdido– ha ingresado alrededor de 8 000 millones de euros de beneficios, lo que representa aproximadamente un 20, 21% más de lo ganado en el primer semestre de 2016.

Este ejemplo, como los muchos otros que se podrían sumar, demuestra que la solución del problema no pasa exclusivamente por el cambio del régimen o la representación política que la burguesía utiliza para imponernos su dictadura económica.

Confiar y apropiarnos de las ilusiones que oportunistas y nacionalistas nos quieren vender, sea cual sea su nacionalidad, equivale a depositar nuestra cabeza en manos del verdugo y eso por mucho que dicho verdugo adorne sus discursos con la palabra “democracia”.

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Mario Diego es socio de infoLibre