El Govern de la Generalitat de Catalunya y los diputados independentistas, que controlan con su mayoría el Parlament, están actuando de hecho como si el pueblo de catalán fuera soberano y Cataluña fuera ya un Estado. Todos los pasos que están dando para la desconexión con España y el establecimiento de una República catalana parten de la autoafirmación de que el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y, por ello, que no reconoce ninguna autoridad por encima de sí mismo.
De esa autoafirmación parte la Llei del Referèndum d'autodeterminació de Catalunya que, según su artículo 3.2. prevalece jerárquicamente sobre todas las demás que pudieran entrar en conflicto con ella. Prevalecería, pues, sobre el Estatut d'autonomia de Catalunya y sobre la Constitución Española que jurídicamente son las leyes que dan legitimidad al Parlament y al Govern.
Quizá por eso, la Llei no se ha presentado en el hemiciclo del Parlament, sino en el Teatre Nacional de Catalunya y en el Anfiteatro del Parlament, como si de hecho fuera ley lo que, por ahora, no es más que un texto titulado Llei del referèndum etc. que no ha sido formalmente presentado, tramitado ni aprobado.
En cualquier Estado de Derecho la ordenación del sistema se realiza, entre otros, a través de dos principios: el de jerarquía normativa y el de competencia. El primero ordena jerárquicamente las normas desde la Constitución, que es la norma suprema, hasta los reglamentos, de manera que las de rango inferior no pueden contravenir a las de rango superior. El segundo establece qué organismo tiene competencia para legislar los distintos tipos de normas. Un Ayuntamiento, por ejemplo, no tiene competencia para elaborar y aprobar leyes orgánicas, que son competencia exclusiva de las Cortes. Si una norma legal incumple cualquiera de estos principios no es jurídicamente válida.
La pretendida máxima prevalencia de la Llei de Referèndum, como si fuese una Constitución de hecho que derogase el Estatut, contraviene ambos principios.
Jesús Pichel Martín es socio de infoLibre
El Govern de la Generalitat de Catalunya y los diputados independentistas, que controlan con su mayoría el Parlament, están actuando de hecho como si el pueblo de catalán fuera soberano y Cataluña fuera ya un Estado. Todos los pasos que están dando para la desconexión con España y el establecimiento de una República catalana parten de la autoafirmación de que el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y, por ello, que no reconoce ninguna autoridad por encima de sí mismo.