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“Los hospitales públicos y privados deben garantizar el derecho de las mujeres al aborto y los centros deben garantizar ese derecho garantizando que el 80% de sus médicos no puedan alegar objeción alguna”
Marcel Camacho
Y estamos hablando por una ley aprobada en el seno de la soberanía del pueblo, la única reconocida por la Constitución, por mayoría y en sesión plenaria. Y nos debemos referir a la Ley de la eutanasia, que la contempla y la ampara bajo las directrices que contiene esa misma ley.
Pero no, la presión de los “fervientes” impide que se cumpla con normalidad, terapéutica y humana.
“Una mujer que pidió la eutanasia se suicida en un hotel de Madrid”.
La enfermedad que sufría era irreversible, letal, y los dolores insoportables, había cumplido todos los pasos que exige la ley. Solo quería “bien morir” como había intentado “bien vivir”.
Había llegado casi hasta el final.
Su doctora de referencia, del Gómez Ulla, siguió todo su proceso y escuchó la solicitud de aplicación de la ley de eutanasia. En principio esa doctora estuvo de acuerdo, pero 48 horas después se desdijo declarándose objetora.
La ley dice que en ese caso debe nombrarse otro médico. La mujer en cuestión esperó en vano, solo el silencio administrativo.
Y ella insistía:
“Siempre he dicho que no quiero vivir si no puedo tener decisión sobre mi vida”.
Quiero ser objetor como los antiabortistas
No quería suicidarse, solo quería que la ayudaran a dejar de sufrir. Solo deseaba escapar de su tormento de tantos años. Tampoco ha querido morir en su casa y estigmatizar a sus familiares. Al fin decidió “matarse” en un hotel, de manera anónima, abandonada por la propia ley que la debiera haber amparado.
No sé si alguien se habrá sentido vencedor en este triste lance. Espero que los confesos de su propio fanatismo miren bien a su alrededor por ver si encuentran alguna piedra con la que seguir lapidando a quienes no piensan como ellos. En nombre de su dios al que ya lapidan a diario, sencillamente, actuando en su nombre.
Antonio García Gómez es socio de infoLibre
“Los hospitales públicos y privados deben garantizar el derecho de las mujeres al aborto y los centros deben garantizar ese derecho garantizando que el 80% de sus médicos no puedan alegar objeción alguna”