Una Constitución para González Amador
Se esté más o menos en sintonía con el discurso navideño de Felipe VI, hay fragmentos a subrayar para el próximo año. Abordar la inmigración como reflejo de “nuestros principios” y “calidad” democrática, que la “discordia” no “impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía” y el mandato para garantizar el derecho a la vivienda. En esto fue explícito y pidió “soluciones que faciliten el acceso en condiciones asumibles, en especial para los jóvenes y los desprotegidos”. Reivindicó la vivienda como derecho constitucional y no como negocio. Un buen recordatorio para quienes olvidan el orden de prioridades. Reconoció que es “base para la seguridad, bienestar de tantos proyectos de vida” y pidió en consecuencia “que todos los actores implicados reflexionen, se escuchen, que se examinen las distintas opciones y ese diálogo conduzca a soluciones”. Es decir, si hay que regular, que se regule. Si hay que aplicar la Ley de Vivienda, aplíquese.
Felipe VI no mencionó otro derecho constitucional, el del secreto profesional de los periodistas y la libertad de prensa. Si el juez del Supremo da un paso en la línea que pide Alberto González Amador, tendrá que incorporarlo al próximo discurso. Precisamente como no hay indicios directos en la instrucción contra el fiscal general, la pareja de Ayuso busca otras vías. Exigir el volcado de los móviles de seis periodistas para tener sus conexiones, localizaciones durante diez meses, correos y comunicaciones es una petición grave e inconstitucional. Ya es excepcional que alguien monte un fraude de 350.000 euros con facturas falsas y empresas pantalla –según Hacienda y según reconoció– y termine con el fiscal general en el punto de mira e investigado por filtración de datos. Pero lo es más que se sienta impune para elevar la causa hasta la persecución de quien informa sobre su presunto fraude al fisco tras un pelotazo con contratos de mascarillas en plena pandemia.
La revelación de secretos no está por encima del artículo 20 de la Constitución. Hay un bien mayor, el derecho a la información veraz y la protección de fuentes. La defensa judicial de González Amador ha traspasado esa línea con una petición inadmisible. Un aviso a navegantes, un voy a por vosotros igual que he ido a por el fiscal general. Para el magistrado Joaquím Bosch “jurídicamente sería bastante peligroso desde una perspectiva de nuestros derechos fundamentales. Hay muchos precedentes que plantean esa gravedad”.
La pareja de Ayuso demanda al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta María Jesús Montero y a reconocidos periodistas porque se siente protegido y respaldado. Actúa con impunidad porque cree que puede
Precisamente las investigaciones por corrupción en el gobierno de Esperanza Aguirre dejaron importantes antecedentes. Entre ellos, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que archivó una revelación de secretos por informar sobre las presuntas mordidas del expresidente Ignacio González. El magistrado Juan José Ortega escribió entonces sobre el peligro de investigar las fuentes del periodista: "No solo puede provocar un efecto desalentador capaz de hacer que evite difundir informaciones que comprometan su seguridad, sino también que su derecho a guardar el secreto de sus fuentes informativas se haya visto seriamente afectado". Y añadía una “seria preocupación” por forzar con interrogatorios el intento de revelar las fuentes, “una de las más importantes garantías con que cuenta una prensa libre en una sociedad democrática".
La protección de las fuentes no es un privilegio del periodista, es una garantía del ciudadano que protege su derecho a recibir información veraz. El bien a proteger es el derecho a una prensa libre. La pareja de Ayuso demanda al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta María Jesús Montero y a reconocidos periodistas porque se siente protegido y respaldado. Actúa con impunidad porque cree que puede. No es un ciudadano particular en su derecho de defensa, como dice el PP. Es la pareja de Ayuso con toda la fuerza de la Comunidad de Madrid para defender un fraude –reconocido por escrito, se ponga como se ponga–. Una mayoría absoluta a su servicio con el poderoso Colegio de Abogados de Madrid actuando de oficio.
La fiscalía no puede proporcionar información reservada para desmontar un bulo. Pero tampoco se puede imputar a Álvaro García Ortiz sin auténticos indicios. De momento no los hay y esto ha derivado en pedir el volcado de los móviles de los periodistas que publicaron la información. El Supremo debería reaccionar a cómo la protección de datos de González Amador –difundidos en primera instancia por su entorno– está derivando en la persecución de quien informa sobre las causas judiciales que le afectan. De momento, el juez que investiga la filtración del correo se niega a hacer lo mismo con las filtraciones que afectan al fiscal general o a periodistas. Mientras fracasa en esa obligada protección de la causa, lo mínimo es que responda a Gónzalez Amador recordándole el artículo 20 o enviándole un ejemplar completo de la Constitución.
