La asociación de padres de familia del Sudán, en su sección española en la muy católica Murcia, ha pedido también que el Gobierno regional vuelva a instaurar el pin parental, como reclama Vox, el socio del Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea. Así ellos podrían seguir reivindicando poder mutilar genitalmente a sus hijas como es costumbre ancestral en su cultura y no ser perseguidos por la Justicia. Al mismo tiempo piden que no se deje influir por convenios internacionales que reconocen derechos a los infantes y jóvenes por encima de las creencias y convicciones de los progenitores. Inmediatamente, al conocer la petición de Vox, la APT (Asociación de Padres Talibanes) ha reclamado el derecho de imponer a sus hijas el burka, así como casarlas con quien quieran y a la edad que quieran, como es tradicional en sus familias...
Indudablemente la petición que encabeza este escrito, así como la de los talibanes son falsas pero el espíritu de esas “peticiones” se sustenta en el mismo principio en el que se basan los ultra-católicos de Hazte oír y sus representantes políticos de Vox cuando reclaman su derecho total a la educación de sus hijos. “Los hijos son nuestros, nosotros los criamos, nosotros los educamos”, gritan en sus manifestaciones. Pero eso no es así, porque a ello se oponen tanto leyes internacionales, Convención Internacional sobre Derechos del niño, ratificada por España desde 1990, como leyes nacionales desde la LODE, a la actual LOMLOE y hasta regionales como los Decretos de currículo. Vox ha vuelto a exigir al Gobierno del PP y Cs en la Región de Murcia el peaje del “pin parental”, y no sabemos qué más teniendo en cuenta su obsesión con los menores extranjeros, para aprobar los presupuestos regionales.
La obsesión de este partido por el control de la familia se parece mucho a la de su añorado “Meneo Nacional”. Si por ellos fuera pondrían en marcha otra vez la FEN, la Formación del Espíritu Nacional para empalmar la “formación juvenil” con la mili obligatoria para conseguir “patriotas” a cascoporro. Pero mientras que no llegan al poder se conforman con poder manipular a sus vástagos para que sean un calco de ellos mismos. Aclaro “manipular” para los partidarios de la “educación selectiva”, selectiva de lo que ellos consideran “la verdad y lo correcto”: sus ideas, eso sí, dejando fuera todo lo demás. No se trata solo de mentir, ni de inculcar ideas erróneas. La cuestión fundamental, lo que hace que su pretensión de control sea ilegal por ir en contra de los derechos de los menores, es no enseñar todas las visiones de la sociedad y las distintas perspectivas que existen dentro de ella. En eso consiste, ni más ni menos, la consecuencia de imponer lo que se ha llamado el “pin parental”.
Este quedó reflejado por la Consejería de Educación en las instrucciones de principio de curso 2019 cuando incluyó este punto:
15. 2. De todas estas actividades, aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias, además de por la vía o vías que el centro utilice para dar a conocer los documentos institucionales, por medio de una relación detallada que los tutores de los distintos grupos de alumnos facilitarán a padres y madres al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades. Dicha norma incumple normativa regional superior, los Decretos de currículo, que vienen a decir: “Las actividades complementarias son aquellas actividades didácticas cuyo objetivo es complementar la actividad habitual del aula, forman parte de la Programación docente y son coherentes con el Proyecto Educativo del Centro; dichas actividades, se encuentran recogidas dentro de la Programación General Anual, habiendo sido previamente evaluadas por el Consejo Escolar del Centro, y tienen por ello, carácter obligatorio tanto para el personal docente como para el alumnado.”
También va en contra de la Ley del Derecho a la Educación del 85, precisamente la que garantiza los conciertos educativos a la privada, pero que su artículo 6 al enumerar los deberes básicos de los alumnos señala en su apartado b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. Así mismo La nueva Ley, LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020, en su disposición adicional primera, modifica ese punto añadiendo la palabra: gratuitas. Es decir que son actividades obligatorias y debe participar atendiendo la programación del centro que es controlada por la comunidad educativa, que incluye a las familias, pero no los caprichos, o el libre arbitrio de unos progenitores. Por último, la Convención Internacional de los Derechos del niño en su artículo 13 entre otras cosas dice: (el niño tiene) “…la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo…” Con las limitaciones de imponga la Ley, pero no otras. Para terminar, siendo la Administración regional y el Gobierno que la dirige los últimos responsables del funcionamiento y el cumplimiento de la legalidad en los centros educativos entiendo desde mi posición de lego que incurriría en algún tipo de delito si una vez suspendidas las anteriores instrucciones volviera a reiterar el ilegal pin parental. Y ello es así a pesar de que le hicieran un apaño a la normativa regional, o retrasaran, si es que ello es posible, la entrada en vigor la nueva ley como pretenden; siempre les quedaría retirar la firma de España de los tratados internacionales, cosa que de momento queda fuera de la competencia de nuestras lumbreras regionales.
José Luis López Lillo es socio de infoLibre
La asociación de padres de familia del Sudán, en su sección española en la muy católica Murcia, ha pedido también que el Gobierno regional vuelva a instaurar el pin parental, como reclama Vox, el socio del Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea. Así ellos podrían seguir reivindicando poder mutilar genitalmente a sus hijas como es costumbre ancestral en su cultura y no ser perseguidos por la Justicia. Al mismo tiempo piden que no se deje influir por convenios internacionales que reconocen derechos a los infantes y jóvenes por encima de las creencias y convicciones de los progenitores. Inmediatamente, al conocer la petición de Vox, la APT (Asociación de Padres Talibanes) ha reclamado el derecho de imponer a sus hijas el burka, así como casarlas con quien quieran y a la edad que quieran, como es tradicional en sus familias...