La Ley General de Comunicación Audiovisual sigue adelante en el Congreso de los Diputados. Y lo hace después de que la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital haya aprobado este jueves el dictamen de la ponencia del proyecto de ley, a pesar del "estupor" unánime de los productores independientes.
Esta es la enmienda 790, introducida a última hora por el Grupo Socialista, que modifica el artículo 110.1 y desata la tormenta: "Se considera productor independiente a efectos de este capítulo a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual (...) y que asume la iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual".
Concretamente, lo que solivianta a los productores independientes es que con el cambio de última hora, dice "dicho prestador" donde anteriormente decía "un prestador". Este aparentemente cambio inocuo, en realidad no lo es tanto, según denuncian: "El cambio en la definición de productor independiente que ha introducido el PSOE en la Ley permite que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes solo contratando de forma cruzada con otros prestadores del servicio", denuncian.
De esta manera, en definitiva, productoras asociadas a grandes grupos de comunicación y a plataformas pueden ser consideradas independientes si trabajan con otros proveedores audiovisuales. El enfado es palpable: "Unanimidad de los productores ante la maniobra del PSOE para debilitar la producción independiente en la nueva #LGCA. El sector se une para rechazar la propuesta".
Para los productores, la modificación que introduce en el texto la enmienda 790 beneficiaría en última instancia a las grandes plataformas e introduce un "cambio de enorme calado con consecuencias muy graves, tanto para la producción independiente, como para el sector en su conjunto y la diversidad y creatividad de producción europea".
"A pesar de que literalmente pueda parecer mínimo el cambio introducido, lo cierto es que modifica la obligación general de no vinculación con un prestador, al limitar dicha obligación de no vinculación, exclusivamente, respecto del prestador con el que se contrata", plantean los productores.
Y añaden que, de esta manera, las productoras vinculadas a un proveedor de servicios de comunicación tendrán la consideración de independientes cuando produzcan para otros proveedores "compitiendo de forma desleal y con injusta ventaja con los verdaderos independientes".
Este nuevo paso de la Ley General de Comunicación Audiovisual provoca el cierre de filas tanto de AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P), como PATE Productores audiovisuales. Tratan de defenderse así de un proyecto de ley que "puede suponer el final de una industria floreciente y supuestamente estratégica para el país".
VOTOS A FAVOR DE PSOE, UNIDAS PODEMOS, PNV Y ERC
En las horas previas a esta votación, volvió a aflorar cierta tensión en el gobierno de coalición, pues Unidas Podemos reclamó al PSOE que rectificara esta y otra enmienda que, introducidas con el pretexto de ser modificaciones técnicas, otorgan en realidad la categoría de productoras independientes a los principales grupos mediáticos del país. Esto llevó a la formación morada a amenazar con votar en contra, algo que finalmente no sucedió. Fuentes de Unidas Podemos han explicado a infoLibre que su voto a favor es, por un lado, "responsabilidad" para que el texto no decaiga y, por otro, porque todavía pueden seguir negociando una semana, hasta que el texto aprobado hoy llegue al Pleno el próximo jueves.
Así las cosas, el dictamen ha sido finalmente aprobado en Comisión con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC (que han conseguido acuerdos sobre el euskera y el catalán); el rechazo de PP, Vox y Junts, y la abstención de Bildu y Ciudadanos. El Pleno de la Cámara Baja verá el asunto previsiblemente el próximo 26 de mayo, para remitirlo después al Senado para su aprobación definitiva. Un proceso que acumula ya casi dos años de retraso, pues esta norma debía transponer la directiva europea de 2018 antes de septiembre de 2020.
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Las dificultades para conjugar los intereses de plataformas, productores, televisiones tradicionales y partidos independentistas por las cuotas lingüísticas también han complicado la aprobación de la reforma. Sin embargo, el acuerdo alcanzado por el Gobierno con ERC reserva un mínimo anual de 15 millones para la producción de contenido en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales. El PNV, por su parte, considera que la ley salva los tres grandes objetivos de proteger y defender el autogobierno, preservar la autonomía de EiTB y garantizar la presencia del euskera en el nuevo marco audiovisual.
El proyecto de ley establece que las grandes plataformas de contenidos audiovisuales destinen parte de sus beneficios a financiar producciones nacionales (en castellano y en las lenguas cooficiales). Así, igual que ya hacen las televisiones privadas, Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Disney+ tendrán que destinar un 5% de los ingresos que generen en España, una cifra lejana a la de vecinos como Italia (entre el 12 y el 20) o Francia (20%).
Por su parte, los sindicatos CCOO, UGT y CGT rechazan el planteamiento que se está haciendo en este proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Transformación Digital, que ha recibido un millar de enmiendas, al considerar que "no soluciona los problemas del sector y solo responde al beneficio de los lobbies empresariales privados".
La Ley General de Comunicación Audiovisual sigue adelante en el Congreso de los Diputados. Y lo hace después de que la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital haya aprobado este jueves el dictamen de la ponencia del proyecto de ley, a pesar del "estupor" unánime de los productores independientes.