Cultura paraliza el reparto de anticipos de la recaudación a los socios de la SGAE

El Ministerio de Cultura juega una nueva carta en el conflicto con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El área de José Guirao ha enviado un nuevo requerimiento a la entidad paralizando el reparto de anticipos de la recaudación a los socios, según una información publicada por el diario El País este jueves y confirmada en sendos comunicados de la SGAE y el Ministerio. Cultura teme que la concesión de estos anticipos-préstamos, que la sociedad de gestión acostumbra a otorgar en concepto de los futuros derechos de autor percibidos, pueda comprometer "el resultado final del reparto de derechos", y exige dar el visto bueno a los adelantos antes de su ingreso definitivo. Guirao ya anunció hace dos semanas que su Ministerio intervendría la SGAE en tres aspectos de su gestión, que incluyen la modificación del sistema de reparto. 

Esta revisión del pago de anticipos afecta a 250 autores y 12 editores, que tendrían que recibir 2,5 millones de euros, según datos de la entidad. La SGAE explica que este sistema está implantado "desde hace años" y que se realiza "mensualmente", una vez que el Consejo de Dirección aprueba beneficiarios y cantidades, por lo que ve "insólita y extraordinaria" la medida. El Ministerio defiende que el requerimiento enviado el miércoles "no paraliza ningún pago", sino que impone su aprobación por el Gobierno para que tengan efecto. "El Ministerio", reza su comunicado, "se compromete a tramitar cada solicitud con la mayor celeridad para que los creadores no vean comprometidos sus ingresos tan pronto reciba la información de la SGAE". Esta asegura también que enviará al Ministerio la información requerida: "Lo primero de todo es que los socios de la SGAE sobren cuanto antes", dicen fuentes de la entidad. 

En el requerimiento, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio supedita el pago de los anticipos concedidos a que la SGAE le envíe "la relación de préstamos aprobados, junto a los informes previos (...) que validen la concesión de dichos préstamos", a los que Cultura tendría que dar su "conformidad". "El Ministerio de Cultura y Deporte, para velar por el cumplimiento de las obligaciones que incumben a las entidades de gestión, podrá realizar las actividades de inspección y control que considere convenientes", se recuerda en el documento firmado por el subdirector general de Propiedad Intelectual, Carlos Guervós Maíllo. 

Tanto en su comunicado público como en el requerimiento, el Ministerio sustenta su decisión en dos factores. Primero, recuerda que la Asamblea del 27 de diciembre no ratificó el reparto de diciembre ya realizado por la dirección: el 53,2% de los autores votaron en contra, versus el 45,2% a favor. En segundo lugar, Cultura menciona la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid que también a finales de diciembre anulaba ese mismo reparto de derechos. La demanda había sido interpuesta por las editoriales de Mediaset y Atresmedia, y la SGAE decidió recurrirla a finales de enero. La entidad aseguraba entonces que se trataba de "la práctica habitual en estos casos", y fuentes de la SGAE contaban a este periódico el pasado lunes que la decisión se había tomado como una "prueba de la imparcialidad de la Junta Directiva", cuya supuesta connivencia con las televisiones —y su presunta participación en el caso rueda de la música nocturna— ha sido muy criticada desde dentro y fuera de la entidad. 

La SGAE envía la información sobre los anticipos a 250 autores y 12 editores que le exigía el Ministerio de Cultura

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Esto, según razona el Ministerio en su comunicado, "supone que las concesiones de préstamos que se aprobaran en tanto persista esta situación, así como las posibles amortizaciones, pudieran posteriormente aumentar los desajustes o desacuerdos entre las partes e, incluso, comprometer el resultado final de los repartos, más aún de lo que pueda ya de por sí suponer un reparto efectuado pero no ratificado por la Asamblea General de socios". "No lo acabamos de entender", dicen fuentes de la entidad a este periódico sobre la actuación del Ministerio: "Tenemos problemas en la SGAE, pero este no es uno de ellos". Estas fuentes insisten en que los adelantos en el reparto funcionan "muy bien, desde hace muchos años" y que no se verían afectados por un posible cambio en el sistema: "Si un autor se ve perjudicado por un nuevo reparto, eso significa que en lugar de recuperarse [el dinero adelantado] en cuatro meses, se recupera en seis, pero nada más". La entidad asegura que la morosidad de este procedimiento —autores que no devuelven ese anticipo-préstamo porque cobran menos de lo previsto— está por debajo del 2%. 

La implantación de anticipos permite que los socios no tengan que esperar a los repartos oficiales, que se realizan dos veces al año, en junio y diciembre. Autores y editores cobran así por adelantado una parte de sus derechos de autor estimados, y luego lo ya pagado —más intereses— se descuenta de la cantidad total. En 2018, la SGAE concedió 1.707 "préstamos/anticipos" por valor de 31,7 millones de euros, según datos otorgados por la entidad. "El sistema paralizado por el Ministerio de Cultura", se defiende la entidad, "goza de una gran aceptación entre los socios y no ha distorsionado nunca los repartos futuros, precisamente por los límites y los rigurosos controles económicos establecidos". La SGAE explica que el importe del anticipo se fija en base al histórico de recaudaciones de quien lo solicita, y que es un proceso dictado por el personal técnico cuyo funcionamiento, además, se revisó hace cinco años, pero el reglamento  de la entidad no desarrolla de manera explícita esas limitaciones. 

El pasado 24 de enero, José Guirao confirmó en una rueda de prensa que el Ministerio estaba decidido a intervenir la entidad y que descartaba una solución consensuada con la SGAE. El pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, confirmó que se trataría de una intervención judicial, y no de una revocación de licencia, y que se estaba "terminando" y se pondría en marcha esta misma semana o la próxima. Según lo hecho público por el Ministerio, la solicitud de intervención girará en torno a los tres puntos que ya se incluían en el requerimiento enviado en otoño que cumplía el pasado diciembre: la modificación de los Estatutos para adaptarse a la normativa europea, la revisión de los criterios del reparto de derechos y la habilitación del voto electrónico en las elecciones. "Cultura no va a pedir la intervención total, sino solo en aquellos puntos que no se cumplen, el resto lo seguirá gestionando la SGAE", insistía el ministro.