Querían meter ruido. Llevan ya más de dos años haciéndolo, y sienten que sus demandas han caído como prédicas en el desierto. Así que este lunes, los representantes de las ocho entidades de gestión de derechos de autor, acompañados por otros 25 miembros del mundo de la cultura, entre artistas, productores o gestores, han convocado una multitudinaria presentación en el madrileño Círculo de Bellas Artes. Ante dos centenares de personas, Antonio Guisasola (Adepi); Luis Cobos (AIE); Pilar Bardem (Aisge); Pedro de Andrés (Cedro); Carlos López García (Dama); Enrique Cerezo (Egeda); José Luis Acosta (SGAE), y Juan Genovés (Vegap), arropados por otros rostros conocidos como Fernando Trueba, Víctor Manuel o José Manuel Soto han lanzado un órdago al Gobierno a través de una contundente proclama: ley Lassalle No.
“Este es un acto pacífico, legal, democrático y necesario, para llevar nuestras demandas al texto del proyecto de Ley de Propiedad Intelectual”, ha subrayado Luis Cobos, que ha leído un manifiesto conjunto. “Si no es así, solicitamos la retirada de la ley”, que toma su apodo del secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle. Aprobada el pasado mes de julio en el Congreso, la reforma del texto del anteproyecto de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ha pasado ahora a debate en el Senado, y podría estar aprobada para mediados de octubre. De ahí la urgencia de la convocatoria, que llega menos de una semana después de que el Tribunal Supremo haya dejado en el aire su tramitación, dado que pone en duda que el sistema de compensación por copia privada previsto tras la anulación del canon digital sea compatible con la directiva europea, algo que tendrá que ser dirimido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“El Ministerio de Cultura nos ha venido dando largas dos años”, se ha lamentado Cobos. “En su día, nuestras demandas fueron calificadas como aceptables y no exageradas por el Ministro de Cultura (José Ignacio Wert), pero luego no se acepó ninguna de esas demandas. Visto lo visto, está claro que las promesas no se cumplen”. Para las entidades de gestión de derechos y otros sectores de la cultura –que, han recordado, genera en total el 3,5% del PIB, más que la industria agroalimentaria- esas exigencias pasan por crear un sistema "consensuado" de remuneración por copia privada y generar una estructura adecuada para el consumo legal de cultura en la Red. “Entregarse a la sumisión del que gobierna, sea quien sea, no es un patrón aceptable”.
“Este es un texto que reduce las tarifas y afecta a la gestión colectiva, desestabilizándola y alejándola de Europa”, ha agregado el director de orquesta. “España es uno de los países más ricos en cultura y de los que más conflictos tienen en torno a la LPI. Es demencial”. “Frente a este “cáncer” que se ha instalado, han dicho, “no pedimos privilegios sino que se cumpla la ley”. Tras la inacabada polémica en torno a la SGAE, vigente desde que en 2011 se detuviera al entonces presidente de la entidad, Teddy Bautista, por un delito de apropiación indebida, también se ha querido poner de relevancia y defender el papel de estas sociedades de gestión de derechos de autor que -ha afirmado Cobos- no son “un negocio”. “Todas han superado dos evaluaciones oficiales supervisadas por el Gobierno”, ha indicado, “lo que no significa que no puedan mejorar”.
Ante el aislamiento internacional que provocaría la aprobación de la LPI y la “injusta” reducción de la renta de los artistas que conllevaría, los convocantes han lanzado también un llamamiento a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para que se involucre personalmente en esta cuestión. “Esta ley solo favorece a los fabricantes de teléfonos, tabletas y otros dispositivos multimendia”, ha zanjado José Luis Acosta, presidente interino de la SGAE, ante un público entregado que ha concluido el encuentro entonando cánticos de No a la ley Lassalle.
Artistas y entidades de gestión de derechos se concentrarán el próximo martes contra la ‘ley Lassalle’
No es solo la LPI
El IVA al 21% y la nunca materializada Ley de Mecenazgo, entre otras cuestiones, también han copado el argumentario de los artistas y gestores. El actor y productor de teatro Pepe Viyuela ha recordado así cómo en Holanda se subió el IVA cultural del 6% al 21%, una medida que duró solo cuatro meses antes de que el Gobierno reculara. “Pudiera ser que la sabiduría sea solo un privilegio holandés”, ha ironizado el intérprete. “¿Cuál es el motivo por el que este gobierno no recula? Quizá sea puramente cerrilismo”.
Con 25.000 puestos de trabajo perdidos solo en 2013, según los datos aportados en la presentación; con la imparable “huida de los espectadores” y con una menor recaudación para las arcas del Estado, todos han estado de acuerdo en calificar este tipo impositivo como pernicioso para una industria que ven tambalearse. “Una habitación de hotel (en el centro de Madrid) cuesta 132 euros, la botella de agua que te dan cuesta un euro, y todo el paquete de películas que te ofrecen cuesta 0,28 céntimos”, se ha quejado el cineasta Benito Zambrano. “Y a eso, se le llama una tarifa abusiva”.
Querían meter ruido. Llevan ya más de dos años haciéndolo, y sienten que sus demandas han caído como prédicas en el desierto. Así que este lunes, los representantes de las ocho entidades de gestión de derechos de autor, acompañados por otros 25 miembros del mundo de la cultura, entre artistas, productores o gestores, han convocado una multitudinaria presentación en el madrileño Círculo de Bellas Artes. Ante dos centenares de personas, Antonio Guisasola (Adepi); Luis Cobos (AIE); Pilar Bardem (Aisge); Pedro de Andrés (Cedro); Carlos López García (Dama); Enrique Cerezo (Egeda); José Luis Acosta (SGAE), y Juan Genovés (Vegap), arropados por otros rostros conocidos como Fernando Trueba, Víctor Manuel o José Manuel Soto han lanzado un órdago al Gobierno a través de una contundente proclama: ley Lassalle No.