Los períodos electorales son terrenos fértiles para las promesas, y el cada vez más próximo 20-D ha permitido que florezca una reivindicación que puede cambiar radicalmente el tejido cultural español. Se trata del estatuto del artista, que, imitanto el modelo francés, propone un régimen especial para creadores y trabajadores culturales que facilite el acceso a la prestación por desempleo, el permiso por maternidad y otras ayudas hoy especialmente difíciles de obtener para ellos.
La reivindicación, promovida por la Unión de Actores (sindicato mayoritario de los intérpretes) se ha colado ya en los programas del PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD sin que estos hayan especificado aún sus propuestas. El panorama es árido: el 65% de los actores —valgan como ejemplo—no trabaja más de tres meses al año, y el 28% de los que se encuentran en el paro no recibe ningún tipo de prestación, según un informe realizado por la sociedad de gestión de intérpretes AISGE. La aprobación de este régimen especial en la próxima legislatura supondría un cambio radical en un sector precarizado.
"No estamos pidiendo prebendas. La misma esencia de nuestro trabajo, la intermitencia, nos priva de los derechos que tienen la mayor parte de los trabajadores, porque la ley está pensada para ellos", dice Iñaki Guevara, actor y secretario general del sindicato. La intermitencia —término acuñado por la legislación laboral francesa, ejemplo europeo en el tema, ya en 1936— hace referencia a la especificidad de ciertas profesiones culturales que exigen una relación intermitente con la empresa. Un actor que es contratado durante dos meses para representar una obra de teatro, un taquillero que trabaja en festivales o por temporadas, un cámara que participa en un rodaje de seis semanas.
En España, todos ellos deben reunir los mismos requisitos que el resto de empleados para acceder a ciertas ayudas sociales. Sin embargo, en Francia, desde los años cuarenta el Estado trata de equilibrar una situación que reconoce desigual rebajando las condiciones para artistas y técnicos. "Estos asalariados cotizan según unas reglas específicas que tienen como objetivo paliar la precariedad de estos profesionales", explica el Gobierno francés en su página web.
Un estatuto a imagen del francés
El estatuto del artista promovido por la Unión de Actores no se aplicaría exclusivamente a los creadores ni a los intérpretes. El modelo francés, y la copia que se plantea ahora para España, incluiría a todos los técnicos que rodean el trabajo del artista, del montador de una serie de televisión al encargado de una sala teatral o de conciertos. Son empleos que, por sus características, no caben en los contratos indefinidos, a los que se asimila un contrato temporal o por obra y servicio, y que alternan períodos de actividad y períodos de paro.
La propuesta del sindicato de intérpretes se basa en dos patas calcadas de los pilares levantados por el país vecino: un régimen especial en la seguridad social y una fiscalidad flexible (que se distribuya en varios ejercicios el pago del IRPF). La principal ventaja con la que cuentan los 256.000 intermitentes franceses (cifras de 2014) es la reducción del tiempo cotizado necesario para acceder a la prestación por desempleo y a ayudas como las de maternidad. Si el conjunto de los empleados deben sumar 122 días (610 horas) trabajados en 28 meses para tener derecho a la ayuda del paro, para los intermitentes se reduce a 507 horas (o 43 chachés) en 10 meses o 10 meses y medio. Después de ese tiempo, y alguna aportación suplementaria, el artista o técnico recibiría ayudas durante ocho meses.
La propuesta de la Unión de Actores es parecida: que después de haber trabajado durante 507 horas durante un año, se tuviera derecho a 150 días (unos 5 meses) de prestación por desempleo. En España, la distancia entre esta hipotética excepcionalidad y el régimen general —360 días cotizados en seis años para obtener 120 días de ayudas— es abismal. Pero Guevara insiste: "Un creador puede tener una relación laboral durante tres meses pero solo está dado de alta durante los 6 o 7 días de representación. El estatuto es una compensación".
¿Excepcionalidad, o lucha conta la precariedad?
"El artista [tiene derecho] a ser considerado, si lo desea, como un trabajador cultural y a gozar en consecuencia de todas las ventajas jurídicas, sociales y económicas correspondientes a esa condición de trabajador, teniendo en cuenta las particularidades que entrañe su condición de artista". Guevara blande esta frase con honor cada vez que se le pide justificar su propuesta. Su autoridad es indiscutible: está extraida de las recomendaciones de la UNESCO sobre la condición del artista firmadas en 1980. En ellas se recoge que las legislaciones laborales quizás "excluyen formalmente a los artistas" y que "es preciso ampliar su campo de aplicación y completarlas con otras".
Pero, curiosamente, los sindicatos franceses prefieren evitar las palabras "excepcionalidad cultural" en este tema. "No se trata de que sea una excepción, de que la cultura merece una mayor protección porque es especial. Aquí no", explica por teléfono Angeline Barth, secretaria general adjunta de CGT Spectacle, la organización mayoritaria en el sector francés. La justificación del estatuto, indica, es la precariedad: "Se trata de reconocer que los artistas son trabajadores, con todos los derechos que van ligados a eso. Que el trabajo de artistas y técnicos es especialmente precario y que se les debe igualar al resto de asalariados".
Barth incluye en la conversación a un actor hasta ahora silencioso: el empleador. "Son con los que más hemos tenido que luchar", dice la representante sindical. De hecho, durante la última negociación del estatuto, en 2014, la Medef (patronal francesa) quiso derogarlo por completo. En el caso español, los productores teatrales y cinematográficos —polos que emplean a la mayor parte de los intermitentes en el país vecino— se han mostrado favorables a la propuesta de la Unión de Actores.
La federación de empresarios teatrales (FAETEDA) lo recogió en el acuerdo de mínimos que ha propuesto a los partidos, pero sin concretar su contenido. Los de cine (FAPAE) también lo ven con buenos ojos. Su secretaria general, Mabel Klimt, acepta que hay una "cierta tendencia al trabajador autónomo", que hay una "amplia casuística" de contratación y que una mayor protección del trabajador sería positiva para el sector. Pero señala que el empresario se encarga solo de "la gestión" y que es la Unión de Actores quien debe negociar con el Estado.
Barth tiene una respuesta: "Si el Estado dice que los artistas son asalariados y que debe contratarlos como tales, el empresario no tiene nada que decir".
Un estatuto deficitario
Ni la Unión de actores ni ninguno de los partidos que han incluido el estatuto del artista en sus programas se ha puesto a echar cuentas. Para saber el coste hay que mirar, de nuevo, al caso francés. Y ahí está la polémica. La Cour des comptes (homólogo del Tribunal de Cuentas) cifró en 1.263 millones de euros el coste de los intermitentes, y en 232 millones las aportaciones de estos. Es decir, el sistema genera un déficit anual de 1.000 millones de euros, la tercera parte del déficit total de las ayudas al desempleo. Y nadie cuestiona la veracidad de esta cifra.
Pero sí se cuestiona que ese sea el baremo adecuado para medir su viabilidad. Habla Barth: “Claro que conlleva un déficit, porque se da sostén a gente que está obligatoriamente en paro. O se mantiene una visión liberal y contable o se protege al trabajador”. Jean-Patrick Gille, diputado francés y autor de un informe para el parlamento en calidad de mediador entre patronal y sindicatos, mantenía que “es natural que un dispositivo que cubre un riesgo particularmente elevado para una categoría de la población sea deficitario, en el plano contable”. Pero añadía: "Esto no es suficiente para guiar el debate".
El extraño consenso
Todos se apuntan: PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPyD han dado el sí a la iniciativa planteada por la Unión de Actores. "Pero habrá que ver qué plantea cada uno...", susurraba Marga Ferré, secretaria de programas de IU, poco antes de que diera comienzo un debate sobre el estatuto del artista en el Centro Dramático Nacional en la tarde del lunes. Ante las preguntas de infoLibre, todos coincidían, de nuevo, en la falta de concreción. Ningún partido político pudo responder si apoyaría la propuesta de la Unión de reducir a 507 horas el mínimo de cotización, como propone el sindicato desde hace meses, y cada uno ofrecía sus propios matices en distinto grado de detalle. "Bueno, parece que vamos a tener estatuto del artista mañana mismo", ironizaba Javier Torres, moderador del acto y periodista de la Cadena Ser.
Los cinco partidos dijeron aceptar un régimen especial de la Seguridad Social, y una fiscalidad flexible. IU se atrevió a decir que las más de 500 horas del sistema francés eran "razonables y discutibles", y aseguró tener el sistema francés de referente "más allá de esta cuestión en concreto". Podemos —con Pablo Iglesias Simón, coordinador de Cultura, como representante— no se atrevió a dar un mínimo de cotización, pero añadió dos medidas complementarias: que los autónomos (no solo artistas) no paguen cuota si ingresan por debajo del salario mínimo, e incentivar la contratación de intermitentes también en los períodos de inactividad. El PSOE aseguró "tener en cuenta la intermitencia", pero apuntó también a otros derroteros. "Hay que ponderar las bases de jubilación al alza para que los artistas tengan pensiones dignas", explicó Iban García.
El entusiasmo no paga el alquiler
PP y Ciudadanos son, a priori, los partidos menos cercanos ideológicamente a este tipo de medidas. Javier Maroto, secretario general de políticas sectoriales del PP, ha sido el interlocutor de los intérpretes desde una reunión que mantuvo con ellos a principios de octubre en una maniobra de acercamiento al sector. Aseguró apoyar las propuestas de la Unión de Actores. ¿Incluso si, entrando en cálculos, el programa resulta deficitario, como en Francia? "No puedo decirte, esto no lo hemos mirado".
Toni Cantó, exdiputado de UPyD y ahora candidato al Congreso por Ciudadanos, sustituyó a Marta Rivera, habitual interlocutora del partido con la cultura. "Queremos bajar los impuestos en general, y ofrecer facilidades al contribuyente en general", explicaba Cantó, evitando pronunciarse sobre el régimen específico de la Seguridad Social para artistas.
Iñaki Guevara, de la Unión de Actores, finalizaba el acto con un entusiasta "Vamos a conseguirlo". Quizás sí llegue el estatuto del artista. Lo que habrá dentro sigue siendo un misterio.
Los períodos electorales son terrenos fértiles para las promesas, y el cada vez más próximo 20-D ha permitido que florezca una reivindicación que puede cambiar radicalmente el tejido cultural español. Se trata del estatuto del artista, que, imitanto el modelo francés, propone un régimen especial para creadores y trabajadores culturales que facilite el acceso a la prestación por desempleo, el permiso por maternidad y otras ayudas hoy especialmente difíciles de obtener para ellos.