¿Hay solución para el libro? Las propuestas de los partidos

Mil millones de libros menos. Esa es la diferencia entre 2013 y 2008 para el sector del libro, esa ha sido la cuenta de la crisis. Si hace siete años se vendían más de 3.700 millones de libros, en 2013 se facturaron más de 2.500 millones, lo que ha supuesto un descenso en los ingresos de un 40%, según datos de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). El sector no está contento, por eso el pasado abril presentó al Gobierno una propuesta de Plan de Fomento del Libro y de la Lectura, abordando alguno de los problemas más graves para la industria.

Para medir el apoyo al plan, y para evaluar sus propuestas, los editores invitaron este viernes a los principales partidos políticos a discutir el estado del libro y a resolver sus principales nudos. Acudieron el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle; el secretario de Cultura del PSOE, Iban García; Eduardo Maura, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, y Marta Rivera, secretaria de Cultura de Ciudadanos. El debate estuvo moderado por Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España y presidente de la empresa editora de infoLibre.

Estos fueron los principales problemas diagnosticados entre editores y políticos, y estas sus propuestas. 

La piratería, una tarea pendiente

La descarga ilegal de contenidos fue el tema más candente en la reunión, caldeado por el secretario de Cultura, que no dudó en decir que "en unos años, la piratería será un tema del pasado" (como ya había defendido en otros foros). Sobre la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor el pasado enero, Lassalle pidió paciencia: "Hay que esperar a ver si funciona o no". Los editores protestaban, preocupados por recuperar los 907 millones de euros que, calculan, les cuestan los 335 millones de libros electrónicos descargados en 2014. Consideran que la norma sigue siendo laxa y no termina con el problema, y de poco valían las alegaciones de Lassalle de haberse encontrado con "el tsunami" de la piratería y haberlo intentado "reconducir" en tres años. Los otros tres partidos coincidieron en la necesidad de reformar esta norma, que prevé en su propio texto ser ampliada en el plazo de un año. Podemos, además, señaló la necesidad de fomentar las ofertas de contenidos legales en línea: "Hay que sobrepujar a la piratería con otros portales y hay que incentivarlos desde la administración". 

La compensación por copia privada

La nueva ley incluye un cambio sustancial en el concepto de compensación por copia privada. El canon digital (o la compensación a los autores por el posible uso de ciertos dispositivos con fines piratas) pasó de ser pagado por los fabricantes de CD, grabadoras, escáneres... a salir de los presupuestos del Estado. La idea ya se planteó en 2011, cuando el Congreso anuló el pago después de una sentencia negativa de la Audiencia Nacional y un gran debate público. El problema es que las entidades de gestión (gestoras de la compensación) pasaron de recibir 115 millones de euros en 2011 a 5 millones, según prevé la ley. Actualmente, esta decisión se encuentra en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los editores consideran que esos 5 millones no cubren el daño sufrido, y Ciudadanos y PSOE prefirieron no pronunciarse antes de la sentencia. Podemos vaticinó que esta tumbaría la decisión del Gobierno, y propuso cargar la compensación a los operadores de red. "Lo justo es que remunere a las entidades quien consuma, no todos los ciudadanos", reclamaba García. 

Un IVA reducido para el libro electrónico

La del libro ha sido la única industria cultural en salvarse del IVA al 21%, y mantiene intacto su tipo superreducido del 4%. ¿Siempre? No. El libro electrónico mantiene el tipo del 21%, creando cierta desigualdad con su hermano en papel. Una de las peticiones del Plan Integral presentado por el sector era que ambos se tasaran con el superreducido, o que incluso se redujera a cero. El pasado marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó a Francia y Luxemburgo a retirar el IVA reducido al libro electrónico, ya que esta prerrogativa solo es aplicable a los títulos "en cualquier tipo de soporte físico". Ningún partido se atreve a contradecir esta normativa. 

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La compra de nuevos fondos a la bibliotecas por parte del ministerio está congelada desde 2012, con la salvedad de un millón de euros destinados a adquirir libros electrónicos. Los editores solicitaron en abril la reapertura de esta línea de inversión, que llegó a alcanzar los 30 millones de euros anuales, pidiendo 20 millones de euros al año por parte del Estado y otros 20 millones por parte de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, las otras administraciones responsables de la red de bibliotecas públicas. PSOE, Ciudadanos y Podemos suscribieron esta propuesta, mientras Lassalle defendió su gestión argumentando que son las administraciones locales y regionales las responsables del grueso de la gestión presupuestaria, y apuntando la necesidad de un plan de actuación común entre los tres niveles. "El Estado solo tiene el 18% de la inversión cultural", aseguraba. 

La asfixia de las librerías

En 2014 se cerraron más de 900 librerías, y se abrieron apenas 220. Estos locales, penúltima pieza en el engranaje del sector, han sido de los más afectados por la crisis, teniendo que competir, además, con gigantes como Amazon. Los editores ya pedían en su plan que se estableciera un sello de calidad que permitiera identificar a las librerías que merecen protección y les facilite la obtención de ayudas. Lassalle aseguró que esta iniciativa se lanzará en cuestión de semanas, y el PSOE respaldó la decisión. Iban García y Eduardo Maura proponían, además, que las compras por parte de las bibliotecas públicas y escolares se hicieran directamente a los libreros y no a las editoriales.