Para el obispo de Córdoba, el nombre de la Mezquita “no hace ningún bien a la ciudad”

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha recalcado este martes que en 775 años "ninguna administración o gobierno legítimo ha discutido la titularidad de la Mezquita Catedral" ni que esa titularidad corresponda a la Iglesia Católica. Además, descarta una posible expropiación porque, a su juicio, no está justificada y, en el hipotético caso de llevarse a cabo, la "millonaria indemnización" que el Estado tendría que pagar a la Iglesia sería inasumible.

En un desayuno informativo del Forum Cultura, de Efe y recogido por Europa Press, en el que también ha participado el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, el titular de Justicia ha querido respaldar con su presencia la necesidad de dar a la situación "seguridad jurídica" porque, según ha dicho, es la base del desarrollo económico, mientras que la incertidumbre, es "mala consejera y acompaña poco a las decisiones que generan empleo".

Mezquita o catedral

En el acto, el obispo de Córdoba también se ha referido a otra de las "polémicas", la del nombre: "No tenemos problema en poner los dos nombres porque llamarla Mezquita, solo Mezquita y siempre Mezquita no hace ningún bien ni a Córdoba ni a la sociedad ni a la iglesia y al patrimonio que ésta tiene en Córdoba".

Fernández ha puesto de manifiesto las facilidades que para su visita ofrece el templo que, según ha añadido, es símbolo de "una pacífica vivencia y convivencia entre generaciones" y que pone de manifiesto el carácter "integrador" del Cristianismo.

También el arquitecto y conservador Gabriel Ruiz ha tomado la palabra en la cita para ensalzar el "buen cuidado que ha dado la Iglesia al edificio" y ha atribuido al uso diario su buen estado de conservación.

"Si desaparece el uso, el edificio se mineraliza, como ocurre en Medina Azahara o la Alhambra, que son edificios muertos, de los que solo vemos la cáscara, pero la Catedral sigue viva y se conserva", ha concluido.

No a la expropiación

Gallardón ha ensalzado que el cristianismo haya conservado la Mezquita y la haya hecho llegar hasta la actualidad y, sobre la polémica de la titularidad, ha incidido en que "todos los poderes legítimos han reconocido la titularidad de la Iglesia Católica de la Mezquita, incluso en gobiernos no proclives a tener una buena relación con la Iglesia".

"Eso no es un hecho opinable sino fáctico", ha dicho el ministro, que ha añadido que "lo contrario sería una temeridad" y que no ve lógico poner en marcha iniciativas para retrotraer efectos jurídicos nueve siglos después.

Sobre una posible expropiación, Gallardón ha recordado que la Constitución recoge esa posibilidad, pero que "no puede ser un mecanismo arbitrario o discrecional" sino que tiene que estar justificado, tiene que haber una causa de utilidad social, y "ninguna de las razones" que para ello se exigen son aplicables en este caso.

Así, ha recordado que no se priva a la sociedad de que pueda verla sino que, además, es posible hacerlo con tarifas más bajas que otros monumentos de gestión pública; y presenta un estado de conservación "envidiable".

En cualquier caso, ante una hipotética indemnización, Gallardón se ha referido al cuantioso coste que el Estado tendría que pagar a la Iglesia. "¿Se imaginan a cuánto ascendería una valoración pericial de la catedral de Córdoba? ¿Alguien imagina de cuántos millones de euros estaríamos hablando?", se ha preguntado el ministro para quien no es asumible que en los momentos que vive España, con "recortes económicos y dificultades económicas", el Estado se pueda plantear "tantos millones a la Iglesia Católica en lugar de a otros fines".

"¿No es mejor que siga así? ¿De dónde se quitaría?", se ha seguido preguntando el ministro, que también ha alertado del alto coste de mantenimiento y gestión que tendría para el Estado encargarse de ello.

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Remediar la discriminación

Con respecto a la reforma que permitió la inmatriculación --primera inscripción de una finca en el Registro--, ha negado que ésta obedezca a un privilegio otorgado a la Iglesia y ha explicado que es algo que responde a todo lo contrario, "homologar los derechos de la Iglesia Católica con el resto de confesiones religiosas", ya que aquella estaba en una situación de desventaja pese a ser la más numerosa.

"Se homologó el tratamiento y de ese modo cualquier religión tiene los mismos derechos para inmatricular que cualquier asociación o persona jurídica", ha recalcado el ministro que, además, ha subrayado que el procedimiento contempla que durante el primer año las administraciones pueden iniciar la revisión del mismo, si bien ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central, en aquel momento gobernadas por el PSOE las dos, entendieron que debieran hacerlo, "con lo que de facto validaron la inmatriculación que hizo la Iglesia".