El viernes, la política cultural madrileña vivía un episodio más de la agitación que envuelve al sector de las artes escénicas desde que, a comienzos de la temporada, los nuevos Gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital comenzaran a renovar las direcciones de los centros públicos. En esta ocasión, hablaba la directora de escena y coreógrafa Carlota Ferrer, destituida el pasado 5 de diciembre como responsable del Festival de Otoño, una de las citas emblemáticas de la región, organizada por la Comunidad. Frente a las declaraciones de la Consejería de Cultura, que aseguró que el relevo de la creadora, que había llegado al puesto en marzo por designación directa y debía permanecer en él durante dos años, se había producido de forma "meditada y tomada en consenso con la propia Carlota Ferrer", ella contestaba que su destitución era fruto de "una decisión política unilateral".
"Es muy desasosegante y muy inquietante, y da pena", dice Pablo Messiez, dramaturgo y director de escena, autor de obras como Las canciones o Todo el tiempo del mundo. Si habla de esta forma, tomando la temperatura del sector escénico, es porque el enfrentamiento se suma a un conflicto abierto desde el pasado septiembre, cuando Natalia Álvarez Simó fue relevada de la dirección artística de los Teatros del Canal, principal centro de producción de la Comunidad de Madrid. Entonces, más de mil personas firmaron contra su despido. Poco después, Carme Portaceli se despedía de la dirección del Teatro Español: su contrato se acababa y el Ayuntamiento decidía no renovarla, lo que tachó también de "decisión política". Con la partida de Mateo Feijóo del Centro Internacional de Artes Vivas se anunciaba también el cierre de este centro, creado por el Gobierno anterior.
Y había más: en noviembre, Andrea Levy despidió a Miguel Oyarzun e Isla Aguilar, directores del Centro Cultural Conde Duque, elegidos por concurso público y con contrato hasta 2021. Poco antes, el área de Cultura había decicido también nombrar a Laila Ripoll como directora del Teatro Fernán Gómez, un puesto para el que había sido elegido, también por concurso, Ignacio Marín, al que se relegaba como director musical. Ese mismo mes, Levy ya había había cambiado también la dirección del CentroCentro, después de que se le comunicara a la responsable del espacio, Soledad Gutiérrez —nombrada también por concurso, también hasta 2021—, que se le iba a quitar la responsabilidad de programación, por lo que esta decidió rescindir el contrato de mutuo acuerdo. De los seis centros del Ayuntamiento que estrenaron dirección en enero de 2018, a los que se suman Teatro Español y el Centro Internacional de Artes Vivas, solo dos, el Circo Price y Medialab Prado, conservan por ahora a sus responsables.
El sector de las artes escénicas es el ámbito cultural donde más incidencia tiene la política de la Comunidad de Madrid y el consistorio de la capital, frente al sector editorial o el cinematográfico, porque de ellos dependen algunos de los principales centros de creación del país, como el Teatro Español, Matadero o Teatros del Canal. No es del todo extraño que algunas de las mayores polémicas sobre la gestión cultural en Madrid hayan tenido que ver con este sector.
Del "consenso" a la indemnización
En el comunicado de página y media hecho público el lunes, al que ha tenido acceso este periódico, Ferrer cuestiona las razones de su sustitución y la forma en que se ha producido. "La rescisión de mi contrato [como directora del Festival de Otoño] antes de su finalización prevista para diciembre de 2020 ha sido una decisión política unilateral, tomada por la Consejería de Cultura y Turismo encabezada por Marta Rivera de la Cruz, con la que no he tenido el placer de haberme reunido nunca", decía. Una portavoz de esta área explicaba que si se habló de una decisión "tomada en consenso" fue porque se acordó pagar una indemnización a la trabajadora despedida, acordada con esta. "A menudo, el dinero público se malgasta en compensaciones económicas (razón, por la que los contratos se resuelven de mutuo acuerdo) o en indemnizaciones por despidos improcedentes y nuevas contrataciones", criticaba la directora en su comunicado.
"Se habló con ella", aseguran estas fuentes, "se le dijo que no se contaba con ella, porque se quería hacer otro programa más ambicioso. No es el perfil que manejamos ahora mismo". "Desconozco de qué se trata", respondía la directora en su comunicado. Ferrer se incorporó en marzo a una programación iniciada por Carlos Aladro, su antecesor, por lo que no ha llegado a poner en marcha una edición coordinada exclusivamente por ella. La presentación del festival, el pasado septiembre, estuvo arropada tanto por Marta Rivera de la Cruz como por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que habló de su intención de llevar a cabo "una política cultural sin dirigismos, sin interferencias, sin imposiciones ideológicas". La ya exdirectora del certamen asegura en su escrito que la recaudación "ha crecido con respecto a los años anteriores, pese a bajar el precio de las entradas". A preguntas de este periódico, la Consejería, que no ha hecho públicas las cifras, ha asegurado primero que no acostumbraban a comunicarlas y después que no tenían fecha para hacerlo.
Un sector agitado
"La gente está bastante indignada y bastante flipada, sobre todo por la aparente falta de planes alternativos", dice Silvia Nanclares, escritora y dramaturga. Se refiere a que la Comunidad no tiene aún un nuevo nombre para el Festival de Otoño, ni baraja plazos para designar a la nueva dirección. "Estamos en manos de gente que no tiene las cosas claras", se queja. Va en sintonía con Pablo Messiez, que trabajó en el equipo de producción del Certamen: "Y ahora dicen que van a tomarse tiempo para reflexionar el nuevo destino. ¿Y no hace falta tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que están haciendo, no solo con los proyectos sino con la gente?". Ambos se lamentan de que los actuales ejecutivos hayan optado por "una política de tierra quemada" para "marcar terreno", en palabras de Nanclares, y que "se juegue con lo público, que es de todos y no de un Gobierno", en palabras de Messiez.
No han sido los únicos que se han manifestado. "Necesitamos un pacto por la cultura que respeten todos los partidos. Y que los profesionales defendamos de manera íntegra y no partidista", decía en Twitter el actor y director Israel Elejalde tras la destitución de Isla Aguilar y Miguel Oyarzun, e insistía días más tarde: "Cuando se obliga a un artista a estar de acuerdo con los gustos y opiniones de un político, cuando se nos induce a creer en eso como camino para medrar, no se nos está invitando a crear arte, sino propaganda". También se pronunciaba, en la misma red, el productor Jordi Buxó, uno de los nombres tras el Pavón teatro Kamikaze: "Si es muy meditado echar a Carlota Ferrer para darle un nuevo rumbo al Festival de Otoño cuando aún no ha programado ni una edición entera, tiemblo al pensar en las decisiones que se tomen en caliente...". "¿Por qué la cultura tiene que estar siempre al albur de decisiones políticas incongruentes?", se preguntaba la actriz Irene Escolar. "Así no hay manera de generar tejido cultural, de educar al público ni de desarrollarse artísticamente".
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Pero no es del todo sencillo que los creadores se pronuncien de manera abierta. "Hay mucha tensión", dice un director y dramaturgo que prefiere no dar su nombre, "yo tengo la sensación de que todo esto nos está rompiendo un poco". El sector ya había sufrido una gran división en torno al proyecto del Gobierno de Manuela Carmena, que había desgajado las Naves de Matadero del Teatro Español y había decidido crear en ellas un centro de vanguardia. Aquello generó un enfrentamiento, con manifiestos cruzados, entre los creadores que consideraban la decisión como una expulsión del teatro de texto, y quienes defendían la necesidad de un centro público dedicado a expresiones escénicas como la performance o al teatro de escuelas contemporáneas.
Ahora también se han producido ciertas tensiones internas, sobre todo en torno a la trayectoria de Natalia Álvarez-Simó. Cuando la consejería de Marta Rivera de la Cruz anunció lo que entonces se percibió como su destitución de los Teatros del Canal, más de 1.100 profesionales la apoyaron y pidieron en una carta que el Gobierno regional reconsiderara su decisión. Entre los firmantes, se encontraban Miguel Oyarzun e Isla Aguilar. Pero cuando estos fueron destituidos, se anunció que Álvarez-Simó sería su sustituta, lo que provocó las críticas de quienes consideraban que esto era una falta de coherencia por parte de la directora. "No entro en las razones del cese. Es la Administración la que decide. A mí me han ofrecido un proyecto", se limitó a decir en una entrevista con Cadena Ser. Sus palabras no fueron bien recibidas por algunos. "Se está generando un clima en el que por una parte quieres apoyar los proyectos de buenos profesionales, pero por otro no quieres apoyar cómo se están haciendo estos nombramientos", dice el director y dramaturgo que pide no dar su nombre, "y esto, además de ser una falta de respeto hacia ellos por parte de la administración, al final esto genera roces entre nosotros. Esto, en un sector tan pequeño, no es nada bueno".
El viernes, la política cultural madrileña vivía un episodio más de la agitación que envuelve al sector de las artes escénicas desde que, a comienzos de la temporada, los nuevos Gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital comenzaran a renovar las direcciones de los centros públicos. En esta ocasión, hablaba la directora de escena y coreógrafa Carlota Ferrer, destituida el pasado 5 de diciembre como responsable del Festival de Otoño, una de las citas emblemáticas de la región, organizada por la Comunidad. Frente a las declaraciones de la Consejería de Cultura, que aseguró que el relevo de la creadora, que había llegado al puesto en marzo por designación directa y debía permanecer en él durante dos años, se había producido de forma "meditada y tomada en consenso con la propia Carlota Ferrer", ella contestaba que su destitución era fruto de "una decisión política unilateral".