15MpaRato, la acusación ciudadana que impulsó el caso Bankia, presenta este miércoles sus conclusiones finales en el juicio por la salida a Bolsa del banco que entonces presidía Rodrigo Rato. La víspera comenzaron a hacerlo el resto de las acusaciones particulares, una quincena. Tras una vista oral en la Audiencia Nacional que se ha prolongado durante 60 sesiones y donde han declarado los 34 acusados, 57 testigos, una veintena de peritos y tres personas jurídicas –Bankia, BFA y Deloitte–, la Fiscalía ha descartado que la salida a Bolsa del banco fuera un “error de gestión empresarial”; por el contrario la ha calificado como “una de las mayores estafas” cometidas en España “por su cuantía, número de perjudicados e impacto en la economía”. No sólo hizo desaparecer “los ahorros de millones de personas”, sino que además condujo al “mayor rescate financiero” de la historia del país.
Sin embargo, el ministerio público ha excluido cualquier responsabilidad penal del Banco de España y de la CNMV en el caso. Pese a apreciar “defectos de actuación” del supervisor bancario, la fiscal anticorrupción Carmen Launa considera que se trató sólo de “deficiencias administrativas”. Mientras que la CNMV carecía de medios para verificar las falsedades incluidas en el folleto de la salida a Bolsa en julio de 2011.
En cambio, 15MpaRato considera a ambas instituciones responsables políticos de la estafa, por su falta de independencia política la primera y por terminar empleando a antiguos directivos de la banca la segunda, lo que, dice, ha repercutido en la ética de su gestión. El Banco de España y la CNMV fueron citados como investigados en la fase de instrucción del caso, pero finalmente su imputación fue sobreseída por el magistrado Fernando Andreu, quien atribuyó la responsabilidad exclusiva de las decisiones que se tomaron al consejo de administración de Bankia.
No obstante, la plataforma ciudadana critica a la acusación popular que solicitó en su momento que se considerara responsables subsidiarios a los supervisores bancario y bursátil por haber incumplido sus deberes de vigilancia. “Insistir en su responsabilidad penal”, explica Simona Levi, portavoz de 15MpaRato, “no servía nada más que para jugar a favor de los acusados”, quienes utilizaron la falta de reacción del Banco de España y de la CNMV, así como su posterior exoneración por el juez, como argumentos para defender su inocencia.
El auditor y Rodrigo Rato
Por su parte, la fiscal Launa apoyó la exculpación del Banco de España y de la CNMV asegurando en sus conclusiones finales que, si ninguno de los dos se opusieron al folleto de la salida a Bolsa, fue porque se fiaron de los informes favorables del auditor de Deloitte. “Los informes de las auditorías favorables suponen una acreditación de la cooperación de [Francisco] Celma [el auditor] en la comisión del delito de falsedad contable”, acusó la fiscal, quien no obstante dejó claro también que fue Rodrigo Rato quien “pilotó el proyecto” sabiendo perfectamente que existían deterioros no contabilizados por importe de 11.000 millones de euros y debilidades financieras.
De hecho, reveló la existencia de una “estrategia interna” para obstaculizar al auditor y que no aflorasen esos deterioros en las cuentas formuladas en marzo de 2012, informa Europa Press. Entonces los beneficios de 309 millones de Bankia se convirtieron en pérdidas de 2.979 millones.
De ahí que el ministerio público pida una condena de ocho años y medio de prisión por estafa y falsedad contable para Rato, cinco años para el exvicepresidente José Luis Olivas, seis años para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y un año y medio para el ex consejero delegado Franciso Verdú Pons. Como cooperadores necesarios la fiscal Carmen Launa solicita dos años de cárcel para Francisco Celma, auditor de Deloitte, y dos años y medio para el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, que fue condenado a un año menos un día de prisión por las tarjetas black. Para el ex ministro del PP Ángel Acebes, que presidió el comité de auditoría, el fiscal pide un año y medio de prisión.
“Era imposible que no lo supieran”
Además de 15MpaRato, se han personado como acusaciones particulares Adicae, la asociación de de accionistas minoritarios Aemec, dos inmobiliarias y varios despachos de abogados en representación de más afectados. El abogado de Aemec, tras calificar de “maliciosa” la salida a Bolsa, destinada a captar “mendazmente” los recursos de los inversores, consideró difícil de creer que los consejeros de Bankia, con una formación “más que sobrada”, desconocieran las irregularidades contables de Bankia, aunque también culpó al auditor de no haberlas revelado. El director del Bufete Rosales, por su parte, criticó que no se haya mantenido la acusación a las personas jurídicas Bankia, BFA y Deloitte. Y el sindicato CGT tachó de “maquinaria fraudulenta continuada” lo ocurrido en Bankia. Según explicó, la reformulación de las cuentas en mayo de 2012 no tuvieron su causa en la crisis económica, sino que los ajustes realizados venían arrastrados de épocas anteiores. Ya en el ejercicio de 2010, tras la integración de Caja Madrid con el resto de las cajas que formaron Bankia, se ocultaron deterioros, para que algunas de estas entidades no mostraran pérdidas y cumplieran con los criterios para obtener ayuda públicas.
El mayor fondo de inversión del mundo irrumpe en Bankia con un 4% y se erige en su segundo mayor accionista tras el Estado
Para Sergio Salgado, también portavoz de 15MpaRato, la clave del juicio ha sido la falsedad de la información económico-financiera que los administradores de Bankia incluyeron en el folleto de salida a Bolsa. “Mintieron en el folleto y, por tanto, engañaron a los compradores”, resume. Los números no eran ciertos; además, los gestores lo sabíanlos gestores lo sabían: “Lo primero es un delito civil y lo segundo, un delito penal”. “Era imposible que no lo supieran”, indica Salgado, tal y como muestran los informes de los peritos del Banco de España y los correos remitidos por el auditor al comité de auditoría de Bankia, añade la fiscal. Si ocultaron las cifras reales, acusó Launa, fue sólo “para mantenerse en sus puestos de poder y privilegios”. “Para quedarse y no renunciar a sus cargos”, refrenda el portavoz de la plataforma ciudadana.
Simona Levi no tiene ninguna duda sobre la responsabilidad de los gestores de Bankia, que votaron de forma unánime el 28 de junio de 2011 en el consejo de administración salir a Bolsa. Y lo hicieron de forma autónoma, resalta, no obedeciendo a “una decisión del Gobierno como alegó Rodrigo Rato”. Por el mismo motivo rechaza el recurso que hicieron algunos de los acusados a su ignorancia en temas financieros. Dijeron que estaban allí “sólo para votar y cobrar”, y que compraron acciones y también perdieron dinero, recuerda Levi. Pero al tiempo firmaron una serie de compromisos de vigilancia y diligencia que fueron incluidos en el folleto de la salida a Bolsa y que, además, les obliga a conocer su trabajo y la Ley de Sociedades de Capital. “Pasar de 309 millones de beneficios a 3.000 millones de pérdidas en sólo 10 meses no puede considerarse un ajuste contable, fue una modificación brutal”, acusa, “lo que demostraba que las cuentas aprobadas eran un disparate”.
Por ese mismo motivo, la Fiscalía ha elevado las penas para Rato y Fernández Norniella añadiendo al delito de estafa el de falsedad en las cuentas de Bankia y de BFA en el año 2011, además de ampliar el número de acusados de cuatro a 15.
15MpaRato, la acusación ciudadana que impulsó el caso Bankia, presenta este miércoles sus conclusiones finales en el juicio por la salida a Bolsa del banco que entonces presidía Rodrigo Rato. La víspera comenzaron a hacerlo el resto de las acusaciones particulares, una quincena. Tras una vista oral en la Audiencia Nacional que se ha prolongado durante 60 sesiones y donde han declarado los 34 acusados, 57 testigos, una veintena de peritos y tres personas jurídicas –Bankia, BFA y Deloitte–, la Fiscalía ha descartado que la salida a Bolsa del banco fuera un “error de gestión empresarial”; por el contrario la ha calificado como “una de las mayores estafas” cometidas en España “por su cuantía, número de perjudicados e impacto en la economía”. No sólo hizo desaparecer “los ahorros de millones de personas”, sino que además condujo al “mayor rescate financiero” de la historia del país.